Ignacio Ovalle, amigo cercano del expresidente Andrés Manuel López Obrador, dejó la titularidad de Segalmex en abril de 2022, tras las denuncias por desfalco que fueron presentadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF). Debido a esto, fue enviado al Inafed, órgano desconcentrado de la Secretaría de Gobernación (Segob), donde fue sustituido por Armando Quintero, exalcalde de Iztacalco.
Hasta el día de hoy, por este multimillonario desfalco hay 26 personas vinculadas a proceso penal, entre ellos nueve servidores públicos, pero ningún proceso penal ha sido presentado en contra de Ovalle Fernández.
A pesar de que en un principio el entonces presidente López Obrador salió en defensa de Ovalle, posteriormente aseguró que había sido “engañado” por un grupo de priistas de “malas mañas” acostumbrados a robar. Aunque nunca se presentó algún proceso penal en su contra, Ovalle fue sustituido en el cargo por el actual titular, Leonel Cota Montaño.
En febrero de 2022, la Auditoría Superior de la Federación detectó diversas irregularidades en el uso de recursos en Segalmex para los ejercicios fiscales 2019 y 2020 que ascendían a cerca de 15 mil millones de pesos. Ante las indagatorias de una red de corrupción, el 19 de abril de ese año Leonel Cota Montaño sustituyó a Ovalle Fernández en la titularidad de Segalmex.
Más tarde se descubrió que se habían presentado 32 denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles hechos constitutivos de delitos relacionados con el fraude en Segalmex. En marzo de 2023, un juez de Control del penal de El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, giró en tanto una orden de aprehensión en contra de 22 personas vinculadas a este desfalco millonario, por los delitos de delincuencia organizada, peculado y lavado de dinero.
El 16 de marzo de ese año, el presidente López Obrador aseguró que Ignacio Ovalle fue “engañado” por priistas de “malas mañas” acostumbrados a robar. Sin embargo, volvió a defender a Ovalle Fernández y reiteró que la culpa era de funcionarios “acostumbrados a robar” que “se meten” en su gobierno, pero provienen de otros partidos políticos. Posteriormente, el entonces titular de la Función Pública, Roberto Salcedo Aquino, aclaró que el desfalco era de 9 mil 500 millones de pesos y no de 15 mil millones de pesos, como se había estimado en un principio.
En julio de este año, Andrés Manuel López Obrador reconoció que “la mancha” que se llevaba su gobierno era el fraude que se cometió en Segalmex y aseguró que este caso de corrupción de funcionarios de Segalmex se dio tanto por descuido como “por mala suerte”.
El 5 de septiembre pasado, en la recta final del sexenio de López Obrador, en la conferencia mañanera la SFP afirmó que después de un proceso de recopilación y presentación de evidencias, el fraude a Segalmex ascendía a 2 mil 700 millones de pesos, equivalente a 28% de los 9 mil 500 millones que habían sido observados originalmente.
Ese mismo día, la Procuraduría Fiscal de la Federación informó que se obtuvieron 47 órdenes de aprehensión contra personas relacionadas con el desfalco y se vinculó a 26 a proceso penal, de las cuales nueve son exservidores públicos y 17 son particulares.