Morena prepara para esta semana la aprobación de una minuta de reforma constitucional que, aunada a la reestructura que tendrá en los próximos dos años el Poder Judicial, otorgará a los gobiernos de la 4T la posibilidad de enviar a prisión automáticamente a quienes no colaboren con sus objetivos de recaudación y, de paso, a todos aquellos personajes que les parezcan incómodos.

Se trata de la propuesta para modificar el Artículo 19 Constitucional, con la que se busca obligar a los jueces a dictar, como regla y sin evaluación de cada caso, la prisión preventiva oficiosa a los sujetos que sean acusados de delitos como defraudación fiscal, contrabando y uso de comprobantes fiscales falsos.

El proyecto forma parte del robusto paquete de reformas constitucionales que el expresidente, Andrés Manuel López Obrador, presentó a principios de este año, específicamente en el aniversario de la Constitución del 5 de febrero.

La minuta ya superó desde la pasada Legislatura el proceso de aprobación en Comisiones y podría ser ingresada de manera exprés para su votación en el pleno de la Cámara de Diputados. Si bien la autoría de la iniciativa no es precisamente del equipo de Claudia Sheinbaum, hay versiones que aseguran que la misma tiene todo el apoyo de este gobierno, principalmente por el potencial que las modificaciones a la Constitución tienen para alcanzar los objetivos recaudatorios y, principalmente, para el cumplimiento de las promesas de campaña.

Sin embargo, la definición de la prisión preventiva automática deberá enfrentar otras resistencias, algunas dentro del propio Morena. Por ejemplo, el coordinador de su bancada en San Lázaro, Ricardo Monreal, está convencido de que la iniciativa no debería caminar “tal y como está ahora”, principalmente porque el delito de defraudación fiscal es “muy fácil de configurar” y podrían cometerse muchos abusos.

Con los mismos argumentos de rechazo se han manifestado los liderazgos de oposición, no obstante, la verdadera presión contra el gobierno y el Congreso mexicano vendrá de los organismos internacionales, como la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos.

Los organismos internacionales consideran que la prisión preventiva oficiosa es una violación grave al derecho básico de libertad personal, además de que limita el rol de la autoridad judicial, más si se encuentra indicada como mandato constitucional para todos los acusados. De hecho, aun sin las modificaciones constitucionales, la prisión preventiva ya es en la actualidad para nuestro país un grave problema en materia de derechos humanos y de manejo de población carcelaria.

Según datos del Inegi, de los 233 mil reos que hoy habitan en el sistema penitenciario, 37% no tiene sentencia —unos 86 mil— y la mitad de esa población se encuentra retenida bajo la figura de prisión preventiva, con la que una buena parte ha permanecido por más de dos años.

A detalle, el proyecto de modificaciones al Artículo 19 Constitucional contempla una ampliación del catálogo de delitos que ameritarán esta nueva prisión preventiva automática. Se ponen por delante en la minuta a aquellos delitos graves que se han puesto “de moda” y que en la actualidad lastiman con mayor impacto a la población: extorsión, narcomenudeo y actividades ilícitas relacionadas con el fentanilo; después vienen en el texto los delitos de corte fiscal, que amenazan con llevar a la cárcel incluso a esa persona que por error olvide pagar un impuesto.

La idea ya se venía cocinando desde principios del sexenio de AMLO, cuando se persiguió penalmente a los llamados factureros. En aquellos tiempos, las desmedidas sanciones fueron útiles para que los emisarios de Palacio Nacional recurrieran a la extorsión y, de aprobarse la reforma citada, esas prácticas para llevar más dinero al gobierno podrían quedar oficializadas.

Este es un debate que no se puede ni se debe tomar a la ligera.

Posdata 1

Ante el regreso de Donald Trump a la Casa Blanca, el secretario de Economía y viejo conocido del magnate, Marcelo Ebrard, está muy echado para adelante en la revisión y renovación del TMEC, la cual se tiene planeada para 2026.

Su frase de negociar con sangre fría e inteligencia no fue improvisada: Ebrard quiso posicionarse ante los mexicanos, pero sobre todo ante Estados Unidos. Con estas declaraciones queda de manifiesto que será él quien conduzca la relación bilateral, como lo hizo en su momento durante el gobierno de López Obrador.

El viernes, en entrevista en Noticias de la Mañana, el noticiero a mi cargo en el Heraldo TV, el secretario de Economía recordó el 2018, cuando el panorama también lucía complicado y al final lograron sacar adelante el Tratado. “Se lograron esos resultados, no hay por qué pensar que no lo podamos lograr ahora”.

Ebrard dice que ve una tendencia en la inversión muy fuerte en México, luego de los anuncios recientes de Toyota y Mercado Libre; además, descartó afectaciones por los cambios constitucionales en el país, como la Reforma Judicial, la de Supremacía Constitucional y la desaparición de los organismos autónomos.

El extitular de la Secretaría de Relaciones Exteriores indicó que México tiene buena relación con China como la tiene con Estados Unidos en términos políticos, pero que será necesario analizar qué es lo que plantea la administración de Trump. “De ninguna manera vamos a caer en posiciones que nos lleven a perder oportunidades económicas para México”, aclaró.

Y sobre el muy probable regreso de Robert Lightizer como asesor comercial de Trump, Ebrard asegura que analizó su más reciente libro y está listo para las negociaciones.

Dijo que van a mantener los paneles de soluciones de controversias, de los cuales México se ha beneficiado y buscarán mayor inversión que genere contenido nacional, por ejemplo, en semiconductores.

Por lo pronto, este fin de semana se reunió con cerca de mil 500 empresarios japoneses para atraer inversiones.

Posdata 2

Sobre el panel de soluciones de controversias en materia de maíz transgénico, el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, rechaza que México haya perdido la batalla definitiva contra Estados Unidos y Canadá, como lo aseguró el presidente del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco de la Vega.

De acuerdo con Ebrard, el 22 de octubre se dieron a conocer los resultados preliminares, a los que México respondió el 6 de noviembre y ambos países tiene hasta el 29 de este mes para comunicar si modifican alguna decisión.

Si bien reconoce que el panel consideró, en primera instancia, que México no ha convencido con sus argumentos, aún no es una resolución definitiva.

Será entonces el 14 diciembre cuando se dé a conocer el resultado definitivo y tras esa fecha, si es adverso a México, el gobierno tiene 45 días para llegar a un acuerdo con sus contrapartes.

Posdata 3

La posible fusión entre la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), para crear un organismo descentralizado conjunto, no es nuevo, pues emana de la propuesta inicial del 2020 del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

El IFT tiene atribuciones de competencia en el sector de telecomunicaciones y radiodifusión, mercados en los cuales la Cofece no tiene injerencia. En el pasado, ambos organismos autónomos ya tuvieron enfrentamientos; por ejemplo, en la fusión de AT&T y Discovery, así como en la de Disney y Fox.

Quizá por eso ambos organismos autónomos ahora andan con prisas intentando sacar todo tipo de investigaciones: la Cofece, en servicios digitales, distribuidores de medicamentos, el sector de harina de maíz y otros, y el IFT desempolvando acciones contra América Móvil; algunas de las cuales intentaron eliminar con funcionarios que fueron inhabilitados y en medio de un silencio de los comisionados del Instituto.