Si la Corte desecha la Reforma Judicial y la 4T no acata el fallo, habría un golpe al orden constitucional. Esto es lo que advierten algunos sectores de la oposición en medio del debate sobre la legalidad de la reforma impulsada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.

Mientras los distintos actores políticos continuaban discutiendo en los medios y en los tribunales sobre la viabilidad de la reforma, el ex senador panista Roberto Gil Zuarth sorprendió al anunciar su candidatura para ocupar un puesto en la próxima conformación de la Suprema Corte.

Gil Zuarth concedió una entrevista a La Política Online en su oficina, en la que defendió su estrategia de enfrentar la reforma a través de las elecciones de jueces, magistrados y ministros, un terreno planteado por el propio oficialismo en el marco de la reforma.

Algunas voces podrían acusar a Gil Zuarth de avalar la reforma al aceptar una candidatura para la Corte. Ante esto, el ex senador aclaró que siempre ha sido crítico de la reforma y que no es la solución que México necesita. En su opinión, esta reforma no aborda el problema central de acceso a la justicia, no mejora la calidad del servicio público y no contribuye a pacificar los conflictos en el país.

Según Gil Zuarth, la reforma tiene como objetivo principal resolver el conflicto entre la democracia -como regla de la mayoría- y la supremacía de la Constitución, que restringe el poder de la mayoría. Este conflicto se hace evidente cuando once ministros pueden revertir la voluntad del pueblo en una democracia mayoritaria.

El ex senador también señala tres problemas que se han mezclado en este debate. El primero es la falta de formalidad en la toma de decisiones políticas, como se ha visto en la emisión de decretos presidenciales como la austeridad y la derogación de la reforma educativa.

El segundo problema es la falta de diálogo con las fuerzas opositoras en el Congreso, lo que ha generado conflictos políticos en la implementación de políticas públicas. Esto ha llevado a que muchos problemas no resueltos en la creación de leyes y reformas hayan sido trasladados a la Corte a través de litigios estratégicos, como se vio en la ley de la industria eléctrica.

El último punto de Gil Zuarth hace referencia a cómo algunos partidos de oposición han llevado su descontento por la falta de diálogo a la Corte, sobrecargando a este órgano y obligándolo a enmendar políticas públicas de la actual administración. Además de revisar la constitucionalidad de las leyes y su impacto en las competencias de entidades federativas y órganos autónomos, la Corte ha recibido una gran cantidad de casos relacionados con litigios estratégicos de la oposición.

-En muchos países este proceso que describe se resume en los conceptos de la judicialización de la política y la politización de la justicia.

-Sí, son debates contemporáneos. De hecho, conforme estos regímenes fueron acentuando sus mayorías se ha venido discutiendo la legitimidad de los tribunales constitucionales para proteger a las minorías y contener a las mayorías. Esto no es nuevo y ahí están muchos países que tienen ese mismo problema.

Al final de cuentas, los regímenes hipermayoritarios cuestionan los elementos sustanciales de la democracia liberal y la democracia liberal implica mayorías temporales, sí, con cierto poder de decisión, pero también con un espacio que no puede ser decidido ni siquiera por esa mayoría. Es de alguna manera el coto vedado: la estructura esencial que tiene la constitución y que es garantizado por el tribunal constitucional.

No todo está perdido. Las elecciones son una oportunidad para disputar palmo a palmo el poder. El sistema electoral conforme lo diseñaron da enormes oportunidades para ganar, para que llevemos a buenos jueces y magistrados.

Estamos en ese problema político. Insisto en que estoy en desacuerdo con la reforma judicial. La he criticado pública y abiertamente. Ahora bien, también creo que ya son las reglas del juego.

En ciertos sistemas políticos a esas reglas del juego hay dos maneras de enfrentarlas. Un primera opción es desde la negación, es decir no aceptando que son legítimas, que son válidas y vinculantes. En ese caso se asume una lucha más en el desconocimiento, en una suerte incluso de abstención para no validarlas ni siquiera en lo mínimo.

La otra opción es la lucha que emprendes para cambiar las reglas desde la propia legalidad imperante. Esta decisión México ya la vivió. Hoy López Obrador no sería presidente de México si no hubiese habido generaciones que tomaron la ruta de enfrentar la legalidad injusta con participación precisamente para cambiar la ley.

-¿Se refiere al PAN, por ejemplo, que se presentaba a la elección aunque al mismo tiempo denunciaba que estaban definidas de antemano?

