Perdón, secretario Harfuch, siento distraerlo de sus responsabilidades; lo hago de buena fe. ¿Ya vio lo que será una INMENSA nueva fuente de inseguridad? ¿Ya tiene en el radar el hecho de que Trump quiere romper y dejar muy atrás el récord de deportaciones alcanzado en 2013 por Obama cuando 432 mil personas fueron expulsadas de Estados Unidos en un muy corto lapso de tiempo?
Trump y su zar fronterizo, Tom Homan, en coordinación con nuevo el vicecoordinador de asesores de la Presidencia norteamericana, Stephen Miller, y Kristi Noem, la próxima secretaria de Seguridad Interior, planean deportar al menos a ¡un millón de migrantes!, lo que significa que mínimo 500 mil connacionales regresarán a casa… Bueno, en realidad a buscar casa, trabajo, comida; a formar parte de una sociedad que ciertamente no podrá reabsorberlos. Ahí está el detalle. (Y esto sin contar con que Donald Trump también contempla un proyecto de “desnaturalización” que consistiría en despojar de los derechos de ciudadanía a los inmigrantes naturalizados que hayan cometido algún delito en Estados Unidos o que hubiesen obtenido ilegalmente el estatus de ciudadano).
Subrayo lo siguiente: el próximo presidente estadounidense y los mencionados funcionarios consideran que la migración ilegal y el combate al crimen organizado van de la mano; de hecho han creado el concepto de “frontera segura” para atacar ambos de manera integral. Por ello es altamente probable que se concreten deportaciones masivas; hablo de la expulsión de cientos de miles de migrantes en cuestión de unos cuantos días. Dicho de otra manera, impacto económico (y social) o no para Estados Unidos, el carro completo que ha conseguido el anaranjado personaje en el Congreso estadounidense solo asegura que él llevará a cabo su plan.
Sabemos que los anuncios de Trump dejan de ser fanfarronadas cuando ya está en el gobierno; por lo que llevará las deportaciones a su máxima expresión. Sabemos también que Trump utilizó a México como su patio trasero y tuvo cuidando la frontera a más de 18 mil efectivos de la Guardia Nacional para que los migrantes no pudieran ingresar a Estados Unidos. Que su “muro” humano existió y lo pagamos con nuestros impuestos… Aún no sabemos si le pedirá a Claudia Sheinbaum eso mismo, pero ahora para RECIBIR a los deportados y evitar que intenten reingresar a nuestro vecino país del norte.
Lo que sí podemos decir -y aquí es donde me quiero detener- es que seguramente será enorme el peso económico y social que significará tener que recibirlos. Y esto incrementará exponencialmente los índices delictivos, primero en las entidades del norte del país, luego en el resto del territorio nacional. En otras palabras, aunque se conocen las implicaciones (económicas, sociales, de política pública y de seguridad) del éxodo hacia Estados Unidos, se desconocen las consecuencias de RETORNOS masivos a México. ¿Alguien ha hecho cuentas?
Tenemos en puerta una fuente de inseguridad en un México de por sí convulsionado por la situación de seguridad precaria. ¿Cómo encima dar de comer de un día para otro a 500,000 migrantes? (o más, si también nos mandan aquí a los de otros países). ¿Cómo contener la inseguridad que esto generaría?
Ya se va entendiendo. Éste no será un problema de políticas públicas de corte económico y social exclusivamente. Será mayoritariamente una crisis de inseguridad como no se ha visto antes. A la criminalidad que traerán estas olas de repatriados, se le sumará que no pocos se convertirán en mano de obra para el narcotráfico y diversas bandas varias del crimen organizado. ¿Se quería atender las causas del crimen? De la noche a la mañana eso será imposible.
¿El gobierno de Claudia Sheinbaum estará pensando en una nueva estrategia de Seguridad para México que no tenga nada que ver con la estrategia que ya se diseña ahora para épocas de “normalidad” con las ya conocidas tasas de crimen que no contempla el retorno migratorio?
