No es golpe de Estado, ni duro ni blando; tampoco aguado. Es un tiro de gracia dado por el propio Poder Judicial. Sí, de parte de los elementos afines a Morena por lo pronto. Es un “Coup de Grâce” —con cero gracia— del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).

No es tema menor que el CJF, máximo órgano de administración y disciplina del Poder Judicial, entregara las listas de quienes se someterán a voto popular en 2025, cuando existen al menos 70 suspensiones vigentes. Que el mismo Poder Judicial no acate las suspensiones permite vislumbrar la crisis constitucional e institucional que hay en el país.

Ahora ya podremos decir: ¡Adiós Estado de Derecho!, pues con la acción del Consejo de la Judicatura se ha instalado el desacato como norma. Poco importarán las sentencias de los mismos jueces si el CJF o cualquier otra autoridad incompetente en la materia decide no acatar ni la ley ni las sentencias. No se han dado cuenta los impactos que tendrá su decisión.

Pongamos un ejemplo: ¿qué sucede si un juez resuelve la liberación inmediata de un preso y se da el desacato? Esto es, otra autoridad del mismo Poder Judicial decide que no otorga la libertad inmediata y decide que, sin importar la sentencia,
ni la ley, ni las pruebas, el preso debe continuar privado de su libertad. ¿A qué otra instancia se recurre si el que desacata es el mismo Poder Judicial? La presunción de inocencia, las garantías individuales, el debido proceso desaparecen.

Dejará de existir el Estado de derecho, se instalará la ley del desacato o del más poderoso, del más lambiscón, de quien suelte más dinero o tan solo de quien por capricho o bilis señale que la sentencia de un juez, conforme a derecho, no tiene lugar.

Tristemente no exagero, el mismo CJF ha dinamitado la última instancia que es el poder judicial mismo que ha podido fungir como órgano límite del Estado. Esto es, el que se desempeña como custodio de la Constitución y puede/debe coadyuvar tanto a mantener la división de poderes como a que ningún órgano pierda su autonomía.

Los mecanismos como el juicio de amparo, las acciones de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales y las diversas jurisprudencias al respecto, son los procedimientos con los que el Poder Judicial puede limitar los abusos, desconocimientos o extralimitaciones de los otros poderes.

Además de poder garantizar a cualquier habitante de nuestro país (no es necesario que sean ciudadanos y existen amparos que benefician a menores de edad), una posible defensa en contra de actos de autoridad. Ahora, tanto con la reforma como con el desacato del CJF, el Estado de Derecho y esa equidad/justicia que ofrecía el Poder Judicial desaparecen.

La cereza del pastel de este desaguisado la vuelven a ofrecer los asesores de la presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han enviado al poder legislativo iniciativas mal redactadas que ofrecen peores resultados. Errores no solo de técnica legislativa, también de fondo que harán un intríngulis de lo que viene, donde tendremos incompetencias, jalones, mayor corrupción y sí, una nula impartición de justicia.

¿A quién le conviene que la presidenta Sheinbaum no tenga ninguna reunión con los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación?, ¿a quién le conviene acendrar las diferencias? Ni a ella ni a la ministra Norma Piña.

En esta debacle del Estado de Derecho, el primero en perder será el país, también los poderes y sus cabezas; pero también habrá muchos que ganarán a la mala, o a la peor. El tiro de gracia dado por el CJF es una muestra de ello.

Tres en raya

El agandalle y la trampa de Morena con el articulado sobre la elección de los jueces y magistrados. Siempre no va a ser una elección libre, justa y secreta. Pues como quedó la legislación aprobada en cuanto a la selección de candidatos, ya no será vía comités de evaluación sino que se modificó en la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, artículo 500, numeral 8, la facultad de vetar candidatos. ¿Así, o más dirigida y decididos quienes serán los próximos “jueces”?