La propuesta de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara presentada ayer puede ser la fórmula para acabar con la incipiente crisis constitucional que se avizora en el país, es una salida para el propio gobierno federal, pero también para la gran mayoría del Poder Judicial.

En una apretada síntesis, el ministro González Alcántara dice que la Corte sí tiene facultades para revisar acciones de inconstitucionalidad contra reformas a la Constitución. Pero en su parte nodal no propone invalidar toda la reforma judicial: invalida la elección por voto popular de jueces y magistrados y valida la de ministros de la Corte, de integrantes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del nuevo Tribunal de Disciplina. Mantiene la estructura del Consejo de la Judicatura (en el que el oficialismo tiene mayoría de consejeros), pero por sobre todas las cosas preserva la carrera judicial de miles de ministros, magistrados y trabajadores del Poder Judicial, los mismos que siguen en paro y cuya elección en junio próximo sería, por lo menos, tortuosa.

Si la política es el arte de lo posible, lo propuesto por González Alcántara es eso: una salida posible a la crisis, que, además, según versiones que corrieron en la tarde de ayer, estaría sostenida por la renuncia a sus cargos de, por lo menos, siete ministros de la SCJN. Es una salida porque el gobierno cumple uno de sus objetivos: cambiar a los ministros de la Corte, establecer el tribunal disciplinario y desde allí realizar una reforma profunda del Poder Judicial. Es una salida que preserva la autonomía de un nuevo Poder Judicial, porque jueces y magistrados prosiguen su carrera judicial al tiempo que, si se quiere hacer una depuración institucional basada en las leyes, ésta podrá realizarse desde el nuevo Tribunal de Disciplina. Para los trabajadores, magistrados y jueces es una garantía de estabilidad y también lo es para la sociedad. Seguir el curso actual implica no sólo una crisis constitucional, sino también el riesgo de que durante muchos meses no tengamos un Poder Judicial que simplemente funcione.

Para encontrar una salida, una solución es viable, se requiere simplemente de voluntad política y de avanzar en ella. La otra opción es encerrarse en una burbuja, esperando que el día de mañana no estalle. La primera reacción del líder de Morena en la cámara de diputados, Ricardo Monreal, es completamente apresurada, descalificando la propuesta de González Alcántara, calificándola de “bárbara e ilegal”. No es ni una cosa ni la otra: es una propuesta sensata que si en el gobierno federal la analiza con la cabeza fría es la que les permite avanzar en forma notable en sus objetivos, dejando de lado los aspectos más dañinos y controvertidos de la reforma judicial.

Si de verdad lo que se quiere es realizar una verdadera reforma al Poder Judicial, manteniendo la certidumbre y la confianza, esta salida es viable. Se elegirían nuevos ministros, nuevos integrantes del TEPJF y del nuevo tribunal de disciplina y desde allí se puede orientar una reforma gradual y con sensatez, sin detonar todo el sistema. La otra opción, como decíamos, es la cerrazón, es avanzar hacia un triunfo pírrico obtenido por la fuerza política y no por la razón, con consecuencias para la sociedad y para la propia administración de Sheinbaum.

La salida está en las manos, en la voluntad política de la presidenta Sheinbaum, que puede ganar mucho, perdiendo muy poco.

• SICARIOS DEL EXTRANJERO

De lo sucedido en Tecpan de Galeana, en el enfrentamiento que dejó 19 muertos, se desprende un dato duro inocultable: cada vez son más los sicarios provenientes del extranjero para operar en México. De los once detenidos en Tecpan, once eran extranjeros, provenientes de Guatemala y El Salvador. No hay información sobre la nacionalidad de los 19 fallecidos, en parte porque la mayoría no han sido identificados.

Por supuesto que hay muchos jóvenes que son migrantes o arrancados de sus comunidades, jóvenes que han sido secuestrados, coercionados o convencidos de integrarse a grupos criminales. Pero hay también muchos sicarios que dejaron sus países para operar en el nuestro, sobre todo provenientes de Colombia, Venezuela, El Salvador y Guatemala, en parte para superar la sangría que sufren esas organizaciones criminales.

De Colombia hay sicarios ligados a los cárteles locales, pero muchos otros provienen de los grupos de las FARC que no se integraron a la vida política, además del ELN y de los antiguos grupos paramilitares. De Venezuela hay cárteles que ya están operando en México, como el del Tren de Aragua, y exmilitares que trabajaron con los cárteles locales y colombianos. De El Salvador son muchos los que vienen de las Maras, que están huyendo de la férrea política de seguridad que ha implementado el presidente Bukele, pero también, desde hace años, hay exguerrilleros del FMLN que dejaron la política para convertirse en criminales (su participación fue notable, sobre todo en secuestros de alto impacto). De Guatemala, desde los tiempos de los Zetas, han participado sobre todo exmilitares, los llamados kaibiles, expertos en contrainsurgencia, en entrenamiento y operaciones de grupos criminales.

Entre muchas otras, ésta es una razón más para recuperar el control de la frontera sur. Ningún país puede garantizar su seguridad si pierde el control de su frontera, si no sabe quién entra y quién sale, si no sabe del movimiento de las cosas y las personas. Hoy, ese control de nuestra frontera sur está, en parte, perdido.