Hay de fechas fatídicas a fechas fatídicas. Y aunque puedo subrayar varias este último mes, si me dieran a elegir, diría que la peor fue ayer, 5 de noviembre.

Quiero comenzar por mencionar que, tanto en México como en nuestro vecino país del norte, se iba a dar un baño de sangre (figurado y literal) de no haberse decidido en el sentido en que finalmente imperó ayer. Ambas naciones están secuestradas por fuerzas inflexibles que no dejan margen para la negociación o el compromiso.

Ya llegaré mañana a referir lo que ocurrió en Estados Unidos; hoy me concentro en hablar de nosotros, de México.

Se ha a perdido cualquier posibilidad de certeza jurídica. Se ha sepultado también el estudio, la experiencia y el servicio profesional de carrera en la rama judicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación terminó el debate sobre la reforma al Poder Judicial sin ni siquiera tener la oportunidad de pronunciarse al respecto de la sustancia. El proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara se desechó (ya no se discutió), y si bien quedan pendientes cientos de amparos ya admitidos contra la reforma, tanto del personal de esta rama del Estado como de distintas asociaciones civiles, la Constitución prohíbe se adopten efectos generales a las sentencias, por lo que su alcance para revertir la destrucción, en caso de afirmarse en firme, sería nula.

Los ministros Norma Piña y Javier Láynez Potisek fueron rotundos: no existe ‘el constituyente permanente’, lo que hay es un órgano reformador de la Constitución que no es más que un órgano constituido, y en ese sentido, no puede modificar la esencia de la Carta Magna. Pero el defender la división de poderes y los derechos humanos quedó solo en ellos y en los ministros Ríos Farjat, Ortiz Mena, González Alcántara, Luis María Aguilar y Pardo Rebolledo. Lo que no era suficiente.

El ministro Alberto Pérez Dayán fue quien decidió con su voto. Él sostuvo que la Corte no tiene facultades para pronunciarse sobre lo que debe o no pasar a formar parte del CONTENIDO de la Constitución. Es cierto, esa es la posición que ha mantenido desde que llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Mas igualmente es un hecho que ese contenido nunca había puesto en jaque los preceptos fundamentales de la República, de la división de poderes, de los procesos democráticos y de la independencia y autonomía del Poder Judicial. Y lo que aquí ocurre es que la Constitución, luego de la reforma de Morena, se volcó contra ella misma, dinamitando sus preceptos fundacionales.

En tiempos de definiciones, no de formalismos, el mencionado ministro optó por esto último aunque, también, es verdad, por que no corriera más sangre en la pugna que —independientemente de los errores personales de cada ministro y de la ministra presidente en lo particular—inició Andrés Manuel López Obrador. Esto último quiero subrayarlo: no debe haber margen para la duda —y si hay algo de honestidad en el gobierno morenista, debieran aceptarlo— la AMENAZA de sangría pendía sobre la Suprema Corte en caso de que resolviera declarar improcedente la reforma morenista.

Total, que el voto del constiticionalista, sumado al de las tres ministras 4t, sepultó cualquier posibilidad de defensa de los antes mencionados principios fundamentales, ya no se diga la posibilidad de apoyar la invalidez de algún aspecto de la reforma en cuestión.

Ahora queda por ver cómo impactará la falta de certeza jurídica a lo largo y ancho de la República. De pronóstico reservado; ninguno de los vaticinios en sentido positivo. Los fundados temores los podemos resumir así: mayores controversias con nuestros socios comerciales, menores inversiones, debilidad del ‘super peso’ y en el crecimiento económico; poca o nula impartición de justicia; monumentales cuellos de botella en procesos judiciales; justicia que pasará por el colador de quienes hayan financiado las campañas políticas de los juristas y de los allegados al poder…

Por último, sugiero a críticos y a oficialistas por igual notar lo siguiente: la NO decisión de la SCJN hace fehaciente que bajo Morena no existe margen para el diálogo (ya no se diga para la negociación). Ni de parte del Poder Ejecutivo, ni por la vía de los legisladores. Un ejemplo: mismo antes de comenzar la sesión de ayer en el pleno de la SCJN, Claudia Sheinbaum había dicho que se llevaría a juicio político a los ministros que suspendieran la validez de la reforma (como si a los ministros —que ya renunciaron— les afectara un juicio político que los removiera de sus puestos y que les impidiera contender por algún otro cargo público…). Impropio de una estadista amenazar con un juicio político a los integrantes de otro poder.

Y esa falta de diálogo, de conciliación ¿qué significa? Que no ganó México, pero tampoco Morena ni los aliados ni los simpatizantes que hoy festejan. ¡Perdimos todos! Significa que, fuera de una que otra graciosada y risa que nos ha arrancado Lenia Batres producto de sus pifias legislativas y a su infinita ignorancia jurídica, lo que a partir de hoy hay es tragedia.