Un grupo de 50 académicos e investigadores de México, Colombia, Argentina y España han ingresado un amicus curiae ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para solicitar que se adopte el criterio de control jurisdiccional sobre la reforma judicial. Los expertos advierten sobre una posible “erosión democrática” derivada de dicha reforma, ya que afecta la independencia, capacidad y legitimidad del Poder Judicial.

En su documento, instan a la Corte a discutir a profundidad el control de constitucionalidad de las reformas constitucionales. Los académicos, que son expertos en derecho constitucional, presentaron el amicus en la controversia constitucional 286/2024, la acción de inconstitucionalidad 164/2024 y las consultas a trámite 4, 5, 6 y 7, todas de 2024.

En su texto de 24 páginas, los académicos solicitan a los ministros de la Suprema Corte que resuelvan la ambigüedad de criterios sobre una posible revisión e invalidación de reformas a la Constitución. También señalan que la jurisprudencia del máximo tribunal sobre el control de constitucionalidad de las reformas aún “no es concluyente”.

Los expertos afirman que la corte tiene la responsabilidad de impedir “el uso abusivo del poder de reforma” para que no se afecten los valores constitucionales básicos. Además, utilizan ejemplos de otros países, como Colombia, Ecuador, Brasil, Argentina y Perú, para demostrar la importancia de la revisión judicial de las reformas constitucionales.

También mencionan el caso Minerva Mills en India, donde la corte suprema declaró inconstitucional una reforma que impedía a la Corte Suprema ejercer control de constitucionalidad de las reformas. Los académicos citan a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que ha criticado cambios constitucionales que van en contra del principio de democracia representativa en varios países del continente.

Según los firmantes, las características de la reforma judicial, que establece el cese total de los integrantes del poder judicial y reemplazo mediante una elección por voto popular, no ofrecen “suficientes garantías de independencia, imparcialidad, capacidad e integridad profesional”. Además, consideran que la reciente reforma al artículo 129 constitucional establece un gobierno “cívico-militar” que es incompatible en un marco democrático-constitucional y debe ser analizada en la revisión judicial de las reformas al texto fundamental.

El amicus curiae incluye las firmas de docentes e investigadores de diferentes casas de estudios como la Universidad Nacional Autónoma de México; el Instituto Tecnológico Autónomo de México; la Universidad de los Andes, de Colombia; la Universitat Pompeu Fabra, de España; la Universidad Tocuato di Tella, de Argentina; y la Universidad de Buenos Aires, de Argentina.