-Sí, por ejemplo el PAN, pero también una parte de la izquierda. Hay dos ejemplos que han tenido éxito: la larga travesía del PAN con esa tradición que estableció o resolvió el dilema participando, denunciando las leyes injustas, ganando terreno. A medida que iba aumentando su representación en el poder, iba presionando más para cambiar esas reglas. Y eso fue una parte de la aportación que hizo el PAN como bienes públicos a esa transición democrática.

La única manera de visibilizar los problemas de una legalidad injusta es debatiéndola. Por ejemplo, hoy no tendríamos credencial de elector con fotografía si hace 50 años candidatos de oposición no hubiesen denunciado que votaban los muertos.

Pero también hubo lo que yo llamo la actitud democrática de la izquierda, cuestionaba las reglas, que eran injustas, inequitativas, que había árbitros capturados por el propio gobierno, pero había que participar, había que desafiar el status quo, asumir una competencia y un combate democrático en el seno de las elecciones y, frente al resultado, cuestionar lo que fue indebido y plantear la modificación de lo que debe ser corregido.

Quiere decir que no todo está perdido. Las elecciones también son una oportunidad para disputar palmo a palmo el poder. El sistema electoral conforme lo diseñaron da enormes oportunidades para ganar, para que llevemos a buenos jueces y magistrados y ministros a defender, desde dentro, la propia constitución con las reglas de la reforma judicial.

-La pregunta ineludible, entonces, sería: ¿Qué garantías tendrá usted -o el resto de los candidatos no alineados con el gobierno- de que efectivamente podrán acceder a ese “adentro” para poder ir modificando las cosas que se consideran mal?

-Como decíamos hace muchos años: el objetivo es complejo, la meta se ve difícil, el camino es cuesta arriba. Yo no quiero que esto parezca como esta aventura quijotesca de un opositor que está pretendiendo arrebatarles lo que ya está decidido. Si ya está decidido, lo vamos a ver en el camino y también debe ser motivo de denuncia eso que ya está decidido.

Soy de los que creen que la única manera de visibilizar los problemas de una legalidad injusta, inequitativa, es debatiéndola. Por ejemplo, hoy no tendríamos credencial de elector con fotografía si hace 30, 40 o 50 años candidatos de oposición no hubiesen denunciado que votaban los muertos. Lo mismo podemos decir ahora.

En las leyes secundarias se estableció que el INE va a determinar cuántos votos podrá disponer cada ciudadano. Dicho de otro modo, cada ciudadano no podrá votar en cada elección de juez, magistrado o ministro, sino que deberá elegir en cuál de todas las contiendas participa con sus votos. ¿Esto fortalece el voto corporativo o de estructuras partidistas?

-Esa es la segunda razón por la que me he presentado. No solamente es una aspiración personal, también hay un propósito específico. Si esta es la legalidad que va a imperar hacia adelante, tenemos que organizar de mejor manera a la sociedad. A quienes no creen en este modelo, a quienes han sido lastimados por la reforma, a quienes van a ser excluidos, a quienes vemos con preocupación porque pensamos que nos podemos quedar sin Poder Judicial o que se va a convertir esto en una extensión del partido oficialista. Es la oportunidad para formar cuadros y para generar una nueva conciencia.

Me gustaría recordar que a esta reforma la preceden tres derrotas. La primera derrota fue político-electoral, porque la reforma se presentó el 5 de febrero del 2024 y muchos de nosotros creímos que era tan insensata que no teníamos que ni discutirla. Prácticamente pasó en silencio. No se fijó posición, no hubo una movilización. Y aquí estamos.

Si la Corte desecha la Reforma Judicial y la 4T no acata ese fallo, estaríamos antes una ruptura del orden constitucional por la vía de una rebelión no armada.

La segunda derrota fue jurídica y fue cuando no se pudo parar la sobre representación. Y la tercera derrota que explica la reforma fue parlamentaria, cuando no se pudo sostener un voto -el de Yunes- que hubiese impedido que se alcanzaran las dos terceras partes en el Senado. Fue una derrota que un tránsfuga se cambiara de partido para hacer posible esa reforma.

Mi pregunta es: ¿Vamos a permitir que se dé la cuarta derrota en la defensa de uno de los pilares de la república simplemente porque no vamos a ir al pelear este partido?

-Algunos sectores de la oposición esperan que la Corte tire esta reforma. ¿Qué posibilidades observa usted de que eso pase?

-Yo me adscribo en la postura que cree que la constitución tiene un núcleo esencial, un coto vedado, como diría Ernesto Garzón Valdés, o una esfera de lo no decidible: lo que no puede ser modificado ni siquiera por el Poder Revisor de la Constitución. Una estructura básica, como dicen algunos teóricos.

