En los pasillos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), ha tomado fuerza la teoría de que el empresario Carlos Slim presionó al ministro Alberto Pérez Dayán para que votara a favor de la reforma judicial impulsada por el Gobierno. La votación del ministro, contraria al proyecto que buscaba invalidar dicha reforma, ha generado molestia entre empleados y funcionarios judiciales, quienes lo acusan de haber traicionado al Poder Judicial.
El malestar se ha manifestado en anónimos, llamadas y reclamos dirigidos tanto a Pérez Dayán como a su equipo de trabajo. Sin embargo, el rumor de la influencia de Slim, conocido por su cercanía con el ministro, se ha extendido con rapidez en el entorno judicial.
En este contexto, la presidenta Claudia Sheinbaum hizo la semana pasada un comentario público sobre los retrasos en las obras del Corredor Interoceánico, a cargo de una de las empresas de Slim, marcando sutilmente una distancia. Aunque la situación en el proyecto es atribuida más a problemas de gestión de la Marina, el mensaje fue interpretado como un intento de contrarrestar la percepción de que Slim mantiene una influencia directa en favor del Gobierno.
Slim y su rol en el escenario político y empresarial
La figura del magnate no solo se menciona en el ámbito judicial. En el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), se señala a Slim como uno de los principales respaldos de Francisco Cervantes, quien busca la reelección al frente del organismo. Según versiones, Slim argumenta que Cervantes es clave para mantener una relación sin conflictos con el Gobierno.
Además, en el ámbito internacional, se menciona que Slim ha contribuido a suavizar la relación bilateral entre México y Estados Unidos, pese a sus tradicionales vínculos con el Partido Demócrata. Por medio de contactos en Wall Street cercanos a Donald Trump, el empresario habría colaborado en gestiones favorables para el Gobierno mexicano.
Entre los beneficios que Slim ha recibido, se incluyen recientes recomendaciones del IFT favorables a América Móvil, emitidas por el organismo regulador en sus últimos momentos antes de su posible desaparición.
