Mientras Morena en el Congreso utiliza su aplastante mayoría para modificar la Constitución y blindar sus reformas contra cualquier recurso de impugnación ciudadana o constitucional, los gobiernos federal y de la Ciudad de México lanzan una campaña de amedrentamiento, amenazas y represión en contra de los trabajadores judiciales a los que amagan con descontarles su sueldo si no levantan el paro y regresan a trabajar, al mismo tiempo que les mandan operativos policiacos para cercarlos y encapsularlos en sus protestas contra la reforma al Poder Judicial.

Primero fue la presidenta Claudia Sheinbaum, la misma que inició su carrera política haciendo un paro en la UNAM, la que sugirió que a los trabajadores del Poder Judicial federal les deberían descontar su salario si no se presentan a trabajar por el paro laboral que mantienen desde hace casi dos meses en rechazo a las reformas judiciales. “Si están en paro, ¿por qué siguen recibiendo salario?. Porque algunos casos sí los tratan y otros no. Y segundo ¿por qué están percibiendo su salario si están en paro? Cuando un trabajador o trabajadora se va a paro, de acuerdo con la Ley Federal del Trabajo, no recibe su salario, entonces sería muy bueno que le contestaran al pueblo de México”, dijo el pasado 21 de octubre la mandataria.

Y como si se tratara de una orden que tenían que cumplir, dos días después, el 23 de octubre el ala morenista del Consejo de la Judicatura, que tiene mayoría de votos en ese órgano, determinó ordenar a los trabajadores judiciales que pusieran fin a su paro de labores y los amenazó con descontarles el salario a todos aquellos que no se presentaran a trabajar a partir del pasado viernes 24. Los consejeros Bernardo Bátiz, Celia Maya, Verónica de Gyves y Sergio Javier Molina Martínez hicieron mayoría para obligar a los trabajadores a regresar a sus labores bajo amenaza de descontarles los días que no se presenten a laborar. Fueron los mismos consejeros afines a la 4T que traicionaron al Poder Judicial al entregar las listas de jueces que dio pie a la vergonzosa tómbola de Morena en el Senado para despedir a jueces y magistrados.

Para completar el cuadro de intolerancia de los gobiernos de Morena a las protestas contra la Reforma Judicial, la Jefa de Gobierno de la CDMX, Clara Brugada, y su secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, ayer mandaron a sus policías antimotines (esos que supuestamente ya no existen, pero que cuando ellos quieren siguen reprimiendo en la capital) a encapsular y aislar a los trabajadores judiciales que protestaban afuera del Autódromo “Hermanos Rodríguez” en donde se llevaba a cabo el Gran Premio de México de la Formula 1 de automovilismo.

Justo en el evento que en algún momento la actual presidente Sheinbaum intentó cancelar cuando era Jefa de Gobierno, porque decía que se trataba de un “evento fifí”, la policía capitalina se mostró no sólo intolerante sino agresiva en contra de jueces y magistrados que acudieron a la protesta y, con un impresionante operativo de policías armados con escudos y toletes comenzaron a empujar y a aislar a los manifestantes para que no molestaran con sus consignas y protestas pacíficas a los asistentes al evento de automovilismo.

La imagen que ayer circuló profusamente en redes sociales, donde se ve a más de 60 antimotines rodear a 2 mujeres juezas que protestaban con un megáfono, confirmó que los gobiernos que se dicen “de izquierda” de Morena, tanto a nivel federal como en la Ciudad de México, ya se olvidaron de que ellas –tanto la doctora Sheinbaum como la Jefa Clara Brugada– vienen justo de la lucha callejera y universitaria, de los paros estudiantiles y las marchas y protestas con las que lo mismo bloqueaban calles, plazas públicas y avenidas, que paralizaban universidades, para exigir sus demandas, pero ahora se han convertido en gobernantes intolerantes, indolentes o represoras contra los trabajadores judiciales o contra madres buscadoras o marchas de mujeres feministas.

