Contrapeso Ciudadano y otras 30 organizaciones, junto con trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), están impulsando una consulta ciudadana para que la ciudadanía decida si quiere o no una reforma judicial que contempla la elección de jueces y magistrados por voto popular en 2025 y 2027.

La pregunta a la que la población deberá responder es: ¿Está usted de acuerdo en que la designación de las y los juzgadores sea por votación popular directa e insaculación (tómbola) o mediante la designación por carrera judicial, considerando los conocimientos, méritos y trayectoria?

Marisol Rivas Contreras, fundadora de Contrapeso Ciudadano, explicó a EL UNIVERSAL que su objetivo es recabar dos millones de firmas, equivalentes al 2% de la lista nominal, para presentarlas ante el Congreso de la Unión. Si se cumplen los requisitos, el Instituto Nacional Electoral (INE) se encargará de verificarlas y, posteriormente, se iniciará el proceso de convocatoria para la consulta.

En octubre, se firmó un convenio entre el INE y los promotores de la consulta para establecer las bases del procedimiento y hacer uso de aplicaciones móviles y una plataforma web para recabar las firmas. Rivas Contreras señaló que la consulta debe realizarse el primer domingo de agosto de cada año, pero lamentó que para entonces, ya habrán sido electos la mitad de los jueces, mientras que la otra mitad será seleccionada en 2027. Por eso, su intención es evitar que lleguen personas sin la preparación adecuada y, si es necesario, remover a aquellos que no cumplan con los requisitos para una carrera judicial.

Al ser cuestionada sobre posibles obstáculos del Congreso, Rivas Contreras señaló que “no quieren” que la consulta se lleve a cabo, pero es un derecho ciudadano y están en su derecho de exigirla. En caso de que al menos el 40% de la población acuda a votar, la consulta será vinculante para el Ejecutivo y el Legislativo.

“Entonces… Al ser vinculante la consulta popular, significa que el Ejecutivo y el Legislativo están obligados a acatar la decisión de los ciudadanos, no lo que ellos digan”, enfatiza.

La abogada abunda que en caso que la consulta sea favorable, el Congreso de la Unión y locales estarían obligados a hacer una nueva reforma a la Constitución, tendrían que derogar la reforma judicial que ya existe, porque estaríamos hablando de un mandato directo de los ciudadanos.

Subraya que en vista de la nula oposición y del descontento que hay con este tema de la reforma, por lo peligroso que puede resultar, están empezando la consulta popular.

Rivas Contreras detalla que presentaron un escrito a la Corte manifestando que solicitaron la consulta popular y la ministra presidenta, Norma Piña Hernández, respondió mediante un acuerdo, que la facultad de pronunciarse sobre la trascendencia es de ella y que una vez que recopilen las firmas, van a pronunciarse sobre el tema.

“Estamos planeando toda una agenda para el siguiente año, porque esta aplanadora que se llama Morena, cree que puede hacer lo que quiere con el país, es momento que los ciudadanos demostremos que realmente somos los que queremos tomar las decisiones y no ellos”, precisa.

Francisco Juárez Piña, integrante de Egresados de la UdeG, dice que el objetivo es establecer los mecanismos de democracia directa como un contrapeso de participación ciudadana.

“Esta consulta popular no queremos que sea la única… A partir de aquí impulsamos iniciativas y consultas populares ciudadanas, para que puedan ser una posibilidad diferente y contrapeso ante la visión única del actual régimen”, puntualiza.