En la cascada de reformas aprobadas por el Congreso de la Unión en este inicio de legislatura, hay una que se quedó en la congeladora. Se trata, nos hacen ver, de la modificación al artículo 123 de la Carta Magna para elevar a rango constitucional el programa Jóvenes Construyendo el Futuro.
La reforma se aprobó por unanimidad en la Cámara de Diputados el pasado 26 de septiembre y fue enviada al Senado de la República, donde, contrario a lo ocurrido con el resto de las reformas, fue congelada por tiempo indefinido.
Nos comentan que los senadores se percataron de que dicha enmienda debe ser acompañada de un importante incremento de los recursos públicos que se dedican a ese programa, pues de lo contrario sería “letra muerta”.
La reforma, impulsada por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador establece que el Estado debe otorgar un apoyo económico mensual equivalente a, al menos, un salario mínimo general vigente a jóvenes cuya edad fuera de entre 18 y 29 años, y que encontrarán en desocupación laboral y no estuvieran cursando alguno de los niveles educativos.
Alguien en el Senado, por casualidad sí leyó la reforma, y antes de que la aplanadora la avalara, fue enviada a la congeladora.
Arranca la carrera del exterminio
Esta semana se complementará el exterminio de los siete órganos autónomos que Morena desaparecerá, y la aplanadora oficialista tendrá que entrar en una carrera de alta velocidad para lograr que el Poder Ejecutivo la pueda promulgar antes de que termine este mes. Se prevé que el martes se avale el dictamen en comisiones y entre miércoles y jueves, en sesión maratónica, el pleno del Senado lo apruebe. Una vez que eso suceda, en cuestión de horas al menos 17 legislaturas locales deben darle su respaldo, y con ello, el Congreso de la Unión esté en condiciones de hacer la declaratoria de constitucionalidad. La presidenta Claudia Sheinbaum podría promulgar el decreto el viernes 29 de noviembre. De esta manera, en los siguientes 90 días, es decir, a toda prisa y a más tardar el 28 de febrero, se tendrían las leyes secundarias para que diversas dependencias federales asuman la mayoría de las funciones de los organismos eliminados.
Nos aseguran que la primera semana de diciembre la presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá en Palacio Nacional con las madres y padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa, Guerrero, que, a 10 años de la trágica noche de Iguala, siguen exigiendo justicia y castigo a los responsables por la desaparición forzada de los estudiantes. Nos dicen que en los padres hay una esperanza que, a diferencia del gobierno anterior, en la presente administración haya mejores resultados. Ayer los padres y madres de los normalistas tuvieron una reunión preparatoria para el encuentro del próximo miércoles 4 de diciembre. Ya se verá el resultado de este primer acercamiento con la mandataria.
Quien al parecer se prepara no solo para la elección a ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), sino incluso a presidir el alto tribunal, es la ministra Yasmín Esquivel. Nos dicen que una de las promesas que doña Yasmín se ha propuesto cumplir, si ella llegase a la presidencia de la SCJN, es la de eliminar el elevador de uso exclusivo para los ministros y ministras. Nos aseguran que, desde su llegada a la sede de la Corte, la ministra Esquivel no usa el elevador VIP y que siempre utiliza el general que comparte con todo el personal.
Nos comentan que una vez que la extinción de los organismos autónomos sea derecho vigente con el aval del Senado y de las legislaturas estatales, la batalla central en la Cámara de Diputados se centrará en la reasignación de los recursos que esas instancias tenían. El líder de los diputados morenistas, Ricardo Monreal, señaló que se trata de unos 15 mil millones de pesos, nada despreciables hablando del presupuesto. Pero lo que nos dicen, es que la verdadera lucha será por el destino de esa bolsa, por lo que se espera un intenso jaloneo de los diputados, aun siendo del mismo bloque.