La operación Enjambre que se realizó el 22 de noviembre en el Estado de México para detener a 14 funcionarios públicos de la entidad, vinculados con grupos criminales, muestra un camino correcto que se deberá recorrer en muchas otras entidades del país.

En primer lugar, fue el resultado de un trabajo de investigación e inteligencia que se coordinó inicialmente desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la fiscalía mexiquense, en él participaron, además, la Defensa, la Marina, la FGR y la Secretaría de Seguridad estatal. En el operativo fueron detenidos siete de los buscados y un octavo, al momento de ser detenido, se suicidó de un disparo en la cabeza.

Entre los detenidos los hay de todos los partidos e incluyen a un secretario de Seguridad de Ixtapaluca y otro jefe policial de ese municipio gobernado por Morena, así como su homólogo de Amanalco, que también es de Morena, incluyendo a la propia presidenta municipal de Amanalco, del mismo partido,

Se detuvo al subdirector de Seguridad Ciudadana de Naucalpan, del PAN y al director del DIF de Tonatico, esposo de la presidenta de ese municipio, también panistas.

Entre los detenidos está un priista, el director de Seguridad de Tejupilco, y faltan por detener funcionarios de Santo Tomás, que gobierna el PRD; de Chicoloapan, de Morena; Coacalco y Jilotzingo, ambos del PRI. Isidro Cortés Jiménez,  jefe de la Dirección de Seguridad Pública de Texcaltitlán, municipio perredista, fue el funcionario que se suicidó.

Además, los acusados tenían relación con diferentes grupos criminales, aunque la mayoría son de la Nueva Familia Michoacana. Fue muy importante que se realizara en forma simultánea, así deben efectuarse ese tipo de operaciones. Faltan por ejecutar órdenes de aprehensión, pero, de esta manera, incluso quienes están prófugos han quedado fuera de sus áreas de responsabilidad y se rompen redes, no son casos aislados.

Hay quienes han tratado de todas las formas posibles de diferenciar el operativo Enjambre del michoacanazo, efectuado durante el gobierno de Felipe Calderón, que llevó a la cárcel a cerca de 40 personajes de distintas instancias del gobierno local, cuando el gobernador era Leonel Godoy. En realidad son operativos muy similares, realizados de la misma forma.

Cuando ocurrió el michoacanazo las pruebas existentes contra la mayoría de los involucrados eran abrumadoras: grabaciones telefónicas, testimonios de testigos protegidos, cuentas bancarias. Inexplicablemente, el caso se fue desvaneciendo: primero, los acusados fueron trasladados desde las cárceles de máxima seguridad a la de Morelia, donde tenían un régimen prácticamente de spa, y de allí fueron enviados uno por uno a sus casas. En paralelo con ello, el medio hermano del gobernador, Julio César Godoy, que hasta entonces estaba prófugo, se presentó, con un año de retraso, a tomar posesión de su curul en la Cámara de Diputados y, obviamente, de su fuero.

Julio César Godoy consiguió un amparo, de los mismos tribunales que habían dejado en libertad a los otros implicados en el michoacanazo, y fue ingresado a San Lázaro en el baúl del carro de un diputado perredista, fue escondido en las oficinas del líder del PRD en la Cámara baja, Alejandro Encinas, y dos días después rindió protesta –en uno de los hechos más bochornosos de la historia legislativa del país– como diputado federal. Godoy Toscano se incorporó inmediatamente a la Comisión de Seguridad de la Cámara para analizar, dijo, “los excesos de las fuerzas de seguridad”.

Se solicitó su desafuero y en ese proceso pudimos escuchar las mismas grabaciones que el juez había desestimado, otorgándole un amparo y el fuero. Eran conversaciones con Servando Gómez, La Tuta, jefe de la Familia Michoacana, en las que, con lujo de detalles, se le explicaba al entonces candidato los apoyos que tendría y también los compromisos que debería asumir. Julio César Godoy fue desaforado. Tuvo tiempo de darse a la fuga y hasta el día de hoy continúa prófugo de la justicia. Nadie, ninguno de los involucrados por haberlo convertido en candidato y en diputado, de haber permitido esa burla al Congreso y a la ciudadanía, sufrió alguna consecuencia. El juez que ordenó todas las liberaciones del michoacanazo, incluyendo la de Julio César, Efraín Cázares López, sí terminó siendo destituido de su cargo por el Consejo de la Judicatura.

Eso fue lo que falló en el michoacanazo. Una vez presentadas las acusaciones, libradas las órdenes de aprehensión y detenidos los acusados, no se le dio seguimiento puntual en ministerios públicos y ante los juzgados, y los presuntos delincuentes terminaron prácticamente todos en libertad, a pesar de contar con pruebas en su contra. Hubo una presión política indudable para liberarlos, ejercida por el PRD (todavía no se separaba Morena), por el PRI e incluso por sectores del PAN, porque de los tres había detenidos.

Eso es lo que se tiene que evitar ahora, sobre todo si se comienzan a generalizar este tipo de operativos, que sin duda son necesarios en otros varios estados: se le debe dar seguimiento en las fiscalías y luego en su tránsito por el poder judicial, hasta que haya condenas. Por eso es fundamental que exista coordinación entre las distintas instancias federales y locales, entre áreas de seguridad y procuración de justicia en todos los pasos procesales para evitar la maldita puerta giratoria de la que gozan muchos delincuentes. Y se deben ignorar las presiones políticas, porque las habrá y desde distintos ámbitos, incluso oficialistas. Por lo pronto, Enjambre debe ser considerado un éxito y la ruta correcta a transitar en el futuro inmediato.