La 4T empieza a darle forma al proyecto de vivienda que desde el Infonavit encabezará Octavio Romero. En la minuta de reforma constitucional enviada al Congreso de la Unión se observa que el gobierno de Claudia Sheinbaum está dispuesto a doblar la apuesta, a pesar de que carece de certezas sobre las fuentes de financiamiento para la edificación. A la par, las empresas constructoras alinean sus estrategias para tomar parte de lo que se augura como una nueva bonanza en el sector inmobiliario, en la que se repartirá una bolsa aproximada de 500 mil millones de pesos durante el sexenio.

A principios de semana se aprobó en comisiones del Senado la reforma al Artículo 123 de la Constitución para materializar el proyecto de erigir un Infonavit constructor. Los legisladores integrantes de las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales, de Reordenamiento Urbano y Vivienda, y de Estudios Legislativos votaron de manera unánime por una iniciativa que tiene el objetivo de desarrollar por lo menos un millón de viviendas de interés social, las cuales serán destinadas a la población joven de escasos recursos mediante créditos hipotecarios o planes de arrendamiento.

Los números no coinciden con los que planteó en tiempos de campaña la ahora presidenta de la República: de 450 mil viviendas proyectadas para el sexenio completo, ahora la meta tiene un incremento de más de 100%. En específico se planteó en el periodo electoral que el Infonavit tendría que ejercer una bolsa de recursos anual de 35 mil millones de pesos, para alcanzar una meta de construcción de 75 mil casas habitación con un valor promedio de 500 mil pesos; de ahí esa nueva proyección que apunta a que la inversión anual será de 83 mil millones y que acumulará para final de esta administración un monto de medio billón de pesos mexicanos.

El incremento en los alcances del proyecto obedece al elevado déficit de vivienda que se experimenta en el país. De acuerdo con las cifras del Inegi y de la Comisión Nacional de Vivienda hacen falta alrededor de 9 millones de casas habitación para dar cobertura a las necesidades que tiene la población mexicana, principalmente en regiones de alta concentración urbana como el Estado de México, la CDMX, Veracruz, Jalisco, Nuevo León y Puebla.

Frente al ambicioso proyecto también hay un interés de los funcionarios morenistas por hacer más grande la cartera de este programa, para involucrar a empresas constructoras “aliadas” en esta derrama de recursos que tendrá en los siguientes días rango constitucional.

El grupo constructor de David Daniel Kabbaz Chiver, ahora convertido en Fibra Danhos sería uno de los beneficiados por la relación que la empresa y su propietario han mantenido con el expresidente Andrés Manuel López Obrador ―pues fueron adjudicados con diversos permisos de construcción de inmuebles comerciales durante su jefatura de Gobierno en el desaparecido Distrito Federal―, y por la cercanía del exdirector de Pemex y ahora titular del Infonavit, Octavio Romero, con la heredera del grupo constructor y también exfuncionaria del gobierno de AMLO, Elvira Daniel Kabbaz Zaga.

Las grandes empresas enfocadas en segmentos comerciales o habitacionales más elevados pavimentan su camino para incursionar en el segmento de vivienda de interés social y así competir con desarrolladoras como Vinte, de Sergio Leal, la cual acaba de absorber el negocio de Javre, que dirige René Martínez, precisamente para incursionar en el segmento de las propiedades con costo promedio de 500 mil pesos. La nueva compañía competirá con firmas como Ruba, de Jesús Sandoval; Ara, de Germán Ahumada, y Cadu, de Pedro Vaca.

El plan de vivienda del gobierno de Sheinbaum nació con dudas, sobre todo por la intención de que el Infonavit se convirtiera, de nueva cuenta, en constructor. Las sospechas fueron fundadas cuando se anunció a su nuevo director.

Posdata 1

Y mientras en la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacen el último intento para intentar frenar la Reforma Judicial -por lo menos la elección popular de jueces y magistrados-, en el INE seis de los 11 consejeros del Instituto proponen presentar una controversia constitucional contra la reforma que otorga más facultades a la presidenta del organismo, Guadalupe Taddei.

Fueron las consejeras Claudia Zavala, Carla Humphrey, Dania Ravel y los consejeros Jaime Rivera, Martín Faz y Arturo Castillo quienes pretenden impugnar la facultad que tiene presidenta del INE para hacer designaciones sin la aprobación del Consejo General de Instituto.

Es decir que dicha controversia va contra las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial y para que el recurso proceda se requieren solamente seis votos… los de los seis consejeros y consejeras que ya se pronunciaron al respecto.

Posdata 2

Hace unos días, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México obtuvo la vinculación a proceso contra José Luis Moyá Moyá, quien se hace llamar el “Zar de las solicitudes de información”, por su probable participación en el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita. Moyá Moyá se mantendrá en prisión preventiva en el Reclusorio Varonil Sur mientras avanza el juicio en su contra. El juez fijó un plazo de tres meses para la investigación complementaria y ordenó la inmovilización de sus cuentas.

Antrs de su aprehensión, ya circulaban señalamientos contra José Luis Moyá Moyá por supuestamente abusar del sistema de transparencia en México para obtener beneficios personales y por intento de extorsión. En 2006 Isabel Miranda de Wallace, presidenta de la asociación civil Alto al Secuestro, interpuso una denuncia en su contra por intento de extorsión y difamación. Además, ha dicho públicamente que está en la nómina de instituciones con nombres falsos, conducta que la autoridad también está investigando.

Posdata 3

La denuncia “infundada” a la que se refiere el senador Ricardo Sheffield en su réplica publicada en redes sociales ayer, respecto de mi columna del lunes, fue revelada el 27 de abril de 2023 por el exsecretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández. Sus palabras precisas fueron: “Un grupo de gasolineros vino a verme y me dijo que, de las 16 mil gasolineras que hay en el país, 11 mil pagan una cuota de 20 o 25 mil pesos mensuales. Le llaman la vacuna”.

El hoy coordinador de los senadores morenistas abundó en que “se fincaron responsabilidades al funcionario de la Profeco que estaba a cargo”. Se trata de Diego Sandoval Ventura, quien se desempeñaba como director general de Oficinas de Defensa del Consumidor y en la actualidad funge como suplente de Sheffield en la Cámara Alta.

Para que sepa el senador de Guanajuato, a quien por cierto acaban de abuchear en la ciudad que gobernó -León- frente a la presidenta de Morena, Luisa María Alcalde, y frente al secretario de Organización, Andrés Manuel López Beltrán: son los propios integrantes de la bancada de Morena en el Senado quienes confirman que los “amenazó” de no votar a favor de la minuta de “supremacía constitucional” por la investigación que se le sigue en Profeco, y también que los panistas guanajuatenses lo reconocen como un exintegrante de El Yunque, resentido porque no pudo acceder a posiciones de liderazgo dentro de esa organización.