HOY EN PALACIO Nacional se firmará la segunda parte del PACIC (Paquete Contra la Inflación y la Carestía), cuya primera versión lanzó en mayo de 2022 Andrés Manuel López Obrador.

A dos años de distancia, el objetivo sigue siendo el mismo: mantener a raya el precio de los 24 productos que componen la canasta básica, cuyo precio ronda los mil 32 pesos y la meta es, incluso, bajarla de 900 pesos.

El fondo del PACIC reloaded es el mismo, más no la forma: en este nuevo emprendimiento cambiaron varias cosas; de entrada, el funcionario responsable de convocar a sus principales actores.

AMLO le dio la responsabilidad a la entonces secretaria de Economía, Raquel Buenrostro; así que la primera reacción de sus participantes fue de extrañeza, porque Claudia Sheinbaum no se lo dio a Marcelo Ebrard.

La Presidenta optó por su secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien a su vez descansó en su Jefe de Oficina, Leonel Ramírez Farías, quien llevó las reuniones y arrastró el lápiz.

Otro cambio en la forma del PACIC 2 que hoy se estará anunciando es la incorporación de los productores, algo que dejó de lado la ex Jefa del SAT y ahora futura titular de la Secretaría Anticorrupción.

Buenrostro dejó caer toda la carga del anterior PACIC en las tiendas de autoservicio, en particular, Walmart, que dirige ahora Ignacio Caride; Soriana, de Ricardo Martín Bringas, y Chedraui de Antonio Chedraui.

Era común ver en la segunda parte del anterior sexenio cómo a las tiendas de autoservicio las crucificaba un procurador del Consumidor, Ricardo Sheffield, todos los lunes, desde la conferencia mañanera.

En esta segunda versión las cadenas comerciales no estuvieron de acuerdo en seguir pagando el pato y presionaron para visibilizar y compartir las denuncias con los productores de esos bienes de la canasta.

Algunos participantes son los atuneros de Tuny, de Antonio Suárez y Grupo Pinsa-Dolores, de Leovi Carranza; los tortilleros de Gruma, de Juan Antonio González Moreno y Minsa de Altagracia Gómez.

Los polleros y hueveros de Bachoco, de Javier Robinson Bours; de San Juan, de Isidro Ávila Lupercio; y de Huevos Tehuacán, de Alfonso Celis; también arroceros, como Valle Verde, de Alfonso Rosales.

Productores de carne, como Sukarne, de Jesús Vizcarra y Grupo Gusi, de Alfonso Ortiz en res; Opormex, de José Zaga y Sigma Alimentos, de Grupo Alfa, de Álvaro Fernández Garza, en el caso de carne de cerdo.

Sin embargo, el aspecto novedoso más importante en esta segunda etapa del PACIC fue la exigencia que se le hizo a Ramírez de la O de que el Estado garantice seguridad a toda la cadena de suministro.

Pega igual a la producción, transporte, distribución y compra en el punto de venta, lo que termina encareciendo la canasta; hay proveedores que se niegan a entregar producto en Tamaulipas, Guerrero y Chiapas.

El secretario de Hacienda les prometió a los autoservicios y productores a que expondría esa inquietud al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch.

El gobierno de la 4T mantendrá la facilidad de la licencia única universal, para abrir cupos para la importación con cero aranceles de alimentos a los comercios que participen en este programa.

LA NOTICIA ES que el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que preside Javier Juárez Mojica, acaba de notificar a Telcel que no encontró elementos de una presunta violación de Altán Redes en sus obligaciones de neutralidad a la competencia, ni tampoco una supuesta influencia de prestadores de servicios.

Recordará que aquí le informamos que la compañía de telefonía celular que encabeza Daniel Hajj denunció a la operadora de la red compartida que dirige Carlos Lerma y preside Anthony McCarthy de violar la ley de telecomunicaciones por vender capacidad a Bait, la empresa de telefonía de Walmart. Las huestes de Carlos Slim también denunciaron al gigante del retail que fundara Sam Walton de ejercer influencia en Altán a través de Bait. La denuncia la presentaron el 8 de enero de este año. El regulador declaró improcedente la petición de aplicar una medida precautoria en contra de la empresa mayoritariamente estatal.

PUES NADA, QUE el proceso de adquisición de los vales de fin de año para los aproximadamente 300 mil trabajadores del gobierno de la CDMX ya se empezó a enturbiar. Resulta que surgió una exigencia para que todos los oferentes cuenten con un convenio de afiliación con la Central de Abasto (CEDA), que dirige Mónica Pacheco, lo que pone en cumplimiento a un solo jugador: Broxel, de Gustavo Gutiérrez. Ya se imaginará cómo cayó ese requisito en Toka, de Hugo Villanueva y Efectivale, de Pedro de la Peña Kuri, que también compraron las bases. Así que las buenas intenciones de manejar una competencia con piso parejo que dejaron entrever los pupilos de Clara Brugada se empieza a difuminar. La bolsa de 3 mil 500 millones de pesos para igual número de chequeras se deberá estar entregando a finales de este mes.

EN 2020, LA Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), a cargo de Santiago Nieto, seguía la pista a David Avayou, a quien se le señalaba de beneficiarse con contratos públicos en Puebla. A finales de ese año el dueño de Interlift y de Transportación Terrestre UNE promovió amparos contra órdenes de detención y bloqueo de sus cuentas bancarias. En medio de esos procesos se reveló que el congelamiento de sus cuentas en Inbursa, de Carlos Slim; Santander, que lleva Felipe García Ascencio; Banco del Bajío, de Salvador Oñate; Citibanamex, que comanda Manuel Romo, y BBVA, que capitanea Eduardo Osuna, derivó de la detección de indicios que permitieron presumir la comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Según la UIF, Avayoy probablemente utilizó el sistema financiero para concretar conductas ilícitas.

PUES AL PARECER la instrucción al interior del IMSS, que dirige Zoé Robledo, es asignar la sitagliptina metformina clave 5703 al distribuidor Marelab, que presentó un registro de fabricación de origen indio. Y es que el Seguro Social lleva ya tres aplazamientos en la adjudicación de esa compra, valorada ligeramente arriba de los mil millones de pesos.

Todos fueron la semana pasada y se supone que hoy debería asignarse el contrato. El Seguro Social está analizando el caso. El punto es que si se lo dan a Marelab, vinculada a la farmacéutica Neolpharma, de Efrén Ocampo, se violarían las bases que señalan acuerdos sólo con países con los que México tiene tratados internacionales.