Porque más allá de la labor que bajo ese escenario tendrían que hacer Juan Ramón de la Fuente y Marcelo Ebrard, a quien le tocaría lidiar con los efectos de las deportaciones en la inseguridad es a Omar García Harfuch y al próximo director del Instituto Nacional de Migración, Sergio Salomón.
¿Es ese el verdadero objetivo detrás de la reciente reforma a la SSPyC? Espero que sí; que la ‘inteligencia de seguridad’ sea solo la excusa. Espero que las deportaciones masivas estén contempladas. Ojalá los “puros” de Morena entiendan que se requiere esta estrategia por el bien de México; que ni la Marina ni la Sedena busquen rivalizar al secretario de Seguridad en esta delicada materia.
¿Harfuch ya entabló diálogo con los funcionarios republicanos?; ¿la presidenta Claudia Sheinbaum lo llevará cuando se reúna con ellos o únicamente se hará acompañar de los secretarios de Relaciones Exteriores, de Gobernación, de Defensa? La alerta roja de las deportaciones ya sonó y me temo aún no dimensionamos el tumulto de personas que regresarán en condiciones muy precarias a nuestro país.
Que no paguen justos por pecadores
La prisión preventiva oficiosa, al ser aplicada de forma automática, viola derechos fundamentales, como la presunción de inocencia, el de libertad personal y el debido proceso. No lo digo yo, así lo asentó desde hace tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero pareciera que a cada nueva recomendación, sea de juristas, abogados, empresarios, expertos, maestros, la 4t aprieta el acelerador a fondo para lograr sus reformas y llevar a nuestro país con velocidad al despeñadero.
Ahora, con la votación para reformar el artículo 19 de la Constitución y añadirle más delitos, ingresan una forma —“legal”— de presión y/o extorsión. ¿La moneda de cambio? La libertad.
Herramienta del Estado contra individuos o colectivos a los que NO se les ha comprobado delito alguno. Esta debiera utilizarse exclusivamente tratándose de delitos violentos, de otra forma, más que una propuesta para frenar el crimen, se convierte en una amenaza contra todo aquel que señale triquiñuelas, pifias o corruptelas de la autoridad.
El régimen busca oficializar auditorías como medio de presión y/o de censura hacia empresarios y medios de información.
Confesión expresa de parte del legislativo oficialista de que no le interesa la presunción de inocencia. Es más, conociéndolos, ni siquiera han de saber qué significa esta figura jurídica. Algo así como la explicación leguleya de Ricardo Monreal hablando de “austeridad republicana”, pero volando en helicóptero (ya anunció, por cierto, que tomará este medio de transporte muy frecuentemente).
Lo que es más, los oficialistas crean la excusa perfecta para que fiscalías, ministerios públicos y cuerpos de la policía (todos dependientes de los poderes ejecutivos federal y locales y no de los aparatos de justicia) no se responsabilicen por su trabajo y por hacerlo adecuadamente. No es nuevo: gobiernos de todas las ideologías han utilizado auditorias de Hacienda para callar a opositores. O peor aún, que paguen justos por pecadores; cubrir la incompetencia o el despilfarro o la falsa austeridad gubernamental extorsionando a los contribuyentes.
Afortunadamente ayer, tras una reserva de Morena, se determinó eliminar los delitos de narcomenudeo y defraudación fiscal del dictamen original para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa (delitos de extorsión, actividades relacionadas con el fentanilo, actividades relacionadas con comprobantes fiscales falsos) y que la Cámara de Diputados aprobó con 335 votos a favor de Morena y sus aliados y 108 en contra de la oposición.
Curioso, como parte de las actividades relacionadas con el fentanilo y que ameritan prisión preventiva está el de la producción y preparación de este estupefaciente… ¿Qué no decía López Obrador que eso no ocurría en suelo mexicano?
Pero a todo esto, aquí lo fundamental: ¿no sería más benéfico para el país concentrar la prisión preventiva oficiosa y no los abrazos en los narcos? ¿Acaso han perdido la brújula?, ¿dónde están dispuestas sus prioridades?
