Anoche, la Corte Suprema de México tomó una decisión que afecta directamente a la política de seguridad del secretario de Seguridad, Omar García Harfuch: ahora, antes de congelar cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) debe recibir información formal de un gobierno extranjero. Esta medida supone un problema para el plan de García Harfuch, quien se había comprometido con la consejera de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, Elizabeth Sherwood-Randall, a rastrear el dinero en la cadena empresarial del tráfico de fentanilo.

La Corte Suprema argumentó que la resolución previa de la UIF podría poner en alerta a los sospechosos y darles tiempo para actuar antes de que se investiguen sus cuentas. La preocupación se extiende hasta la relación bilateral con Estados Unidos, ya que en los próximos días se actualizará el Entendimiento Bicentenario, un acuerdo de seguridad entre ambos países.

Según fuentes del Gobierno, la decisión de la Corte sería una represalia a la rápida aprobación de las leyes secundarias de la reforma judicial por parte del Congreso. Si no hay cambios, este fin de semana debería quedar aprobada toda la reglamentación de la reforma.

Sin embargo, el Poder Judicial también se resiste a la implementación de la reforma y ya se han presentado 82 amparos en su contra. Además, los empleados judiciales están preparando un pliego de demandas que podría paralizar las actividades en los tribunales de todo el país y causar pérdidas económicas por más de 8000 millones de pesos.

En medio de este conflicto, la Corte Suprema ha sido criticada por tener una postura cada vez más cercana a la política y no ser imparcial. Incluso, se han observado reuniones entre ministros y políticos del oficialismo, como la ministra Norma Piña y el senador Gerardo Fernández Noroña. A pesar de estos intentos por parte del Gobierno, la Corte sigue emitiendo fallos que van en contra de sus políticas, como el caso de la reforma eléctrica avalada por Claudia Sheinbaum.

La tensión entre la Corte y el Gobierno será crucial para analizar hasta dónde puede llegar el máximo tribunal en sus decisiones y cómo afectará esto a la reforma. Por otro lado, el oficialismo no pierde de vista su centralidad electoral y busca apoyo en las marchas y movilizaciones para defender a los jueces.

En medio de esta trifulca, el empresariado también se encuentra desorientado. A pesar de una reunión entre la presidenta y Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, todavía existe preocupación en cuanto a las inversiones y el clima de incertidumbre que genera la reforma judicial. En particular, la contradicción entre la búsqueda de inversiones de Sheinbaum y la aprobación de leyes secundarias que generan temor en el sector inversor. Esto se ve reflejado en el sector energético, donde Sheinbaum busca asociarse con privados, pero el marco jurídico de la reforma es poco estable para un negocio que requiere una perspectiva a largo plazo.