Pese al control militar en las aduanas fronterizas, el crimen organizado cobra ilegalmente impuestos a los usuarios y empresas que importan productos a México. En colaboración con funcionarios corruptos en las aduanas de Tijuana, Ciudad Juárez, Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, los narcos tienen un catálogo de 215 productos a los que se les impone una tarifa adicional que oscila entre 100 y 2000 dólares.

Según un listado obtenido por Grupo REFORMA, tanto empresas importadoras como agencias aduanales han sido blanco de esta extorsión. Por ejemplo, para importar un tractor mediano legalmente, se debe pagar una cuota de 350 dólares, además del impuesto correspondiente. Para una pick up, el cobro adicional es de 120 dólares, mientras que para una motocicleta es de 300 dólares. Por su parte, un camión con ganado en jaula debe pagar mil dólares y una lancha con remolque, 550 dólares.

Todo tipo de empresas y personas involucradas en la importación, desde maquiladoras hasta agentes aduanales, han reportado la existencia de estos cobros ilegales desde hace tres meses, especialmente en las aduanas fronterizas, y a niveles nunca antes vistos.

Cabe destacar que estas extorsiones son diferentes para aquellos que intentan ingresar mercancía de manera ilegal o sin pagar lo correspondiente al fisco, quienes deben pagar cuotas aún mayores a los criminales.

A mediados de este año, los narcos comenzaron a amenazar a fábricas, empresas de transporte y agencias aduanales con una lista de productos y un número de celular al que debían llamar para realizar el pago de la cuota adicional. Inicialmente, se trataba de maquinaria agrícola y vehículos nacionalizados, pero mes a mes, la lista se ha ido incrementando hasta alcanzar los 215 productos.

“Con el paso de los meses fueron agregando a su lista el acero, la madera, la grasa, los lubricantes… ya parece la tarifa general de importación”, denunció uno de los empresarios afectados que prefirió mantenerse en anonimato.

Una situación que ha llamado la atención de las víctimas es que los grupos delictivos no cobran por la importación de hidrocarburos de contrabando, conocido como “huachicol fiscal”, un negocio relacionado con el narcotráfico en la frontera de Tamaulipas.

Desde 2022, las 50 aduanas del país están bajo el control de la Sedena y la Marina, aunque aún emplean personal civil. Sin embargo, estos grupos de extorsión utilizan la información de las bases de datos de las aduanas, a las que tienen acceso personas en complicidad con los narcos.

Los extorsionadores obtienen información detallada de los despachos de mercancías y los nombres y domicilios de clientes y agencias aduanales. Con esto, se dirigen a las empresas y agencias aduanales para entregarles la lista de productos con su cuota y un número al que deben comunicarse. Aunque muchos se niegan a pagar, los extorsionadores insisten e incluso han buscado a sus víctimas en otros lugares.