La Unesco ha publicado un informe en el Día Internacional para Poner Fin a la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas en el que denuncia que el 85% de los asesinatos de comunicadores quedan impunes y que en los últimos seis años apenas ha habido mejoras en este aspecto.
Entre 2022 y 2023, cada cuatro días un periodista fue asesinado simplemente por desempeñar su trabajo, totalizando 162 muertes en total (88 en 2022 y 74 en 2023), lo que supone un incremento del 38% respecto al periodo anterior (2020-2021).
Lamentablemente, estos datos incluyen a 14 mujeres, siendo la cifra más alta desde 2017 y considerada muy alarmante por la Unesco.
Casi la mitad de estos asesinatos se llevaron a cabo en zonas de conflicto armado, con un alarmante aumento en 2023. El resto de las muertes se dieron en profesionales que cubrían temas como la delincuencia o la corrupción, así como en aquellos que informaban sobre manifestaciones públicas.
Es importante destacar que en 2022 se marcó un récord de 60 muertes fuera de las áreas de conflicto, pero en 2023 esta cifra bajó a niveles de 2008, registrando tan solo 30 muertes.
Según el informe de la Unesco, América Latina y el Caribe fue la región más peligrosa para la prensa en estos dos años, con 43 asesinatos en 2022. Sin embargo, en 2023 los peores indicadores fueron en el área de los Estados árabes, con 29 muertes frente a las 18 de la región latinoamericana.
A pesar de estos alarmantes datos, la tasa de impunidad sigue siendo inaceptablemente alta: hasta julio de 2024, el 85% de las muertes aún están sin resolver, lo cual se traduce en 8 de cada 10 crímenes sin culpables.
La Unesco también destaca que, aunque en los últimos años ha habido leves avances en la resolución de estos casos, el proceso legal suele tardar una media de cuatro años, lo cual consideran un plazo demasiado prolongado.
Ante esta situación, la directora general de la Unesco, Audrey Azoulay, hizo un llamamiento a los 194 Estados miembros para que “intensifiquen sus acciones para garantizar que estos crímenes no queden impunes”.
“Procesar y condenar a los responsables es una herramienta clave para prevenir futuros ataques contra periodistas”, enfatizó Azoulay.
