La Corte Penal Internacional (CPI) emitió órdenes de detención contra el Primer Ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, su exministro de Defensa, Yoav Gallant, y miembros de Hamas, acusándolos de crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en el contexto de la guerra en Gaza y los ataques de octubre de 2023 que desencadenaron la ofensiva israelí.
El tribunal señaló que hay motivos razonables para creer que Netanyahu y Gallant privaron de forma intencional a la población civil de Gaza de recursos indispensables como alimentos, agua, medicinas, combustible y electricidad. La decisión convierte a los acusados en sospechosos buscados internacionalmente y podría complicar los esfuerzos diplomáticos para alcanzar un alto al fuego tras 13 meses de conflicto.
Reacciones internacionales
Netanyahu y líderes israelíes calificaron la decisión de la CPI como “vergonzosa y antisemita”, mientras que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, expresó su respaldo al derecho de Israel a defenderse de Hamas y criticó la decisión del fiscal de la CPI, Karim Khan. Por su parte, Hamas también rechazó la medida.
El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, Oren Marmorstein, cuestionó la legitimidad de la CPI, argumentando que el tribunal no permitió a Israel investigar las acusaciones de manera independiente y afirmó que Israel no es miembro de la Corte.
Implicaciones legales y alcance de las órdenes
A pesar de la orden, es poco probable que los acusados enfrenten a la justicia pronto, ya que la CPI no cuenta con una fuerza policial propia y depende de la cooperación de sus estados miembros para ejecutar las detenciones. Ni Israel ni Estados Unidos forman parte de la CPI, lo que podría limitar el alcance práctico de la medida.
Sin embargo, la decisión subraya la gravedad de las acusaciones y aumenta la presión internacional sobre Israel y Hamas, mientras el conflicto continúa afectando a millones de civiles en Gaza y la región.
