De las casi tres mil visitas de familiares que en un fin de semana recibió el conflictivo penal de Atlacholoaya, en Morelos, 2 mil 037 no recibían folio de identificación. El personal de seguridad cobraba a los familiares cuotas de 250 pesos para permitirles el acceso, pero no había registro alguno de su visita. Además, la mayor parte de las cámaras del sistema de circuito cerrado no funcionaba.

Se detectó que personas con antecedentes penales ingresaban normalmente a este centro de readaptación, desde donde se giran las órdenes “hacia fuera” a los grupos de la delincuencia organizada que operan en el estado.

Apenas el viernes pasado, en un operativo ordenado por el nuevo secretario de Seguridad Pública estatal, Miguel Ángel Urrutia, se hallaron bajo el piso de una celda que no se utiliza, en el Módulo de Visita Íntima, más de tres kilos de mariguana: mariguana colombiana, mariguana acapulqueña, mariguana en greña, mariguana para todos los gustos.

Hace un mes, el 5 de octubre, varios internos desataron un motín en el que denunciaron presuntos actos de corrupción y abuso contra la población penitenciaria por parte del director operativo, Jesús Francisco Flores Jiménez. Lo interesante es que, durante ese motín, las autoridades detectaron que los internos grabaron y transmitieron los hechos desde más de 50 teléfonos celulares.

Investigaciones realizadas en el penal por parte del nuevo gobierno estatal revelan que solo la renta de teléfonos celulares en Atlacholoaya dejaba a los funcionarios penitenciarios tres millones de pesos cada mes. Desde esos celulares se ordenan los movimientos del crimen organizado y se lleva a cabo una de las peores pesadillas de los morelenses: la extorsión.

En un cuarto de siglo de existencia, Atlacholoaya ha derrotado a gobiernos de todos los colores: priistas, panistas, perredistas, morenistas. Decir “derrotado” es verdaderamente un decir. Porque muchos de esos gobiernos se han beneficiado de la corrupción que impera en ese centro. En 2023, la impresentable Comisión de Derechos Humanos de Rosario Piedra Ibarra le concedió a Atlacholoaya una calificación de 7.38 y más tarde, no se sabe a cuenta de qué, le concedió un reconocimiento a este centro de reinserción. El entonces coordinador del Sistema Penitenciario, Israel Ponce de León, celebró el diagnóstico y alabó “la gestión del Ejecutivo Estatal”, Cuauhtémoc Blanco.

En realidad, cuando se aproximaba la llegada de visitadores de la CNDH, se suspendían las extorsiones, los internos eran amenazados por los comandantes para que no hubiera quejas y en general, el centro se limpiaba de arriba a abajo. Un día después todo volvía a la normalidad: autogobierno, violencia, corrupción, hacinamiento.

El control de las tiendas de abarrotes arrojaba ganancias de un millón de pesos al mes a los funcionarios penitenciarios. Así fue durante todo el sexenio de Blanco. A los internos se les cobra por protección, por recibir visitas íntimas, por cambios de celda, e incluso por ir de un dormitorio a otro. No solo eso: las autoridades les rentaron celulares, aparatos electrónicos, equipos de sonido, planchas, frigoríficos, ventiladores, sillones reclinables y pantallas de alta definición.

De acuerdo con testimonios recogidos por el gobierno estatal, en Atlacholoaya es común incluso la trata de personas. Por mil pesos se permite la entrada de sexoservidoras.

La Comisión de Derechos Humanos de Morelos documentó la complicidad y la corrupción de las autoridades del sistema penitenciario. Israel Hernández Cruz, el ombudsperson, denunció las complicidades, la corrupción, las omisiones, la negligencia, “que se han traducido en fugas, motines, riñas, masacres, suicidios y la facilidad con que ingresan objetos no autorizados: celulares, armas, drogas, alcohol”.

Cuauhtémoc Blanco les volvió al espalda. “Quienes tienen el control son los grupos de la delincuencia y, lamentablemente, Blanco no se lo tomó en serio”, ha dicho Hernández Cruz.

En octubre de 2019 un grupo de internos logró cruzar a través de tres filtros para llegar hasta el sitio conocido como El Paraíso, donde se hallaba recluido el líder del Cártel Jalisco en Morelos, Raymundo Castro Salgado, El Ray. El asalto dejó siete muertos y varios heridos. El cuerpo de El Ray, brutalmente golpeado, fue calcinado por completo.

A pesar de que el comando que lo asesinó no habría podido llegar hasta él sin la complicidad de las autoridades, el coordinador estatal del sistema penitenciario en Morelos, Israel Ponce de León, al que las investigaciones señalan como el verdadero motor de la maquinaria de la corrupción penitenciaria, no solo no fue tocado: recibió el espaldarazo del comisionado estatal de seguridad, José Antonio Ortiz Guarneros, y del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco.

En un simple operativo, la realidad ha vuelto a salir a la luz.