El Gobierno mexicano se encuentra en alerta ante el reciente estallido de violencia en diferentes estados del país, lo que ha llevado a tomar medidas urgentes. En medio de esta situación, en la Secretaría de la Defensa Nacional surge la sospecha de una posible conexión entre la guerra de cárteles en Sinaloa y el aumento de la violencia en Guerrero.
Según han entendido cerca del general Ricardo Trevilla, se estarían estableciendo vínculos entre las bandas rivales que buscan controlar el centro de Guerrero y las dos facciones del Cártel de Sinaloa que han desencadenado un aumento en la violencia en esa entidad del Pacífico durante las últimas semanas. Incluso, este fenómeno se estaría extendiendo a otros estados, como Chiapas y Nuevo León, que también están experimentando un incremento en los índices de violencia.
En el caso del reciente asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos, en la Defensa se comparte el diagnóstico de que este estaría relacionado con la disputa entre las bandas “Los Tlacos” y “Los Ardillos”. Estas relaciones habrían sido establecidas por la exalcaldesa Norma Otilia Hernández y el exgobernador Héctor Astudillo. Sin embargo, todo parece haber estallado por el conflicto en Sinaloa, lo que llevó al trágico final del alcalde, quien acudió a su cita final completamente solo a pesar de tener una nutrida escolta. Tanto es así, que incluso en Palacio Nacional se ha hablado de este hecho en las últimas horas. La gobernadora Evelyn Salgado, por su parte, utilizará esta trama de políticos opositores del PRI y PRD para influir en la designación del próximo alcalde de la capital del estado, una decisión que deberá ser aprobada por el Congreso morenista.
Por su parte, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, ya ha comenzado a implementar su estrategia en medio de esta ola de violencia. Este lunes, designó a un funcionario de su confianza en Pemex para combatir el robo de combustibles en la empresa estatal. Además, la Fiscalía General ha realizado una importante detención en la Ciudad de México, donde atrapó a Araceli Ciriaco Arroyo, miembro de un sindicato de la industria de la construcción que se sospecha habría lavado más de 348 millones de pesos a través de 100 empresas “fachada”. Este acontecimiento es solo una señal de lo que está por venir: golpes precisos a las redes empresariales que tienen sus raíces en el crimen organizado. Incluso, se han señalado a dos bancos, Afirme y Banorte, como posibles involucrados en estas actividades ilegales debido a sus dificultades para detectar la legalidad de los fondos que resguardan.
