Entre la tradición sexenal y la curva de aprendizaje, Claudia Sheinbaum siente en carne propia el dolor que deja la disputa por el poder en un México golpeado por la violencia y una crisis económica en ciernes con tintes de una mezcla de depreciación y devaluación, que juntas son una bomba con mecha muy corta.

¿Quién gobierna en el México actual?, es una pregunta que se hacen muchos mexicanos.

¿El que se fue o la que llegó?

Al parecer lo que hay es una medición de fuerzas para ver quién llevará las riendas en la conducción del país.

Enfrentar a la delincuencia organizada, como ya sucede en Sinaloa y otros lugares violentos, es el principio de la historia. Antes no se tocaba a los delincuentes ni con el pétalo de un fusil. Hoy los abaten, o ejecutan, según cada visión, a tiro limpio.

El flamante secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, un general sin tropa, tiene la gran responsabilidad de pacificar al país antes de que se hable de renunciar a la presidenta Claudia Sheinbaum, o que llegue debilitada y sin poder a la fatídica fecha de la revocación de mandato, a la mitad de su sexenio. Para esta tarea debe buscar el apoyo de las fuerzas armadas, ya que no cuenta con policías.

Por lo pronto los poderes están repartidos en una Santa Trinidad: Sheinbaum, López Obrador y Morena y Poder Legislativo, controlado por AMLO.

En la lucha por la Reforma Judicial se ve claramente que los líderes del Congreso y el Senado, ambos propiedad de AMLO, ven a la presidenta como su par y a veces juegan a la independencia legislativa.

Esta disputa se pondrá sabrosas con la inminente reaparición de la Suprema Corte y sus ocho ministros leales a la preservación del Estado de Derecho, que no tardan en invalidar la Reforma Judicial. Y ya encarrerados, los ocho magníficos podrían hasta tumbar la sobrerrepresentación de los legisladores de Morena y aliados, el origen de todos los males.

Entonces sí se sabrá de qué color tiñe el verde y la gran pregunta: ¿Se atreverán a desacatar una resolución de la Suprema Corte como hoy lo hacen con una jueza?

Claro, en este contexto debemos tener presente que el poder marea a los tontos y vuelve locos a los pendejos.

Ya veremos en qué bando quedan tontos y pendejos.

Y si aún hay país para gobernar.

O pueden imitar a Marcelo Ebrard, que antes de cumplir un mes el nuevo gobierno, pidió permiso para viajar a Japón, sin goce de sueldo.

¿A qué fue?

Quién sabe.

Posiblemente, a comer sushi original o descansar de una chamba que lo trae atontado, pero no quiere caer del lado de los pendejos.

El reto minero en Sonora

Hoy terminó el 15 Congreso Internacional Minero Sonora 2024.

Durazo fue a tomarse la foto y los hoteles de la capital estuvieron al 100% de ocupación.

Pero aquí viene la gran pregunta para Durazo y Sheinbaum: ¿Qué harán con la minería y con esta “supremacía” en el Senado que acaban de conseguir?-

La reciente aprobación de la reforma de supremacía constitucional, que limita los amparos contra reformas constitucionales, ha encendido las alarmas en la industria privada, incluida la minería.

¿Comenzarán a expropiar propiedad privada?

Los industriales seguro temen que, sin mecanismos legales para defenderse, pueda ser objeto de decisiones unilaterales que afecten sus operaciones y comprometan inversiones millonarias.

El sector minero enfrenta ya la suspensión de concesiones desde hace seis años, generando incertidumbre entre los inversionistas.

Recordemos que hace un mes, López Obrador expropió 53 mil hectáreas donde operaba la mina Sac-Tun, antes Calica, operada por la empresa estadunidense Vulcan Materials. Les dijeron que ahora es área natural protegida.

Rubén de Jesús del Pozo Mendoza, presidente nacional de la Asociación de Ingenieros de Minas, Metalurgistas y Geólogos de México, ha expresado su preocupación por la falta de nuevas concesiones y la posible imposición de restricciones sin diálogo previo.

Sin certeza jurídica, la minería, que aporta más del 60% de sus ingresos a través de la explotación a cielo abierto, ve comprometido su futuro y el de miles de empleos que genera.

Durazo y Sheinbaum tienen en sus manos el futuro de una industria clave. El sector minero exige claridad y respeto al Estado de Derecho. Sin ello, la inversión se detiene y el desarrollo económico se frena.