Una frase recurrente de Claudia Sheinbaum respecto de su estrategia de seguridad es que “va a funcionar”. Las palabras de la Presidenta de México se sustentan en la confianza que tiene en su secretario Omar García Harfuch, cuyos resultados como jefe de la policía en la Ciudad de México le valieron ser el precandidato mejor evaluado para gobernar la capital y finalmente su integración al gabinete presidencial.
Sheinbaum está consciente que su “hombre fuerte” de seguridad necesita una Secretaría con más “dientes” y está dispuesta a otorgarlos con una par de reformas enviadas al Congreso federal: la primera, al Artículo 21 Constitucional para darle a la SSPC capacidades de investigación que apoyen en la investigación de delitos y ejecución de órdenes de aprehensión, bajo la dirección del Ministerio Público Federal, así como una mayor cooperación con las fiscalías estatales; y la segunda es la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Seguridad Pública, con la que se busca crear un sistema nacional de inteligencia en seguridad pública.
Así, tras respaldar la entrega del control de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y refrendar al fiscal Alejandro Gertz Manero en su cargo, la Presidenta pretende hacer constitucional la decisión de entregarle a García Harfuch la coordinación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
En su momento este tema enfrentó a Gertz Manero con el otrora titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, cuando el fiscal general de la República argumentaba que la oficina de la Secretaría de Hacienda violaba la Constitución al perseguir y castigar delitos, mientras Nieto se defendía asegurando que su labor se basaba en legislaciones y sanciones administrativas.
En aquel entonces se generó una guerra entre los funcionarios que dejó en el limbo una buena cantidad de denuncias provenientes de la UIF, por lo que desde aquellos momentos se pensó en una modificación a los mandatos constitucionales, la cual será esta vez de altos vuelos por la confianza que la titular del Poder Ejecutivo tiene en García Harfuch.
A la SSPC se le van a otorgar herramientas, como una policía propia. Con el paso de la Guardia Nacional a la estructura de la Sedena, a cargo del general Ricardo Trevilla, los antiguos efectivos de la Policía Federal quedaron fuera de la corporación militar, por lo que podrían ser integrados a una nueva policía que dependería directamente de García Harfuch. Son alrededor de unos dos mil elementos quienes serían sometidos a programas de capacitación para hacer labores de mayor nivel, especialmente de inteligencia.
La única pieza que seguirá faltando incorporar a esta nueva estrategia será la UIF, que se mantiene arrinconada en Hacienda y bajo el control de Pablo Gómez. No se descarta que en el mediano plazo esa oficina pase también a la Secretaría de Seguridad, como era el proyecto original desde el periodo de transición de gobierno.
También hay planes de diseñar una célula policial especializada en la investigación de delitos como lavado de dinero y operaciones de recursos de procedencia ilícita, como se pensó en algún momento diseñar una Guardia Financiera dentro de la Guardia Nacional. La inteligencia será fundamental en esta nueva estrategia, así como la detección y el rastro de los miles de millones de pesos que le permiten a los grupos de la delincuencia operar con esta capacidad de fuego y de impunidad.
No se anticipan mayores problemas para la aprobación de ambas iniciativas presidenciales, por lo que, con más “dientes” se espera que, como dice la Presidenta, los resultados confirmen la eficacia de la estrategia.
Por lo pronto, la semana pasada García Harfuch anunció la detención de 824 personas relacionadas con delitos de alto impacto.
Finalmente fue el ministro Alberto Pérez Dayán quien “traicionó” a sus compañeros “disidentes” de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), con lo que el proyecto para invalidar parcialmente la Reforma Judicial se desechó.
El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara necesitaba de ocho votos, es decir, los de los ministros y las ministras que se han mostrado en contra de la Reforma Judicial; sin embargo, Pérez Dayán decidió resolver en sentido contrario a la propuesta por considerarla una “insensatez” que responde a otra “insensatez”.
Cerraron filas el ponente, González Alcántara, la presidenta de la Corte, Norma Piña, y Javier Laynez, Jorge Pardo, Alfredo Gutiérrez Ortíz Mena, Margarita Ríos Farjat y Luis María Aguilar, contra los votos de las ministras cercanas a la 4T: Lenia Bátres, Loretta Ortíz y Yasmín Esquivel.
No es la primera vez que Pérez Dayán “traiciona” a sus colegas, una vez que se comprometió a votar en un sentido. Por ejemplo, cuando se eligió al presidente de la Corte, dicho ministro aseguró que votaría por Gutiérrez Ortíz Mena, pero terminó votando por Norma Piña, lo que inclinó la balanza, junto con el voto de Yasmín Esquivel.
Y más que mantener su “haber de retiro”, al parecer lo que más le preocupa al ministro Pérez Dayán son las investigaciones que se asegura hay sobre sus decisiones y casos como juzgador.
En el entorno de Luis Mendoza, alcalde de Benito Juárez, se asegura que ya se llegó a un acuerdo de palabra para reabrir el estadio de Ciudad de los Deportes y la Plaza México, principalmente con la directiva del Cruz Azul, que encabeza Víctor Velázquez.
La prioridad es atender los reclamos de los vecinos, por lo que el también director de la cementera se comprometió a contribuir con el dispositivo de seguridad que se despliega en los alrededores de los dos inmuebles.
A cambio, la alcaldía agilizará los procesos administrativos para que el estadio quede libre para el fin de semana, de tal forma que reciba el juego de Cruz Azul contra los Tigres de la Universidad de Nuevo León.
En Chiapas la violencia no cede y el estado se encuentra en una de sus peores crisis de inseguridad, mientras que el gobernador, Rutilio Escandón, prácticamente ha desaparecido y se cuentan los días para su relevo, el próximo 8 de diciembre.
Aliados de Morena que simplemente no soportan la ingobernabilidad en la que está sumida Chiapas, como el senador por el Partido Verde, Luis Armando Melgar, se han lanzado en contra de Escandón.
Este martes en sus redes sociales Melgar publicó que “es el colmo que, ante la guerra de inseguridad en Chiapas, también falte transparencia en la compra de patrullas por parte del gobierno de Rutilio Escandón. ¡Ya basta!”.
“Chiapas merece paz y honestidad; un gobierno responsable que dé la cara y ofrezca soluciones a la altura de la realidad que vivimos. Exigimos respuestas y transparencia al gobernador. No permitamos que la opacidad y la inacción sigan afectando tanto a nuestro Estado”, agregó.
Así las cosas en el estado en el que vive el expresidente Andrés Manuel López Obrador, donde se espera con ansias la llegada de Eduardo Ramírez al gobierno, quien, por lo pronto, ya anunció una nueva estrategia de seguridad.
Al cierre de esta columna los conteos de las elecciones en Estados Unidos favorecían al republicano Donald Trump. Que México y el mundo se abrochen los cinturones.