Estamos antes una inevitable crisis en el Poder Judicial. No creo que la propuesta del ministro Juan Luis González Alcántara, que comparto plenamente, alcance los ocho votos en la Suprema Corte para declarar la inconstitucionalidad de parte de la reforma judicial, evitando así la votación de jueces y magistrados, pero permitiendo la de ministros de la Corte, de magistrados del Poder Judicial y del llamado tribunal disciplinario. Como dijimos, ésa hubiera sido una salida política y legal más que adecuada para superar la crisis judicial. Difícilmente saldrá adelante en la Corte y mucho menos la aceptará un Ejecutivo que no está dispuesto a conceder nada.

La reforma de la supremacía constitucional radicaliza las posibilidades de crisis. Es una reforma sin sentido que, además, lastima cualquier posibilidad de generar mayor confianza en ciudadanos e inversionistas. En Estados Unidos están profundamente preocupados por la reforma en general y por este agregado en particular, por la sencilla razón de que esta reforma de supremacía constitucional le quita a la Suprema Corte su principal atribución: la de tribunal constitucional. Si no hay posibilidad de regular cualquier reforma constitucional, la Corte pierde sus atribuciones.

Si comparamos lo que se ha aprobado con lo que se manejaba en el equipo de Sheinbaum en los tramos finales de la campaña, podemos comprobar la magnitud de la distancia entre lo pensado originalmente y lo finalmente aprobado. La idea original de la reforma era dividir a la Corte, con un tribunal constitucional y una corte legal, en un modelo similar al español, con un Consejo de la Judicatura con muchos más dientes. Ahora se le quitó a la Corte, en los hechos, su principal atribución como tribunal constitucional, y queda absolutamente debilitada, se crea el Tribunal de Disciplina Judicial, que le quita atribuciones a la Judicatura, que también queda debilitada. En los hechos, el poder se concentra en el Ejecutivo y en un Legislativo más subordinado e irracional que nunca.

El Poder Judicial en sí ya está en crisis. A los paros de jueces, magistrados y trabajadores se suman ahora las renuncias de ocho ministros de la Corte, que se aplicarán hasta el próximo mes de agosto (salvo la del ministro Luis María Aguilar, que termina su periodo en noviembre), pero sobre todo la de 845 jueces y magistrados que han anunciado su renuncia y que no se presentarán a la elección de junio, muchos más de los cargos que estarán en disputa ese día.

El rezago judicial era ya notable antes de la reforma, pero desde que se votó ha aumentado en forma notable y lo hará mucho más, por la sencilla razón de que nos quedaremos sin jueces, serán elegidos otros, muchos de los cuales no tienen experiencia o conocimientos reales sobre cómo opera el Poder Judicial, que asumirán en septiembre y que tardarán meses en saber siquiera dónde y cómo están los expedientes. Creo que en el gobierno federal no están visualizando la magnitud del daño que tendrá el sistema de justicia en ese aspecto. Porque, además, la reforma no contempla algo que haga más eficiente, más honesto, más cercano al Poder Judicial. La elección directa no garantiza nada de eso.

El Comité de Evaluación que designaron el Poder Ejecutivo, el Legislativo y la propia Corte tiene una absoluta mayoría de militantes de Morena y funcionarios o exfuncionarios del oficialismo. Era una de las alternativas que se esperaba que pudiera atemperar la reforma. No ha sido así, al contrario. Incluso, hay varios integrantes que tienen claros conflictos de interés, como el expresidente de la Corte, Arturo Zaldívar o Andrés García Repper, miembro de Morena. No se le dio a independientes u opositores ni una sola posición.

Otro problema grave es el económico, el INE, que mantiene su propia crisis como consecuencia de la reforma, porque el Congreso le quiere dar a Guadalupe Taddei atribuciones ejecutivas que no tiene, lo que ha generado una controversia con la mayoría de los consejeros, ha decidido que, como mínimo, necesita 13 mil 500 millones de pesos para realizar la elección de junio, una cantidad enorme en un año en el que el presupuesto estará más ajustado que nunca por las finanzas y el déficit que dejó López Obrador. Esos 13 mil 500 millones de pesos podrían haber servido, por ejemplo, para construir miles de nuevas viviendas. Y para colmo, el INE no garantiza que ésa sea la cifra máxima ni sabe, al día de hoy, cómo organizará las elecciones o siquiera las boletas electorales. Una improvisación total.

Decíamos semanas atrás que todo esto era innecesario, incluso para tener el control del Poder Judicial. En diciembre, con la salida del ministro Aguilar, ya tendría la presidenta Sheinbaum el control de la Corte en temas de inconstitucionalidad, en uno, dos años más, tendría la mayoría de la Corte. Podría haber optado por salidas como las que propone González Alcántara y hubiera alcanzado casi todos sus objetivos implementando un proceso de cambio gradual. Han optado por una opción radical movida por los líderes del partido en el Congreso, que no sé si realmente responden a la Presidenta.

Que nadie se engañe, ya se lo dijeron al secretario de Hacienda en la reciente reunión anual del FMI: el costo será alto, la incertidumbre mayor, pero, por sobre todas las cosas, es una reforma que no sirve, que nadie ha hecho y que ni México, ni el gobierno de Sheinbaum, necesitaban. Mañana será la puntilla para todo este dislate.