El Gobierno federal presentó ayer una iniciativa de reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, la cual contempla la creación de tres nuevas secretarías y la conversión de la Secretaría de Función Pública en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta nueva dependencia asumiría funciones de vigilancia y acceso a los datos gubernamentales, labor que actualmente realiza el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), un organismo autónomo.

Según la propuesta enviada por el Ejecutivo a la Cámara de Diputados, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno tendría entre sus facultades la de «acceso a la información pública y protección de datos personales» y establecer políticas y normativas para difundir proactivamente la información de interés público en materia de anticorrupción y buen gobierno.

La iniciativa propuesta también contempla la creación de la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, la Secretaría de las Mujeres y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones. En total, el Gobierno federal pasaría de 19 a 22 Secretarías de Estado.

De ser aprobada esta reforma, la Secretaría de Función Pública sería transformada en Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, con la facultad de formular y conducir la política que promueva la transparencia, la rendición de cuentas y el acceso a la información en la administración pública, así como proteger los datos personales.

Actualmente, estas actividades son realizadas por el INAI, un organismo autónomo encargado de garantizar el cumplimiento de los derechos de acceso a la información pública y protección de datos personales. De aprobarse esta reforma, el INAI sería despojado de sus funciones y contribuiría a la justificación gubernamental de desaparecerlo, tal y como está contemplado en otra iniciativa presentada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador el 5 de febrero pasado, que incluye la desincorporación de todos los organismos autónomos.

Además, en la iniciativa de reforma también se propone la creación de una nueva Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual concentrará las funciones de telégrafos, identidad digital y políticas de radiodifusión y telecomunicaciones del Gobierno federal. Esta nueva dependencia tendrá la tarea de formular la política y emitir los lineamientos para la adopción y uso de la identidad y la «ciudadanía digital», a través de un mecanismo único de autenticación digital basado en la CURP y de la integración del sistema de servicio nacional de identificación personal.

Entre sus facultades, la Agencia será la encargada de regular, inspeccionar y vigilar la prestación de servicios públicos de correos, telégrafos y radiotelegrafía, que actualmente son competencia de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes. Además, deberá elaborar y conducir las políticas de telecomunicaciones y radiodifusión del Gobierno federal y promover soluciones tecnológicas para la digitalización de trámites y servicios. La Agencia también presidirá el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria.