PESE Y AL CABILDEO desplegado por la 4T sobre dos de los ocho ministros del bloque opositor, hasta ayer por la noche prevalecía la uniformidad para votar la inconstitucionalidad de la Reforma Judicial.

Si en estas últimas horas no sucede nada extraordinario, el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara se aprobará con el voto en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz.

Con ello se dará paso a una controversia constitucional que buscará ser atajada inmediatamente por Claudia Sheinbaum con la disolución del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

El famoso “Plan B” al que se refirió ayer la Presidencia implicaría hacer efectivas, ya, las renuncias de esos ocho ministros; es decir, no esperar hasta el 31 de agosto de 2025, como quedó suscrito.

Acto seguido, Sheinbaum mandaría al Senado ocho candidatos para suplir provisionalmente a los ministros que hoy votarían en bloque, los cuales serían aprobados por la mayoría calificada que tiene Morena.

Estaríamos ante una Corte y un Pleno de once ministros de transición, cercanos a Sheinbaum, que podría estar presidida por la ministra Batres Guadarrama de aquí hasta que se elija la nueva SCJN.

Este lance de la doctora recordaría cuando el entonces Presidente Ernesto Zedillo separó de sus cargos, en enero de 1995, a 25 ministros que integraban la Corte bajo la figura de “jubilación inmediata”.

Una suerte similar correrían Norma Piña, Margarita Ríos Farjat, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Javier Laynez, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Luis María Aguilar y González Carrancá.

En el grueso de la sociedad mexicana, ni mucho menos en la 4T, entendieron la magnitud y el impacto del proyecto del ministro González Alcántara Carrancá.

No solo pasará a la historia como una atrevida e innovadora interpretación constitucional, sino como una verdadera postura conciliatoria que intentó unir a un ya muy dividido México.

El ministro mostró con ese proyecto el temple que a muchos políticos le faltó en estos tiempos, pues mirando a través de las diferencias, identificó al verdadero pueblo de México y no, como ha sido bandera en los últimos seis años, al “pueblo electoral” que dio una victoria al grupo en el poder.

El proyecto identificó los valores que desde 1917 nos identifican como país, que de cambiarse, lo dejaríamos de ser, abandonando e ignorando la lucha que costó miles de vidas para tener una Constitución.

Sea cual sea el desenlace, la historia se genera a partir de documentos y no discursos políticos, de ahí que González Alcántara será recordado por las futuras generaciones como quien intentó conciliar un país a partir del derecho y la razón.

Lo más probable es que su resolución no sea ni para este país, ni para este momento: su trabajo se verá reflejado en el futuro y en el extranjero.

Concretamente en la Corte Interamericana, donde algún día se terminará realmente debatiendo su fondo.

LA SEMANA PASADA el director del SAT, Antonio Martínez Dagnino, recibió una dosis de la nueva realidad que no solo a él, sino para todos aquellos cercanos a Andrés Manuel López Obrador acostumbrados a tratarlo personalmente, está aplicando Claudia Sheinbaum. Y es que el funcionario pidió audiencia con la Presidenta para llevarle un tema. La doctora lo recibió, pero le reviró con, palabras más palabras menos, que para tratar cualquier asunto tenía a un secretario y a un subsecretario de Hacienda (Rogelio Ramírez de la O u Edgar Amador), a cuyas ventanillas debía dirigirse. O sea: como en el caso del embajador estadounidense, Ken Salazar, se acabó el trato directo y todos los funcionarios deberán sujetarse a los conductos institucionales. El nuevo estilo de gobierno.

LE CONTABA QUE quien también recibió una dosis de realidad es la hasta hoy encargada de la dirección de Administración y Finanzas de Birmex, Emma Luz López. El nuevo director Iván Olmos Cansino la despidió la semana pasada por ponérsele al tú por tú en la primera compra de medicamentos. Pero no fue la única. También está saliendo Antonio Flores Villegas, gerente de la dirección que deja Luz, y brazo operador del anterior director, Ramón López Gaytán, cesado por el general Jens Pedro Lohmann por corrupción. También Arimi Rivas Sánchez, gerenta de Comercialización y pareja de López Gaytán, igualmente parte de esa red, lo mismo que Ignacio Cruz Zúñiga y Raquel Cortés, gerente de Adquisiciones y jefa de Compras de Birmex. Limpia total, pues.

LE PLATICABA DE esta reciente visita de Ana Botín a México, en la que no tuvo audiencia con la Presidenta Claudia Sheinbaum, cosa extraña porque pudo ser la primera, a diferencia de las siete pasadas con Andrés Manuel López Obrador. Uno de los temas que más ocupa a la banquera no es solo el litigio de Santander contra las herederas de Roberto Garza Sada. Otro igualmente explosivo y que estuvo cabildeando todo el sexenio pasado, es un fraude de unos 20 mil millones de pesos que involucró inversiones en Certificados Bursátiles que alegremente hizo desde 2014 el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Santander y Actinver, el de Héctor Madero, están por suscribir una primera reestructura de 5 mil 500 millones. Pero el resto se perdió en la tubería de otros vehículos.

EL GOBIERNO DE la 4T accedió a flexibilizar algunos aspectos de la Ley Federal del Trabajo que busca garantizar seguridad social a los repartidores y choferes de Uber, Didi y Rappi. Toda la semana pasada se avanzó sustancialmente con Alejandro Salafranca, titular de la Unidad de Trabajo Digno de la Secretaría del Trabajo. Es muy probable que esta semana se tenga un texto final. Se está adoptando el criterio de que sea un ingreso neto equivalente al salario mínimo mensual lo que califique a una persona como trabajadora y los que no lleguen a ese umbral quedarían como independientes. El ingreso neto mensual sería el resultado de descontar gastos como gasolina, mantenimiento de vehículos y depreciaciones y sobre esa resultante se pagaría la seguridad social.

DESDE 1946 NO se le hacen mejoras ni a la Plaza de Toros México ni al Estadio Azul. Hace tres semanas el alcalde de Benito Juárez, el panista Luis Mendoza, advirtió a los representantes del dueño, Antonio Cosío, que no hicieran eventos simultáneos en los dos recintos y, si lo hacían, debían pagar la seguridad. El América, por ejemplo, cada vez que jugaba ahí contrataba el triple de seguridad. Pero Cosío ignoró las órdenes de la alcaldía, sus abogados jugaron a las chicanas y vino la inevitable clausura. Para que se dé una idea de la indolencia, desde el sábado que le pusieron sellos al estadio y a la plaza, fue hasta ayer a las 15:30 horas cuando los abogados del Grupo Brisas presentaron un escrito.