Tras una larga y desgarradora lucha, la mayoría de los ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) apenas podrán quedarse con su “haber de retiro”, es decir con sus pensiones y prestaciones conforme a la ley actual, y nada más, porque ni los fideicomisos lograrán rescatar, ya que se utilizarán para la elección del 2025.

El coordinador de los senadores de Morena, Adán Augusto López, quien se jacta de haber negociado con el Consejo de la Judicatura Federal la lista de vacantes del Poder Judicial, también convenció a siete ministros y ministras de la Corte que la mejor opción era aceptar su renuncia y esperar a agosto del próximo año para retirarse con su pensión y sus prestaciones, lo cual se anunciará este martes 28 de octubre.

Se trata de los ministros Juan Luis González Alcántara, Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Luis María Aguilar Morales –éste último más bien termina su ciclo oficial en noviembre–, así como Margarita Ríos Farjat, la única de los siete que propuso el expresidente Andrés Manuel López Obrador para integrarse al máximo tribunal de justicia del país.

La ministra presidenta, Norma Piña, sería la única del “bloque de contención” que no presentaría este martes su renuncia y se esperaría al 25 de agosto próximo para cerrar su ciclo, de manera que no obtendría el “haber de retiro” como sus compañeros, ni tampoco podría participar en el proceso de elección de un nuevo cargo en el Poder Judicial. Para Piña, la otrora férrea presidenta de la Corte, sería una rendición con bandera blanca, de manera que, a cambio, la 4T no busque fincarle alguna responsabilidad tras dejar su cargo.

El último intento desesperado para mantener el estatus quo del Poder Judicial fue del ministro González Alcántara, tras conocerse el proyecto de resolución para que más de mil 500 jueces y magistrados reinicien la lucha por la defensa de sus plazas.

El ministro, que en su momento impulsó López Obrador a través de su consejero jurídico Julio Scherer, logró convencer a una buena parte de sus compañeros de que, al igual que lo hacen los seguidores de la 4T, los ministros deben legitimar su lucha ante la sociedad y la opinión pública.

La semana pasada los ministros anunciaron su intención de reducir a la mitad el salario que percibirían para 2025, mediante la aprobación de un presupuesto para el máximo órgano de justicia con una reducción de 1.4% en términos reales respecto del 2024, algo así como 5 mil 922 millones de pesos. Se suman a este recorte salarial unos 330 funcionarios de alto nivel que laboran en la Corte.

La renuncia de los siete ministros también se lee como parte de la estrategia que está promoviendo González Alcántara para enfocar sus esfuerzos en la defensa de jueces y magistrados.

No es la primera vez que el ministro que designó López Obrador en sus primeros 30 días de mandato –en diciembre de 2018– tome las riendas de la Corte para enfrentar una crisis institucional. Lo hizo en su momento para encabezar la defensa de la ministra Yasmín Esquivel ante las acusaciones por presunto plagio en su tesis de titulación, y también se ha colocado como uno de los principales asesores de la ministra presidenta, Norma Piña, en su confrontación con el Poder Ejecutivo.

Gonzalez Alcántara es el verdadero artífice de que en el Poder Judicial se haya roto el llamado “techo de cristal”, pues entendió que era tiempo de las mujeres y se convirtió en una especie de coordinador de campaña de Piña entre sus compañeros del Pleno. Los servicios prestados a quien llegó a ser presidenta le otorgaron el derecho de picaporte y un poder dentro de la Corte.

Ahora busca que se declare la inconstitucionalidad de la elección de jueces y magistrados, con el fin de preservar algo de influencia en algunas de las estructuras que operan actualmente en el Poder Judicial, y de mantener una red de protección frente a futuros embates de los juzgadores elegidos mediante votos afines a Morena. La idea sería mantener también influencia en una elección en la que se disputarán la presidencia de la nueva Corte las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz.

Posdata 1

Otra reforma a la que Morena comenzará a darle forma, tan pronto como en noviembre, es la que tiene que ver con las concesiones de agua en el país.

La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, ya elabora un diagnóstico junto con todas las instancias de gobierno involucradas, como la Conagua, a cargo de Efraín Morales, sobre las concesiones, así como las industrias y empresas que consumen más agua. El ojo está puesto en mineras, acereras, cementeras, compañías de bebidas, productoras de café y otros productos de consumo masivo, así como plastiqueras y otras.

Se tomará como base la iniciativa de reforma que presentó en febrero pasado el expresidente Andrés Manuel López Obrador, la cual propone no otorgar concesiones a particulares en zonas con baja disponibilidad de agua en cantidad y calidad, tales como el norte y centro de México, y solo autorizar asignaciones a entes públicos para el consumo personal y uso doméstico del agua.

Posdata 2

Hablando de cementeras, la multinacional Cemex anticipó un panorama positivo para los próximos años, principalmente por el ambicioso proyecto de vivienda del gobierno de Claudia Sheinbaum y las inversiones que lleguen al país producto del nearshoring.

Según el director general de la empresa, Fernando González, para el mediano plazo las perspectivas de crecimiento son positivas, sobre todo por la intención de construir un millón de viviendas en los próximos seis años, además de los 10 corredores económicos que se proyectan y los 100 parques industriales.

La vicepresidenta Ejecutiva de Relaciones con Inversionistas, Lucy Rodríguez, dijo que la construcción de 167 mil viviendas en 2025 tendrá un impacto positivo en sus negocios el próximo año.

Posdata 3

Aeroméxico salió al mercado de deuda estadounidense para recaudar hasta mil 100 millones de dólares, con bonos a cinco y siete años, según la agencia Bloomberg.

La aerolínea que dirige Andrés Conesa está en proceso de listarse en el mercado de valores de Nueva York, cuya solicitud presentó el pasado 13 de mayo para recaudar hasta 300 millones de dólares.

La aerolínea no ha dado más detalles del proceso y no se conocen detalles sobre el precio de salida de su acción. Ahora busca echar mano de cerca de 660 millones de dólares que obtendrá de los bonos garantizados sénior con vencimiento en 2027.