Se les invita también a los legisladores de Morena y partidos aliados a que se pongan a formular una reforma fiscal adecuada. Esa que hasta ahora ha descartado la presidenta Sheinbaum y su secretario de Hacienda; una que combata a la informalidad y la evasión de impuestos, sí, pero que sobre todo ayude a ampliar la base contributiva y reste carga fiscal a los cautivos. ¿Próximo encontronazo de la bancada morenista con la primer mandataria con A? Lo menciono porque ayer Ricardo Monreal finalmente sugirió la necesidad de impulsar una reforma fiscal; desafortunadamente las justificantes que ha esgrimido para ello son incorrectas y demagógicas.
Enciende poderosamente la atención que este régimen haya siquiera considerado encarcelar a posibles defraudadores fiscales sin juicio previo. Que hayan contemplado dar por buenas las acusaciones del SAT en materia de contrabando, créditos fiscales pendientes, órdenes de compra al exterior sin pago o cualquier otro trámite fiscal pendiente ante la autoridad para activar la prisión preventiva oficiosa.
En la Cuarta Transformación pareciera m que buscan graduarse en ‘técnicas para matar a la gallina de los huevos de oro’; dar más razones para dejar a México sin industrias y sin tratados y socios comerciales nos. ¿Quién pagaría entonces los cuantiosos impuestos que sostienen sus varios programas clientelares?
La prisión preventiva viola los derechos humanos, el debido proceso y la libertad personal. El pretexto perfecto por parte del gobierno para intimidar y corromper. Además de ser contrario a los tratados internacionales signados por el Estado Mexicano.
Giros de la Perinola
(1) Todo esto se parece mucho al régimen de inexcarcelabilidad que Chile vivió hasta 1976 (oh sorpresa, ¡en tiempos de Allende y también de Pinochet!). Se trató de una gama amplia de delitos considerados muy graves para los cuales el legislador estableció que la prisión preventiva era necesaria y el juez NO estaba autorizado para levantarla y otorgar la libertad provisional al imputado. Esa gama de delitos es la que se está ampliando en nuestro país, con lo cual, tendremos a justos pagando por los pecadores.
(2) Claudia Sheinbaum dijo: “El que haya prisión preventiva oficiosa no quiere decir que el juez sin pruebas lleve a alguien a prisión”, sobre la reforma al artículo 19 de la Constitución para añadir más delitos que ameriten la prisión preventiva. Temo informarle que, oooootra vez, Arturo Zaldívar la deja en ridículo. Pues, el que haya prisión preventiva PRECISAMENTE quiere decir que el juez está obligado a llevar a alguien a prisión sin pruebas mientras dura su proceso.
(3) Por cierto, esto fue lo que dijo el ministro en retiro, Arturo Zaldívar, como presidente de la SCJN el 25 de octubre de 2021 (hay video): “La prisión preventiva oficiosa es inconvencional, por ser contraria al principio de presunción de inocencia. Al interpretar la Constitución estamos obligados a hacerlo a la luz del artículo primero constitucional y privilegiar el principio pro personas”. Apuesto a que no tarda en defender lo que antes criticó…
(4) Curioso, los oficialistas esgrimen que la figura de prisión preventiva se legisla y amplia para que haya más y mejor procuración de justicia. Sin embargo, durante el sexenio de AMLO se pasó de seis a 22 los delitos incluidos en la figura y la población en prisión preventiva oficiosa aumentó 25 por ciento, pero ¡sin que ello haya significado una reducción en la incidencia delictiva o en la violencia! ¿¿¿Entonces???
(5) ‘El que ríe al último ríe mejor’.
El embajador “amigou” Ken Salazar aguantó los desplantes, caprichos y portazos de López Obrador. Ayer, como regalo de cumpleaños, dijo que el expresidente había negado la asistencia estadounidense y que gracias a él se habían perdido inversiones multimillonarias y creadoras de empleo en México. No digo que sea Ken el último en reír. Solamente que apenas empiezan los dolores de cabeza para el macuspano por parte de los Estados Unidos. Y ahí sí, el que ría al último, reirá mejor.
