Los puestos de 13 jueces y juezas que denunciaron haber recibido presiones durante la administración del exministro Arturo Zaldívar fueron seleccionados en el sorteo del Senado realizado este sábado, lo que significa que sus cargos serán sometidos a voto popular en 2025. Estos juzgadores habían sido mencionados en una denuncia anónima presentada en abril de este año contra Zaldívar, en la que se señalaba que varios jueces y magistrados fueron presionados por al menos cuatro altos funcionarios del Gobierno Federal para resolver casos de interés para la administración de Andrés Manuel López Obrador.
Entre los nombres de los jueces y juezas cuyos puestos serán sometidos a elección en 2025 se encuentran Adrián Fernando Novelo Pérez, juez que ha emitido resoluciones sobre el Tren Maya; la jueza Sandra Leticia Robledo Magaña, involucrada en la resolución de amparos en el caso Emilio Lozoya; y los juzgadores Abigail Ocampo Álvarez y Julio Veredín Sena, quienes habrían sido presionados en casos relacionados con extradiciones.
Además de estos 13 jueces, en 2025 también estarán en riesgo los puestos de 26 magistrados y magistradas más, de un total de 39 que supuestamente fueron presionados por altos mandos del Poder Judicial. Durante el sorteo del sábado, se definió que 36 plazas correspondientes a 28 tribunales colegiados de circuito serán sometidas a elección, en tribunales donde trabajan magistrados que han denunciado presiones, como la magistrada Emilia Molina de la Puente, quien habría sido presionada en casos relacionados con empresas como C&A Mazatlán y Forever 21. Otro nombre destacado es el del magistrado Luis Vega Ramírez, integrante de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed), quien también habría sido presionado para influir en otros jueces y magistrados.
En total, el sorteo ha puesto en juego los puestos de 39 de los 58 jueces y magistrados que aún están en activo y que, según denuncias, habrían sido presionados por parte del Gobierno Federal. Por otro lado, 24 jueces y magistrados que habrían recibido presiones ya no figuran en las bases de datos del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), lo que ha generado interrogantes sobre su situación actual.
Este proceso de elección mediante voto popular se da en el contexto de las denuncias contra Arturo Zaldívar, exministro y expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). En abril de 2023, la ministra presidenta de la SCJN, Norma Piña, recibió una denuncia anónima en contra de Zaldívar por presuntos actos de corrupción cometidos entre 2019 y 2022, que podrían ser causa de responsabilidad administrativa. Según la denuncia, Zaldívar habría actuado a través de Carlos Antonio Alpízar, quien en ese momento era secretario general de la presidencia del Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
Zaldívar, en respuesta a las denuncias, aseguró que la investigación tenía motivaciones políticas, buscando desprestigiar a exfuncionarios del Poder Judicial que en su momento emitieron resoluciones favorables al Gobierno de López Obrador. A raíz de la denuncia, más jueces y magistrados presentaron denuncias adicionales ante la SCJN y el CJF, exponiendo tanto a quienes aceptaron las presiones como a los que luego participaron en las propias investigaciones del caso.
Uno de los señalados en la denuncia, según información obtenida por Animal Político, fue nombrado posteriormente como magistrado, lo que aumentó las sospechas de irregularidades dentro del máximo órgano de vigilancia de los tribunales y juzgados del país.
El proceso de elección popular de jueces y magistrados fue posible gracias a la reforma al Poder Judicial de la Federación impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien el 5 de febrero de 2024 envió al Congreso de la Unión un paquete de reformas constitucionales que incluyó la propuesta para que los jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial fueran elegidos mediante voto popular.
Tras varios meses de debate y la organización de foros para discutir la reforma, en los que algunos jueces y magistrados denunciaron no haber sido tomados en cuenta, el 19 de agosto de 2024 los trabajadores del Poder Judicial Federal (PJF) iniciaron un paro nacional de labores en protesta contra la reforma judicial. Dos días después, el 21 de agosto, jueces y magistrados federales de todo el país se sumaron a la protesta.
Sin embargo, a pesar de las manifestaciones, el Congreso de la Unión y diversos congresos estatales aprobaron la reforma judicial, y el 15 de septiembre de 2024, el presidente López Obrador publicó la reforma en el Diario Oficial de la Federación (DOF). La reforma establece que el Senado tiene 30 días naturales desde su entrada en vigor para emitir la convocatoria que integrará los listados de candidatos que participarán en las elecciones extraordinarias.
En cumplimiento de esta disposición, el Senado llevó a cabo el sorteo que determinó los puestos de jueces y magistrados que serán sometidos a elección en 2025. En total, serán elegidos 464 magistrados y 386 jueces, en un proceso que duró aproximadamente seis horas y fue realizado con la ayuda de tómbolas y esferas blancas, según lo describieron los senadores presentes.
Durante el sorteo, poco más de 200 trabajadores del Poder Judicial se manifestaron afuera de la sede del Senado, portando pancartas, golpeando tambores y lanzando consignas, como lo han hecho durante 53 días consecutivos. Este grupo de trabajadores ha expresado su rechazo a la reforma, argumentando que afectará la independencia del Poder Judicial.
El sorteo fue dirigido por senadores de Morena y el Partido del Trabajo, mientras que legisladores del PAN y Movimiento Ciudadano se ausentaron en señal de protesta. Los senadores del PRI, por su parte, sí asistieron al sorteo, asegurando que estaban presentes para vigilar el proceso y evitar posibles manipulaciones. No obstante, los legisladores priistas reiteraron ante los medios que planean impugnar las reformas una vez que sean aprobadas en su totalidad por el Congreso.
Finalmente, a las plazas sorteadas para la elección de 2025 se sumaron aquellas que quedaron vacantes por renuncias o retiros programados, completando así el listado de jueces y magistrados que estarán en juego en las elecciones del próximo año.
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