Según la presidenta Claudia Sheinbaum, no ha sido notificada de la suspensión definitiva que ordena la eliminación de la reforma judicial en el Diario Oficial y por lo tanto no se encuentra en desacato. Además, denunciará a la jueza que emitió la orden por “irregularidades” y cuestionará si una juzgadora tiene la autoridad para tomar estas decisiones. Aunque advirtió que podría presentar un juicio político, aseguró que no intervendrá en el asunto.

Sin embargo, la presidenta de la Corte, la ministra Norma Piña, declaró que tanto autoridades como ciudadanos deben cumplir con las leyes para mantener el respeto a la democracia, al Estado de derecho y a la división de poderes que caracterizan un Estado constitucional. Piña también mencionó que la reforma judicial politiza la justicia y pone en riesgo los derechos humanos en México.

Especialistas constitucionalistas alertaron sobre la posibilidad de una crisis constitucional si el Poder Ejecutivo no acata las resoluciones del Poder Judicial, como en este caso al rehusarse a eliminar la reforma del Diario Oficial. También señalaron que la falta de leyes secundarias o transitorios previos a la reforma es una consecuencia grave.

La jueza del estado de Veracruz, Nancy Juárez Salas, ordenó a la presidenta Sheinbaum y al director del Diario Oficial de la Federación, Alejandro López González, eliminar el decreto de reforma judicial emitido en septiembre por el expresidente Andrés Manuel López Obrador en un plazo de 24 horas. Los especialistas destacaron que es responsabilidad de los tribunales judiciales emitir resoluciones y que se espera una decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En conclusión, se espera que se resuelva este conflicto en el marco legal y constitucional y que se acate la orden judicial para evitar una posible crisis constitucional en México.

Javier Martín Reyes, integrante del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, expuso que no cumplir con una resolución judicial es incluso constitutivo de delito, pero no sólo están amenazando con incumplir con las diversas suspensiones que ya se han dictado por distintos jueces. “Lo que están señalando, si hay una sentencia adversa de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es que no van a cumplir con esa determinación. Eso sí nos pone en crisis constitucional o al borde de una crisis constitucional. No es una actuación acorde con un gobierno democrático”, afirmó. Añadió que un gobierno democrático cuando no está de acuerdo con una determinación primero la acata y luego la impugna, pero el Ejecutivo dejó ver que no planea acatarla.

Refirió que quien tiene la última palabra es la Corte, que es la que debe interpretar la ley.

“La Corte es quien debe decidir, pero el oficialismo está diciendo que no va a cumplir, es gravísimo. ‘Yo solo te voy a cumplir cuando me guste tu sentencia, cuando yo considere que está correctamente dictada’, Ese mensaje están enviando”, sub- rayó Martínez Reyes.

Por su parte, Juan Jesús Garza Onofre, también investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, comentó que en las últimas semanas se ha visto en el país algo que no es normal en una democracia, pues los escenarios van cambiando día a día.

“El Ejecutivo mandó el mensaje de que la política está por encima del derecho”, aseguró.