Dirán que no son lo mismo (en efecto, en muchos de los sentidos no lo son), pero este será el cuarto grupo en el poder que acude al acto de seguridad, a la movilización de Fuerzas Armadas para generar percepciones de control sobre asuntos que agobian y amenazan.

Guardadas todas las proporciones, los estilos o las tallas de los uniformes, todos tienen su michoacanazo. Lo hizo Felipe Calderón apenas llegó al poder para lanzar la guerra contra la narcoviolencia a cuya cabeza estuvo Genaro García Luna con las consecuencias conocidas. Enrique Peña envió a un admirador de Pep Guardiola, el entrenador de futbol catalán, para repartir el poder y el territorio a las narcogavillas en Michoacán.

AMLO dio un giro. Mandó comprar pipas para Pemex y alinearlas con el fin de frenar el huachicol como medida espectacular al fin de 2018 y principios de 2019, en el arranque de su sexenio. A fines de 2024 todavía se derrama el combustible robado.

Ahora el nuevo gobierno envía a Omar García Harfuch a la guerra en Sinaloa. Como en las anteriores incursiones todos esperan contundencia y éxito. Pero es lógico temer que García Harfuch ha llegado a una guerra extraña pues su propósito de pacificación de la entidad pasa por la confrontación directa y la afectación de las estructuras no de un grupo sino al menos dos grupos en pugna. Una guerra donde las Fuerzas Armadas institucionales combaten a dos fuegos: la Chapiza y los Mayitos. Y si la batalla de fondo es desarticular la infraestructura de producción, distribución y comercio del fentanilo, no parece augurarse un paseo sino una larga, larguísima, estancia en el lugar. (Salvo que el gobierno decida declarar esa industria como “empresa pública de carácter social”).

El drama mexicano es que no hay un Sinaloa sino más de 20 a lo largo y ancho del país. Fundamentalmente en lo que se refiere al enraizamiento de grupos criminales en las comunidades, al control territorial y político que ejercen, al dominio cultural (la música bélica, la vestimenta juvenil, el léxico, la conducta de amenaza como modo ser), y, desde luego, a la dinámica económica donde la criminalidad financia, se apropia, decide, gestiona y controla comercio y negocio.

Es, efectivamente, el síntoma de la reconfiguración del poder público y de su ejercicio. Hay zonas donde la criminalidad controla más territorio que el gobierno ya sea en asociación o en pleno sometimiento.

Apenas afina su tonada y Trump ya hizo bailar a los vecinos al ritmo de su son. El apresuramiento de decisiones económicas y principalmente las de seguridad del gobierno mexicano han trastocado la agenda original. Aquí ya no cabe la inercia de la mayoría calificada aplastante, boxeadora, pendenciera para explicar las grandes decisiones.

Hay que combatir a China y aplacar Mayitos y Chapitos para tener a raya a Trump. Una simplificación inesperada. Eso no se arregla con dos guamazos de Adán.

Los primeros cien días del nuevo gobierno pasaron de la expectativa del nearshoring a la acumulación de acciones que atemperen al presidente Trump. La canasta se llena con la exhibición de regalos que no necesariamente saciarán las peticiones y a la vez, paradójicamente, irán exhibiendo las debilidades estructurales. Entre más golpes, más evidencias de lo que el pasado reciente no enmendó: alcaldías dominadas por los narcos, laboratorios de fentanilo extendidos, huachicol a borbotones en bodegas solapadas, gobernantes cómplices, lavado de dinero en campañas.

De nueva cuenta la política no está al mando. O dicho de otra forma: la legitimidad dependerá de los actos de fuerza. García Harfuch es la figura estelar, sobreexpuesta y sobreexigida. En las arenas movedizas de Sinaloa puede ir la suerte del sexenio si se deja ahí el fundamento de la defensa, de la justificación y de la ofrenda.

A cavar trincheras que para eso está el himno.