Ayer tanto el Consejo de la Judicatura Federal, en voz de su presidenta, la ministra Norma Piña, como la Asociación Nacional de Jueces y Magistrados de Circuito (Jufed) condenaron y reclamaron por las acciones policiacas que empujaron y encapsularon a los trabajadores del Poder Judicial para minimizar su protesta y evitar que fueran escuchados por los asistentes al evento de la Formula 1. “(Las juezas) fueron retenidas por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX violentando su libre derecho, en forma pacífica, a la expresión pública”, se afirmó en un comunicado de la Judicatura.

La ministra Piña reiteró su disposición al diálogo con los otros poderes, pero rechazó cualquier forma de represesión de las autoridades. “El ejercicio de los derechos constitucionales que todas las personas tienen, como lo es la libre manifestación de ideas, constituye uno de los pilares para preservar la convivencia y la paz social”.

Mientras tanto la Jufef exigió a las autoridades federales y locales a respetar el derecho a la libre manifestación de sus integrantes y de activistas y rechazó lo ocurrido afuera del Gran Premio de México. “Utilizar la violencia institucional en contra de dos juezas que, conjuntamente con personal jurisdiccional se expresaban pacíficamente en el Autódromo Hermanos Rodríguez, en la defensa de los derechos de los integrantes del Poder Judicial de la Federación afectados por la reforma judicial, refleja el incremento de la Intolerancia gubernamental, lo que contradice los principios democráticos que dice enarbolar”, denunciaron.

Así que mientras en el Congreso los morenistas, de la mano de sus autoritarios e intolerantes lideres como Adán Augusto López y Ricardo Monreal se endurecen cada vez más y modifican la Consitución en aras de una supuesta “supremacía” con la que quieren blindar a su partido y a sus gobernantes que ningún otro Poder, especialmente el Judicial, ni ningún otro mexicano pueda impugnarlas o denunciar abusos de poder o violaciones de derechos humanos en sus reformas constitucionales, en el Gobierno la presidenta Sheinbaum, la Jefa de Gobierno y los gobernadores morenistas adoptan cada vez un rostro más autoritario e intolerante contra todo aquel o aquellos que disientan de sus acciones, decretos o políticas.

Y no se cansan de decir que ellos no son “autoritarios” y hasta se burlan sarcasticamente cuando alguien habla de “amenazas a la democracia” o peligros de dictadura, pero en los hechos, cada paso que están dando, cada acción concertada entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo, que es donde ellos tienen mayoría, no apunta en ninguna otra dirección que no sea en la de la consolidación de un poder absoluto, una dictadura de las mayorías en la que, se dice de palabra que se respeta el derecho a disentir, pero en los hechos le están cerrando las puertas, los derechos y los mecanismos constitucionales a todos los ciudadanos que no piensen como ellos ni avalen o alaben a sus políticas públicas y a sus reformas.

