Un grupo de abogados liderado por Marisol Rivas Contreras, Carlos Zaragoza Cibrián y Francisco Juárez Piña impulsa una consulta popular para que los ciudadanos decidan cómo deben elegirse o designarse a los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, han enfrentado retrasos, negativas y lo que califican como amenazas por parte del Congreso mexicano.
La propuesta fue presentada en septiembre a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Congreso, solicitando a los electores responder la pregunta: “¿Está usted de acuerdo en que la designación de las y los juzgadores sea por votación popular directa, insaculación o mediante carrera judicial considerando méritos, conocimientos y trayectoria?”
Respuestas del Congreso y acusaciones de amenaza
En un principio, tanto la Cámara de Diputados como el Senado rechazaron la propuesta. La Cámara baja argumentó que el tema ya había perdido vigencia, negándoles las constancias necesarias para recabar firmas. Además, en su respuesta citó el artículo 136 de la Constitución, relativo a la inviolabilidad de la Carta Magna, lo que los abogados interpretaron como una amenaza. “Nos contestan con un artículo que habla de rebelión y cárcel. Nos están amenazando”, señaló Marisol Rivas.
En el Senado, el entonces presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, rechazó también la propuesta, argumentando que la materia ya había sido concluida. Ante esto, los abogados interpusieron denuncias ante la Secretaría de la Función Pública por lo que consideraron un exceso en las facultades de los legisladores.
Tras las presiones, el Congreso finalmente entregó la documentación requerida para iniciar la recolección de firmas.
Obstáculos en la SCJN e INE
El proceso también enfrentó retrasos en el INE y la SCJN, ya que ninguna de las instituciones había gestionado antes una intención de consulta popular. En el INE, los abogados reportaron demoras para acceder a la aplicación de apoyo ciudadano necesaria para recabar las firmas, así como falta de capacitación para su uso.
Finalmente, el 15 de octubre, obtuvieron la autorización para comenzar a reunir las dos millones de firmas necesarias, equivalentes al 2% de los electores en la lista nominal. Hasta ahora, han logrado recabar 17 mil firmas.
Plazo para la consulta
El grupo tiene hasta finales de noviembre para alcanzar el objetivo de firmas, de lo contrario, la consulta tendría que posponerse hasta 2026 en lugar de realizarse en 2025.
“Queremos que los ciudadanos tomen esta decisión porque el Poder Legislativo y la Presidencia no han hecho caso a las suspensiones ni a los amparos. Si no logramos juntar las firmas a tiempo, seguiremos trabajando para que la consulta se realice”, concluyó Rivas.