Yo sí creo que hay cláusulas intangibles en nuestra Constitución y no solamente me refiero a los derechos consignados en el artículo 29, que no pueden ser limitados ni siquiera en el estado de excepción; sino también de una lectura escrupulosa del principio de inviolabilidad de la Constitución, artículo 136. Es decir, sí creo que hay un núcleo que no puede ser muy fiel.

El poder revisor de la Constitución es un poder constituido por el constituyente, que es el que tiene la legitimación originaria, fue electo por una asamblea electoral en el año de 16-17 y ese acto constituyente decidió una constitución y, además, nos hemos abierto al paradigma de los derechos fundamentales por una decisión del poder revisor de la constitución y eso implica el cambio de las fuentes de validez.

¿Y quién resolvería si la 4T no acatara un fallo desfavorable de la Corte? Nadie, porque estamos en una situación de facto, no hay un tercer árbitro para una situación como esa. ¿Quién decidirá? El pueblo.

No creo que el poder revisor de la Constitución puede restringir derechos fundamentales por simplemente el principio pro-persona y también por el principio de no regresividad. Todo aquello que la persona gane en términos de dignidad, autonomía y libertad no puede ser sacrificado, disminuido o menoscabado por un poder constituyente.

Y la reforma como está planteada implica no solamente la pérdida de derechos laborales, sino también el menoscabo de una de las garantías fundamentales, que es la independencia que nos permite a todos ejercer nuestros derechos de libertad y también de igualdad en las condiciones de acceso al poder público.

-Supongamos que la Corte invalida la reforma. Y supongamos que la 4T no acata esa invalidez y avanza con la elección de jueces. ¿Qué ocurre cuando sucede este choque de poderes?

-La Constitución es muy clara porque prevé su propia garantía de estabilidad. Para mí, desacatar una sentencia del Tribunal Constitucional no tiene otra forma de denominarse que una ruptura del orden constitucional por la vía de una rebelión no armada. El 136 es muy claro: cuando se interrumpe el orden constitucional por una rebelión -pensaba en los cuartelazos a principios de siglo- la Constitución se interrumpe, pero una vez que se logra establecer su vigencia la Constitución retoma sus poderes e, incluso, pueden ser castigados aquellos que hayan sido parte de la rebelión.

Puede haber una rebelión armada o puede haber una rebelión no armada. A mí juicio desacatar una sentencia en tribunal constitucional implica activar el supuesto artículo 136. ¿Y quién resuelve? Nadie, porque estamos en una situación de facto, no hay un tercer árbitro para una situación como esa. ¿Quién decidirá? El pueblo. Si esa decisión de desacatar es eficaz y, como decían los clásicos, permite imponer una nueva constitución, la constitución que surja de ese desacato pues tendremos otra constitución pero no será la de 1917.

Esa crisis constitucional ya es otra cosa. No es una disputa en términos de interpretaciones jurídicas. Es el colapso del sistema porque el sistema constitucional hoy vigente establece que, si la Corte decide por ocho votos expulsar del ordenamiento una norma general, por más cuestionable que sea el criterio por parte de los destinatarios, se tiene que cumplir.

– Quiere decir que si la Corte desecha la Reforma Judicial y la 4T no la acata, ¿usted consideraría que esto sería un golpe de Estado?

-Es un golpe de la constitución, sin duda. El desacato de una resolución judicial votada por ocho ministros de la Suprema Corte en una acción de inconstitucionalidad es un golpe a la Constitución.

Es una resolución que interpreta la Constitución, que define los alcances de la Constitución y no puede estar sujeta a valoración unilateral su resolución, su cumplimiento, su obediencia. Si un poder público frente a esa decisión dicen “no la acato”, se ha roto el orden constitucional porque la sentencia de la Suprema Corte se integra a la constitución como parte integrante de la constitución, de su corpus, y vincula a los poderes.

Si el desacato implica que esa sentencia no entra a la constitución, al parámetro de validez de la constitución, significa que se ha desconocido una decisión de un órgano y eso implica la ruptura del orden constitucional. Eso significa que estamos en un escenario estrictamente fáctico.

– Dos de los miedos más difundidos sobre esta reforma son la posibilidad de que en los distritos judiciales pueda haber infiltración del crimen organizado y, por otro lado, que el Poder Judicial quede supeditado al Poder Ejecutivo de turno. ¿Cree que esto es así?

