Desde su arresto hace cinco años, Genaro García Luna ha sido condenado a 38 años de cárcel en Estados Unidos, pero México no tuvo ningún papel en su investigación, detención, juicio ni sentencia. A pesar de los vínculos del exsecretario con el Cartel de Sinaloa, nunca se inició una investigación formal en México, ni durante el gobierno de Felipe Calderón, cuya política de seguridad fue implementada por García Luna, ni durante el de Enrique Peña Nieto, que no tomó medidas contra el exsecretario a pesar de desmantelar la estrategia de su predecesor.
Sin embargo, el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tampoco tomó acción en contra de García Luna durante su primer año en la Presidencia, a pesar de que en sus conferencias matutinas lo señalara como emblema de la corrupción. Incluso, cuando la Fiscalía General de la República detuvo al general Salvador Cienfuegos, secretario de la Defensa durante el gobierno de Peña Nieto y acusado de vínculos con el narcotráfico, López Obrador intervino para lograr su liberación antes de ser juzgado.
Esta incongruencia demuestra que las instituciones mexicanas no cumplieron con su responsabilidad en aplicar justicia contra García Luna, a pesar de que el presidente en turno lo considerara parte del problema. Aunque ahora se celebre su condena, México no puede pasar por alto su omisión en el caso del exsecretario de Seguridad Pública.
Sin duda, el hecho de que nunca nadie en México tocó a García Luna es producto de la debilidad de nuestro sistema de justicia. Pero tampoco se puede justificar con argumentos de la típica narrativa del oficialismo actual. Cuando noté en redes sociales que todo el proceso corrió a cargo de Estados Unidos, varias personas respondieron con una defensa de la reforma al Poder Judicial: en México los jueces son corruptos y cualquiera hubiera soltado a García Luna.
Supongamos que eso es posible, hasta probable. Pero la respuesta confirma aún más la crítica a la omisión del Gobierno mexicano: un juez no puede ver un proceso penal hasta que un ministerio público se lo ponga enfrente. Y ningún ministerio público llevó a un juez una carpeta de investigación contra el exsecretario de Seguridad Pública. Si de algo debe servir esto es recordar que la reforma judicial de nada sirve si no se reforman las fiscalías, un tema en el que el Gobierno de López Obrador no se movió y el de Claudia Sheinbaum apenas anunció.
Genaro García Luna es responsable de mucho más que haber ayudado a un cártel del narcotráfico. Fue su criterio el que decidía a dónde iba la Policía Federal y con qué órdenes, sin que eso tuviera mayor impacto en la seguridad de una región.
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