La Fiscalía General de la República (FGR) ha abierto varias carpetas de investigación en contra de jueces y magistrados por presunto abuso de autoridad en relación a las suspensiones que han otorgado en contra de la reforma judicial.

Las investigaciones se originaron a partir de denuncias presentadas por el Poder Legislativo y Ejecutivo. Fuentes judiciales, que prefirieron mantener el anonimato por temor a represalias, revelan que la Fiscalía solicitó copias de los expedientes de las suspensiones a través de correos electrónicos, notificando a los jueces y magistrados sobre la investigación en su contra.

Los jueces y magistrados acusan que estas medidas buscan coaccionar y amedrentar, y que son acciones típicas de regímenes autoritarios y autocráticos para presionar a los jueces incómodos y forzarlos a resolver de acuerdo a las necesidades y criterios del sistema. Según el sistema, estas suspensiones no deben ser decretadas y se recurre a medidas penales y administrativas para presionar a los impartidores de justicia.

Las fuentes consultadas explican que para proceder con un proceso penal en contra de un juez es necesario desaforarlo ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF), dado que los jueces y magistrados tienen fuero orgánico que sólo puede ser eliminado a través de una responsabilidad administrativa. Por lo tanto, no se puede llevar a cabo un proceso penal en su contra.

A pesar de esto, la FGR ha pedido a los jueces copias de los expedientes, argumentando una supuesta denuncia por un delito potencial. Esta es una manera de presionar a los impartidores de justicia. Según ellos, esto significa que están siendo perseguidos.

Estamos siendo acusados de abuso de autoridad, pero esto no necesariamente es cierto. Es posible que el Ministerio Público nos presente cargos, pero al final será el juez penal quien tomará la decisión. Los jueces penales actuales son jueces de carrera y no se arriesgarán a emitir una orden de aprehensión, ya que no hay motivos suficientes para hacerlo. Sin embargo, esto podría cambiar en 2025, advierten los entrevistados.

Además se están interponiendo quejas administrativas disciplinarias ante el CJF a través de la Unidad General de Investigación de Responsabilidades Administrativas, que pertenece a la Comisión de Vigilancia, que hace una investigación para ver si se incurrió en alguna responsabilidad y se abre un proceso disciplinario ante la Comisión de Disciplina para determinar si existe responsabilidad o no de estos jueces que dictaron suspensiones y magistrados que las confirmaron.

Indican que, en caso de considerarse como una falta grave, se puede llegar hasta la destitución, y señalan que la Comisión de Vigilancia está integrada por tres de los consejeros que están directamente vinculados con la autollamada 4T.

Las fuentes consultadas refieren que los juzgadores han solicitado medidas cautelares ante las Relatorías de Naciones Unidas para que puedan exigir directamente al Estado mexicano que cese sus persecuciones y deje de atentar contra la independencia judicial.

En la conferencia mañanera en Palacio Nacional el 18 de octubre, Ernestina Godoy, consejera Jurídica de la Presidencia, señaló que el gobierno federal presentará denuncias ante el CJF contra jueces que otorgaron amparos en contra de la reforma judicial.

Las fuentes judiciales expresan que hay más de 170 suspensiones y que cabe la posibilidad de que algunos jueces hayan admitido más de una, con lo que puede haber de 20 a 30 jueces en ese supuesto.

Califican como preocupante la situación cuando lleguen los nuevos jueces. “En 2025 sale el CJF y entra el Tribunal de Disciplina… Hay dos vías: una es la administrativa, que es ante el Consejo; entonces, entra el Tribunal de Disciplina y evidentemente van a decir que es una conducta ilegal. Hasta ahora el Consejo ha dicho que no, porque hay jurisprudencia e incluso que no es motivo para suspender”, explican.

El órgano interno, que es el Consejo, debe avalar el separarlos del cargo y solamente así, detallan, pueden iniciar la acción penal.

“Entonces, por ejemplo, si hay una carpeta de investigación y hoy le piden al juez la orden, el juez va a decir no, porque no se tiene el desafuero, y si va al Consejo le va decir que no, porque eso no es delito, pero justamente en 2025 la mitad de los jueces van a ser nuevos… Entonces, ahí va a empezar la persecución política”, adelantan.