NOTAS INDISCRETAS…

En Sinaloa se encendieron los focos rojos luego de que desde distintas bancadas, incluida la de Morena, se comenzara a hablar de una posible convocatoria para la Revocación de Mandato del gobernador Rubén Rocha Moya. Aunque la propuesta inicial surgió primero de diputados de la oposición, el viernes pasado la presidenta de la Junta de Coordinación Política del congreso sinaloense, la morenista Tere Guerra, dijo que veía viable la aplicación de dicho mecanismo de Revocación que incluso fue promovido por las fuerzas de la izquierda, tanto a nivel federal como en la entidad sinaloense. Y al parecer el asunto de la Revocación preocupó tanto en el gobierno estatal, que dicen que esa fue la razón por la que el gobernador Rocha Moya se presentó el jueves pasado, de emergencia, en la Cámara de Diputados y en el Senado, donde fue recibido “en privado” por los coordinadores parlamentarios de Morena, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. En ambos casos, de acuerdo con congresistas federales sinaloenses, el tema que abordó el emproblemado gobernador morenista fue precisamente el de la Revocación de Mandato y, según afirman las fuentes, la petición de Rocha Moya fue que las mayorías morenistas en San Lázaro y en la Cámara de Senadores le ayudaran a promover y dar forma a una iniciativa de reforma a la Constitución del Estado de Sinaloa para evitar que se convoque a la Revocación de Mandato, tal y como lo están promoviendo en el Congreso local. Lo que pidió el mandatario estatal, según nos dicen, no sólo fue asesoría para su iniciativa sino que desde el Congreso Federal los coordinadores de Morena le ayuden a operar para que ésta sea aprobada y cuenta con el respaldo constitucional y federal para evitar cualquier recurso de revisión o impugnación ante la Suprema Corte, por parte de los diputados locales, sobre todo de la oposición. ¿Será que Rocha Moya no quiere someterse a la votación democrática del pueblo en un ejercicio de revocación como el que promovió justamente el amado líder que ahora vive en Palenque? O será que, como dice la sabiduría popular, “el miedo no anda en burro”… Anoche la bancada de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, encabezada por la coordinadora Ivonne Ortega, se levantó de la mesa donde se reunía la Comisión de Puntos Constitucionales que discutía la controvertida reforma de “supremacía constitucional”, reclamando a los diputados morenistas, que encabeza Ricardo Monreal, que ellos “pasarán a la historia como los que cancelaron y conculcaron los derechos humanos fundamentales de los mexicanos”. Junto con Ivonne se levantaron las diputadas y diputados emecistas, reclamando que los autoritarios morenistas, con su soberbia mayoría, no los dejaban ni siquiera hablar ni expresarse, en sus prisas por aprobar el dictamen que hoy mismo podrían subir al pleno de San Lázaro para que la borregada morenista que comanda el pastor Monreal lo apruebe y sellen así el atropello a las garantías constitucionales de los mexicanos que ya no podrán impugnar, por ninguna vía, cualquier reforma que se les ocurra a los delirantes gobernantes y legisladores de Morena. No cabe duda de que caminamos hacia un gobierno de mayoría autoritaria y de corte dictatorial… El sábado pasado concluyeron las comparecencias de los aspirantes a presidir la CNDH. Y en el desfile de exposiciones y propuestas hubo de todo: desde el cinismo y desvergüenza de Rosario Piedra explicando por qué quiere reelegirse, hasta la presencia de aspirantes como el abogado b, expresidente de la Comisión de Derechos Humanos de Querétaro, quien se presentó al proceso de elección de la CNDH por cuarta ocasión, y cuestionó a los senadores por su falta de interés y seriedad en este tipo de procesos. Nava dijo que sabía muy bien que a él no lo elegirían “porque ya todo está arreglado” y les pidió a los senadores “que dejen de hacer un circo de estos procedimientos cuando los puestos ya están dados”. Y entre las 48 comparecencias, una que también destacó fue la de Tania Ramírez, directora de la Red por los Derechos de la Infancia, quien por cierto también es hija de un desaparecido en la época de la Guerra Sucia y quien también fue parte del comité Eureka, sólo que a diferencia de la nefasta Rosario Piedra, Tania sí tiene una trayectoria acreditada en la defensa de los derechos humanos en el país. En fin, que lo que viene es la terna que tendrán que definir en los próximos días los senadores y se confirma que ésta será encabezada por Nashieli Ramírez, la ombudsperson capitalina, pero también se mencionan precisamente el nombre de Tania Ramírez, Marco Tinoco, de Michoacán, y Jakqueline Ordoñez Brasdefer. Veremos si, como dijo el queretano Nava, los dados ya están cargados por la mayoría morenista y todo el proceso en el Senado fue un “circo” o si de verdad hay una competencia real por la presidencia de la CNDH. Eso sí, en algo todos, morenistas, opositores y defensores de derechos humanos en el país coinciden: cualquiera es mejor que Rosario Piedra… Los dados abren con una Doble Serpiente. La semana se viene complicada.