HACE TIEMPO LE contaba las andanzas de la familia Maurer, en especial, de Carlos Maurer Espinosa, hermano del ex diputado local morenista Emilio Maurer.

Y es que después de 20 años de litigio, derivado de un adeudo de 90 millones de pesos al que fueron condenados en juicio, pagaron a la empresa Troy con quita de 60% del adeudo con un terreno.

La propiedad, en la ex Hacienda Tamariz, fue dizque entregada desde 2017, mediante convenio judicial que toda la familia Maurer ratificó ante un juez y que luego se elevó a escritura pública.

Desde entonces, Troy ha librado una batalla jurídica ante los Maurer, que deshonraron el acuerdo, con todo y que un juez de Tepeaca, Puebla, ordenó que la posesión del inmueble lo mantenga el nuevo propietario.

Con el apoyo del entonces finado gobernador morenista, Miguel Barbosa, a través de la Juez de Control Penal, Magally Escamilla, los Maurer le arrebataron en marzo de 2022 la posesión Troy.

Lo hicieron mediante un hechizo, fabricado y apócrifo contrato de comodato que fecharon en julio del año 2015 con duración de diez años y con posibilidad de renovarse.

Falsamente refieren los Maurer que Luis Maurer, no obstante haber firmado el convenio judicial y entregar la posesión a Troy, celebró con Carlos, a través de CME Agropecuaria, un contrato de comodato.

Comodato respecto de ese inmueble, omitiendo en el convenio judicial tal circunstancia, cuando en 2017 entregaron en pago por ese adeudo de 90 millones de pesos la posesión del terreno.

Con base en ese contrato los Maurer denunciaron despojo en contra de los de Troy, intentando vincularlos a proceso, lo que no procedió porque no se pudieron integrar los elementos del delito de despojo.

La consecuencia legal y lógica es que se le debió haber restituido la posesión a Troy, como lo solicitó. Pero infundadamente, tras más de dos años y medio de litigio, se negó la petición.

Tuvo que ver en la negativa y la retención ilegal del inmueble la intervención del magistrado presidente del Consejo de la Judicatura Poblana, José Eduardo Sánchez Hernández.

Así que vaya maneras y formas en cómo se administra la “justicia” en ese estado que gobernará a partir del próximo mes de diciembre el también morenista Alejandro Armenta.

LA CONVOCATORIA DE la compra consolidada de medicamentos para el sector público 2025-2026 comenzó ayer y durará diez días para los siguientes pasos, de tal forma que para diciembre se realice la adjudicación y el 1 de marzo comience la entrega de las 4 mil 454 claves de medicamentos a las 26 instituciones de salud.

El modelo de compra de Claudia Sheinbaum no es nuevo: es el mismo que se utilizaba en el gobierno de Enrique Peña Nieto, con una diferencia de la inclusión, ahora, de nuevas plataformas electrónicas para la optimización y digitalización de la entrega final. Se mantendrá la compra bianual y se realizará el monitoreo y penalización de aquellos laboratorios que no cumplan los compromisos.

Para gremios de fabricantes como Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que preside Juan de Villafranca, el proceso que coordinará el subsecretario de Salud, Eduardo Clark, es una muy buena oportunidad para que se planee con anticipación la demanda de medicamentos, se incluyan las mejores prácticas y se disminuya drásticamente el desabasto de insumos que hoy existe.

LA SUBSECRETARÍA DE Comercio Exterior, que comanda Luis Rosendo Gutiérrez, puso un freno al intento fallido de los fondos buitre, Cyrus Capital Partners y Contrarian Capital Management, por involucrar al Estado mexicano y trasladarle el costo de sus derrotas legales en las cortes estadounidenses.

El comunicado de la Secretaría de Economía, que lleva Marcelo Ebrard, además de reconfirmar que esos fondos buitre operan desde paraísos fiscales como las Islas Caimán, es contundente al señalar que esta controversia “no es imputable al Estado mexicano”.

Incluso retoma que en junio pasado la misma dependencia presentó un Memorial de Objeción, argumentando que estos fondos buitre “no se encuentran legitimados para demandar al Estado mexicano en un arbitraje internacional por no cumplir con los requisitos previstos en el Anexo 14-C del T-MEC y el TLCAN”. De este modo se cae la estrategia de victimización de estos fondos buitre y su intento perverso por obtener cualquier tipo de ventaja ejerciendo presiones contra el Estado mexicano y los poderes judiciales en Estados Unidos y México.

LUEGO DE LA renuncia en la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de la vicepresidenta de Banca de Desarrollo y Finanzas Populares, Esther Ramírez Bernabé, se ha desatado al interior de la Secretaría de Hacienda una lucha por controlar esa estratégica área, encargada de supervisar a las llamadas Sofipos (Sociedades Financieras Populares).

El jefe de asesores de Rogelio Ramírez de la O, Leonel Ramírez Farías, quiere seguir manteniendo para sí mismo el control de todas las áreas del regulador que encabeza Jesús de la Fuente. Pero ante recientes escándalos, como esta demanda que se hizo pública esta semana promovida por ex ahorradores del Banco Famsa, otros funcionarios también del primer círculo del doctor en Economía de la Universidad de Cambridge quieren tomar ventaja sobre esa comisión.

LA FISCALÍA GENERAL de la República, de Alejandro Gertz Manero, licitó la adquisición de uniformes, vestuario y prendas de protección del personal para el ejercicio 2024, mediante el concurso LA-49-830-049000975-N-147-2024.

Resultaron ganadoras en 38 de las 42 partidas contempladas seis distintas razones sociales que deberán proveer insumos como guantes, fajillas, chamarras, pantalones, botas, chalecos, playeras y sacos, igual que conjuntos quirúrgicos en distintos colores.

Los más de 250 millones de pesos que repartió el concurso se dirigieron a las firmas como Creaciones Ferca representada por Citlaly García, Fabritextil García y Asociados de Mónica Paola Orozco, Grupo Comercial Natde de Hugo Hernández, Proveglia de Víctor Manuel Fernández, Wayak Media de Benjamín Rojas, y WALA Servicios México de Tamara Jinich.

EN MEDIO DEL ruido político que campea en el país, la industria mexicana del futbol dio el campanazo al registrar este verano más de 50 transferencias de jugadores por un valor superior a mil millones de pesos, lo que marcó un récord en la Liga BBVA Mx, que capitanea Mikel Arriola.

Esto refleja no sólo la fortaleza financiera de la industria de los 18 clubes de primera división, sino que confirma, además, el carácter de ser una liga netamente compradora de futbolistas y no exportadora, como son los casos de las ligas argentina, brasileña y colombiana, gracias todo a la gran afición que ronda 90 millones de personas.