-Las últimas elecciones han mostrado la enorme implicación del crimen organizado en las elecciones. No nada más las últimas, recordemos Tamaulipas, Michoacán y Sinaloa. Hay resoluciones judiciales al respecto, no es especulación. Si bien resolvieron que no había un efecto determinante, sí se valoraron elementos de prueba en el sentido de la presencia, de la intimidación y demás.

Las últimas elecciones han mostrado la enorme implicación del crimen organizado en las elecciones. Y los partidos no estarán el día de la jornada electoral… El riesgo es atómico.

Vimos, además, una evolución de la forma de intervención del crimen organizado. Antes lo hacían por la lógica de la intimidación: unas camionetas con personas armadas irrumpían en el día de la jornada para que la gente no saliera a votar. Ahora vimos con cierta evidencia cómo en algunos lugares del país el crimen organizado se apropiaba de la casilla, sustituía a los representantes, sustituía a los funcionarios, marcaba los votos. Hay casillas zapato que fueron anuladas, como en Michoacán. Eso está ahí.

Pero agreguemos algo. La reforma judicial excluyó a los partidos políticos de la participación en el proceso, fundamentalmente en las tareas de vigilancia. Las casillas no tendrán representantes de los candidatos, ni de las organizaciones vinculadas a los candidatos. Los partidos no estarán el día de la jornada electoral. Entonces, si ya sabemos el modo de comportamiento del crimen organizado sumémosle el factor de la soledad, del vacío en la función ciudadana de la vigilancia de las casillas… El riesgo es atómico.

¿Y con la independencia del Poder Judicial?

-También existe ese riesgo. Por eso he insistido mucho en que no solamente hay que presentar las candidaturas, sino también hacer una agrupación política nacional que permita apoyar, respaldar a algunos jueces y magistrados y visibilizar a los malos jueces y magistrados. No pueden participar los partidos políticos, nada dijeron de las agrupaciones políticas. Es una figura del derecho electoral que nos permite no solamente crear una plataforma estable, institucional y permanente para participar en este tipo de elecciones judiciales; sino, también, implica poner a disposición de esos jueces y magistrados conocimiento, capacitación, comunicación política, realización de foros, defensa legal, litigio estratégico. Es parte también de lo que vamos a hacer. ¿Están restringidos los partidos? Sí, pero no tenemos ninguna restricción por esta vía.

-Algunos analistas aseguran que López Obrador fue astuto al haber cargado con el peso de la reforma y haberla liberado de presiones a Sheinbaum, pero hay otros que dicen que, en realidad, le marcó la agenda del inicio de su Presidencia. ¿Qué lectura hace usted?

-Esto fue la invención de un problema inexistente. Una reforma que se plantea como un manotazo presidencial frente a la oposición que no quiso colaborar con las reformas del famoso Plan A o el Plan B. Se atropellan todos los tiempos, no solamente de aprobación, sino de implementación. El tamaño de esta reforma no se midió con claridad. Se avienta la reforma sin recursos, sin leyes, sin un diálogo relativamente razonable con el INE para ver si pueden o no pueden organizarla y cómo la van a organizar.

Se aventó una bomba de tiempo porque si esta elección sale mal, quien va a pagar las consecuencias no va a ser López Obrador, va a ser la presidenta Sheinbaum. Porque ella abrazó esta reforma cuando pudo haber tomado con mucha cautela, pensar y analizar qué reforma judicial quería suponiendo, incluso, los mismos elementos de elección popular.

AMLO le aventó una bomba de tiempo a Claudia porque si esta elección de jueces sale mal, quien va a pagar las consecuencias no va a ser López Obrador, sino la presidenta Sheinbaum.

Sin un presupuesto claro, en un entorno de mucha incertidumbre, con la elección de Estados Unidos en el horizonte y una serie de variables que están, por lo menos, tensando su primer año de gobierno cuando ella debería ganar credibilidad. Lo peor de todo es que se generó tanta expectativa con respecto a la reforma, que todo lo que le pase a la reforma va a ser una derrota de Claudia. Si por alguna razón hay que matizarla, será derrota. Si por alguna razón hay que abandonarla, derrota. Si sale mal la reforma, derrota. Si aparecen jueces vinculados con el crimen, derrota. Si sale a votar el 9% o 8% de la población, derrota. Si hay alguna represalia en el sistema internacional contra esta reforma por la incertidumbre en las inversiones, derrota.

¿Cuál es la ganancia en el mejor escenario? Un proceso electoral con 60 millones de personas participando, eligiendo a ministros por 30 millones, una fiesta democrática, diciendo por fin alguien, un movimiento, entendió que el poder judicial también es nuestro. Todo lo que no se mueva en esa lógica, es derrota.