Todo comienza a indicar que el grupo criminal de Los Ardillos es el que está detrás del terrible asesinato del alcalde de Chilpancingo, Alejandro Arcos. No sería nada insólito: estamos hablando de la ruptura de las alianzas que tenían esos grupos criminales con la anterior administración del municipio, encabezado por Norma Otilia Hernández. Tanto ella como el funcionario asesinado eran del mismo grupo político encabezado por el exgobernador Ángel Heladio Aguirre.

Me siguen asombrando en el contexto criminal en el que se dan las cosas en la capital de Guerrero, en el enfrentamiento brutal entre Los Ardillos y Los Tlacos, cómo se puede hablar de pacificación o de acabar con la violencia en la región sin neutralizar a ambos grupos criminales. Es evidente que los acuerdos que distintas autoridades desde hace años han mantenido con ellos, además de abonar la corrupción, son absolutamente inoperantes. Lo único que se ha logrado es el empoderamiento de esos grupos criminales que han llegado con el asesinato y decapitación del alcalde Arcos a niveles que sólo pueden calificarse como terroristas. No es una exageración: ponga usted la imagen del alcalde asesinado y decapitado, y no se diferencia en nada de los crímenes cometidos por grupos como Al Qaeda.

Un país, un estado, una ciudad no se pueden pacificar con grupos que quieren seguir conservando su poder fáctico y sus actividades ilegítimas.

La diócesis de Chilpancingo ha llamado una y otra vez al diálogo entre y con los grupos criminales en una acción que podría ser hasta cómplice, porque tiene una relación especial con el cártel de Los Ardillos y quiere una negociación que les permita a éstos mantener el control que tienen sobre toda una región de la sierra hoy en disputa con otros grupos, entre ellos la Familia Michoacana y Los Tlacos.

Cuando se dice que el problema para pactar es que Los Ardillos no quieren perder las tierras “que les costaron vidas” se está diciendo que se acepta que esos territorios son suyos y se dejan de lado no sólo las leyes, sino también las vidas que ese grupo criminal ha arrebatado. Quizá lo hacen con buenas intenciones, pero nunca defender a un grupo criminal contra otros y a ellos contra las autoridades ha sido una buena receta para la pacificación de un territorio.

Los Ardillos, tienen su base de operación en su tierra, en Tlanicuilulco, municipio de Quechultenango, encabezados por los hermanos Ortega Jiménez.

​Las relaciones de Los Ardillos son muchas, en Guerrero y en Morelos, pero su territorio está siendo disputado por la Nueva Familia Michoacana y Los Tlacos, entre otros grupos criminales. Controlan Chilapa, Mochitlán, Quechultenango, Tixtla, Zitlala, Ahuacuotzingo y Acatepec en Guerrero. Uno de los hermanos Ortega Jiménez, líderes de Los Ardillos, Bernardo fue candidato por el PRD en el distrito 24, y antes fue presidente municipal de Quechultenango, diputado local y nada menos que presidente de la Comisión de Gobierno del Congreso del estado en una legislatura local. Fue un cercano operador del gobernador Aguirre.

Originalmente eran parte de los Beltrán Leyva y luego de Los Rojos, pero rompieron con éstos y dicen que se acercaron a Los Guerreros Unidos y al Cártel de Sinaloa. Se dedican, además del narcotráfico, al asalto de camiones repartidores de cerveza, pan, refrescos, a las extorsiones y robos. Actualmente controlan buena parte de la producción de amapola en La Montaña, aliados con los sucesores de los Beltrán Leyva. Pero la irrupción del fentanilo los ha debilitado y ha roto parte de su sistema de alianzas.

Parece mentira, pero estamos reeditando en la región la misma coyuntura que se vivió hace diez años y que tuvo como expresión más pública (que no fue ni remotamente la única y ni siquiera la más violenta) lo que terminó con la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa en Iguala el 26 de septiembre de 2014 en Iguala. Terminan siendo los mismos grupos, los mismos personajes o sus sucesores, las mismas alianzas. Tanto que algunos de los principales funcionarios que gobernaron con el alcalde José Luis Abarca, responsable de aquellos crímenes y muchos otros, han vuelto a ocupar posiciones de poder en el mismo municipio de Iguala, ahora gobernado por Morena.

La historia circular de la violencia en esa zona del estado no puede cortarse sin una ruptura real con los grupos criminales.

UN MES DE VIOLENCIA EN SINALOA

Hace un mes que estalló la violencia entre Chapitos y Mayos en Sinaloa, aunque como decíamos ayer ese enfrentamiento tenía antecedentes mucho más lejanos que la detención de El Mayo y Joaquín Guzmán López el 25 de julio pasado.

Van 200 muertos y un número indeterminado de desaparecidos. Habrá que ver qué conclusiones y medidas tomaron el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, y el general Ricardo Trevilla en su visita de antier a Culiacán. Lo que sí es evidente es que una cosa son las declaraciones y otra la realidad y como operar sobre ella.

Nada más alejado de esa realidad que pensar que esa violencia y esa situación depende de actores externos que, paradójicamente, hicieron lo que no quiso hacer la pasada administración: “neutralizar”, como dice la nueva estrategia de seguridad, a los principales generadores de violencia.