En los primeros días de octubre pasado, el Órgano Interno de Control (OIC) del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) notificó a la exdirectora General de Supervisión y Verificación de Regulación Asimétrica de la Unidad de Cumplimiento, Adriana Williams Hernández, la imposición de una sanción consistente en su destitución e inhabilitación para ocupar cargos públicos por ocho meses.

El ilícito por el que fue sancionada consistió en “realizar un acto arbitrario, en razón de que autorizó el borrado de la información contenida en los equipos de cómputo de sus subordinados Liliana Salgado, Nancy Espinoza, Miguel Núñez y Narciso Guzmán”.

Todos fueron despedidos de manera arbitraria y fulminante por la propia Williams y la entonces titular de la Unidad de Cumplimiento, Fernanda Arciniega, con el conocimiento y la venia del Presidente del IFT, Javier Juárez.

Fernanda Arciniega, quien al igual que Adriana Williams fue suspendida de sus funciones a finales de 2022 por el OIC del IFT, también fue sancionada en febrero de este año con su destitución e inhabilitación de un año por el mismo ilícito: la destrucción de información.

Pese a la relevancia de los casos, la información eliminada y las sanciones se han mantenido bajo reserva por la solicitud expresa de los comisionados del IFT a la titular del OIC, Perla Lizeth Torres López.

Pero más bien los comisionados deberían impulsar la presentación de denuncias de hechos, ya que la destrucción de información es un delito grave, en términos de los artículos 211 bis 2, 211 bis 3 o 214, fracción IV, del Código Penal Federal, relativos a delitos a acceso ilícito a sistemas y equipos informáticos del Estado y al ejercicio indebido del servicio público.

Dentro del IFT se asegura que la información destruida era concerniente a investigaciones  del Preponderante en Telecomunicaciones, América Móvil, correspondientes a más de una decena de expedientes de sanción que fueron cerrados por la propia Fernanda Arciniega, en lo que parece ser una operación “blanqueo” que le evitó a la empresa del magnate Carlos Slim sanciones multimillonarias.

En septiembre del año pasado publiqué que la crisis en el IFT comenzó a inicios del 2022, cuando, ante la alta probabilidad de que el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador no enviara sus propuestas para cubrir las vacantes de los integrantes del Pleno, el organismo modificó su estatuto orgánico para poder seguir operando con cuatro comisionados, en lugar de siete.

Javier Juárez Mojica asumió la Presidencia interina del organismo, acompañado en las decisiones del Pleno por los comisionados Arturo Robles, Sóstenes Díaz y Ramiro Camacho.

Luego, en enero del 2023 el IFT decidió no multar a Telmex por incumplir con la divulgación de información acerca de su infraestructura en 2017, por lo cual habría tenido que pagar unos 20 mil millones de pesos. El regulador expuso que con base en las pruebas y defensas aportadas al expediente del caso no fue posible entrar al análisis del fondo de la conducta, ni concluir sobre el incumplimiento.

Del 2018 a septiembre del 2023, las empresas de Slim acumularon 12 asuntos iniciados y en trámite de ejecución de un procedimiento administrativo, así como siete pendientes por iniciar. No obstante, la instrucción de la Unidad de Cumplimiento, a cargo de Fernanda Arciniega, y la Coordinación Ejecutiva, encabezada por Víctor Rodríguez Hilario –con la anuencia de los comisionados– fue  archivar o cerrar los procedimientos, por lo que fueron despedidos por lo menos una decena de funcionarios de dichas áreas.

Este caso parece ser el golpe final al Instituto que Morena planea desaparecer con la reforma constitucional de los organismos autónomos, pese a que atenta contra el TMEC.

Posdata 1

La nueva Directora General de Juegos y Sorteos, Maria de Lourdes Ramírez García, se va a encontrar con un problema legal y político por las autorizaciones que la administración saliente otorgó para la apertura de nuevos casinos.

Ahí está el caso del Casino Jubilee, ubicado en Naucalpan, Estado de México, donde la empresa Atracciones y Emociones Vallarta S.A. de C.V. reporta ante la Dirección de Juegos y Sorteos un casino en operaciones, cuando en la realidad la construcción se encuentra en obra negra y no tiene siquiera un techo. La empresa al parecer ha burlado la prohibición vigente que impide la explotación de máquinas de juego o de azar en casinos que abrieron sus puertas a partir del 17 de noviembre de 2023, de acuerdo a la reforma al reglamento de la Ley Federal de Juegos y Sorteos. Por eso reportan el funcionamiento mensual de más de 1,000 máquinas de juego o azar en ese domicilio.

La nueva titular de Juegos y Sorteos de la Secretaría de Gobernación se enfrentará a la oposición vecinal para que opere el casino, pero además con una autorización emitida por el gobierno municipal de Naucalpan que preside la panista Angélica Moya Marín, mediante el oficio PM/543 2BIS/2022 suscrito por la alcaldesa a favor del Casino Jubilee, a pesar de no contar con las facultades legales para firmar ese tipo de permisos, ya que en términos de la normatividad administrativa local, en específico el Reglamento de Unidades Económicas, artículos 159 al 163, le corresponde al pleno del Cabildo resolver dicha autorización.

Posdata 2

Trabajadores de diversas plantas de Cruz Azul se pronunciaron por rechazar la propuesta del secretario de Gobierno de Hidalgo, Guillermo Olivares, para establecer mesas de diálogo con el grupo que desde hace tres años tiene tomadas las instalaciones de su cementera de Tula, lo que les ha generado pérdidas del orden de los 25 mil millones de pesos.

Cientos de cooperativistas de Aguascalientes, Campeche, Ciudad de México, Guerrero, Oaxaca y Puebla organizaron este fin de semana una manifestación simultánea y colocaron mantas en sus centros de operación con leyendas en las que se exige a la administración hidalguense hacer cumplir la ley y respetar las tres sentencias que tienen firmes para recuperar aquel inmueble.

Posdata 3

En 2024 los casos de dengue en el país rompieron récord, superando en más de 50% los que se presentaron en 2023. Por tanto, con más de 94 mil casos confirmados y la pérdida de 223 vidas, la Secretaría de Salud, que encabeza David Kershenobich, destinará más de 42 millones de pesos para la adquisición de insumos de diagnóstico de dengue y otras enfermedades víricas que se transmiten a través de la picadura de un mosquito en noviembre y diciembre.

La empresa encargada de surtir el material será Control Técnico y Representaciones SA de CV, la cual, luego de un estudio de mercado realizado por la dependencia en el que participaron ocho proveedores, obtuvo la adjudicación directa “por causas de fuerza mayor”, para cubrir las siete partidas del contrato 2024-074-AA-12-512-012000991-IM.

La empresa representada por Ramael Garza Chávez ha tenido su bonanza con esta emergencia sanitaria, pues este acuerdo se suma a otros 152 contratos que la firma ha obtenido con diferentes instituciones de salud e investigación, con los que acumulan más de 115 millones de pesos.