Los diputados federales Ricardo Monreal y Pedro Haces utilizaron un helicóptero Agusta Westland 109 SP, registrado a nombre de un fideicomiso en Estados Unidos que permite a los propietarios mantener su anonimato. La aeronave, considerada de lujo, está inscrita bajo la empresa TVPX, que ofrece servicios de fideicomiso para extranjeros, según registros de la Administración Federal de Aviación (FAA).
El uso del helicóptero por parte de Monreal y Haces fue revelado a través de un video publicado el 12 de noviembre, aunque fue grabado en septiembre. En las imágenes se les observa abordando la aeronave en el Deportivo Venustiano Carranza, en la Ciudad de México. Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, defendió el uso del helicóptero asegurando que es algo “normal” y que desde su tiempo como gobernador de Zacatecas utiliza este tipo de transporte.
Sin embargo, tras las críticas, Monreal ofreció una disculpa a los simpatizantes de Morena que se sintieron ofendidos. Esto ocurrió luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum destacara la importancia de que los funcionarios sean un ejemplo de austeridad. “Es una decisión de él, pero yo siempre he pensado que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre”, dijo Sheinbaum en su conferencia matutina.
Un helicóptero de lujo con identidad protegida
El helicóptero Agusta Westland fue registrado ante TVPX, una empresa que, entre otros servicios, permite a propietarios extranjeros operar aeronaves en territorio estadounidense sin revelar su identidad. Según su sitio web, este tipo de registro también facilita la reventa de las aeronaves, elevando su valor.
La aeronave fue registrada en junio de 2023, tiene capacidad para ocho pasajeros y es utilizada mayormente como un medio de transporte ejecutivo. Datos de FlightAware indican que sus vuelos se concentran principalmente en México, con destinos como la Ciudad de México, Toluca, Cuernavaca, Puebla, Querétaro, Zapopan y Coatzacoalcos.
TVPX establece un acuerdo que transfiere la operación de la aeronave nuevamente al propietario registrado, quien es responsable de su uso y mantenimiento, aunque el anonimato del dueño real se mantiene protegido.
Este caso ha reabierto el debate sobre la congruencia entre las acciones de los funcionarios y los principios de austeridad que promueve la Cuarta Transformación.
