Gerardo Sánchez Zumaya, empresario vinculado a Petróleos Mexicanos (Pemex), enfrenta una denuncia penal por presunto lavado de dinero y defraudación fiscal, presentada ante la Fiscalía de Tabasco. Según la acusación, Sánchez Zumaya habría creado una red de empresas y prestanombres que emitieron facturas por más de 15 mil millones de pesos entre 2022 y 2024.
Contratos directos con Pemex
Petrogesa, la empresa principal de Sánchez Zumaya, obtuvo contratos por asignación directa con Pemex por más de 520 millones de pesos entre 2021 y 2024. Estos acuerdos incluían servicios de mantenimiento naval y obras en instalaciones petroleras en complejos como Lázaro Cárdenas, Dos Bocas, Salina Cruz y Minatitlán.
La denuncia, a la que tuvo acceso Reforma, incluye miles de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDI), declaraciones fiscales y actas constitutivas de las empresas vinculadas al empresario.
Red de prestanombres
La investigación identifica al menos 17 empresas relacionadas con Sánchez Zumaya, muchas de ellas registradas a nombre de jóvenes sin experiencia empresarial y radicadas en colonias populares. Entre los señalados figuran:
- José Rafael Castillo Florencia, de 25 años, quien emitió facturas por 3 mil 132 millones de pesos en dos años.
- José Manuel Ramón Hernández, de 23 años, facturó mil 866 millones de pesos sin reportar ningún gasto en materia prima.
- Alberto David Ornelas Herbert, con facturas por 880 millones de pesos, pero cuyos gastos incluyen artículos personales como un colchón y la renta de un salón.
Estas personas físicas y empresas están involucradas en transacciones internas entre sí y con tres compañías registradas en Estados Unidos, todas bajo control directo o indirecto de Sánchez Zumaya.
Amparos para evitar aprehensión
El pasado 16 de octubre, Sánchez Zumaya solicitó amparos ante un juzgado en San Luis Potosí para evitar posibles órdenes de aprehensión.
Alertas de competencia desleal
La denuncia fue presentada por un grupo de empresas que alertaron sobre competencia desleal y un posible robo hormiga de materias primas, que luego serían revendidas. Además, se señala que las operaciones irregulares podrían estar generando pérdidas millonarias tanto para Pemex como para el erario público.
El Ministerio Público Federal investiga la estructura financiera y las operaciones de las empresas involucradas, mientras la defensa de Sánchez Zumaya busca desacreditar las acusaciones.
