El asesinato de migrantes en Chiapas en manos de fuerzas militares ha generado un contundente rechazo por parte de la Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM), que ha exigido la limitación del uso de las fuerzas armadas en labores de orden público y en materia de control y política migratoria.
La CEM, usualmente conocida por su tono diplomático en sus comunicados, ha expresado un enfático rechazo al “uso desproporcionado de la fuerza letal” que, según ellos, ha provocado la muerte de seis personas y ha dejado diez heridos. Además, la organización ha argumentado que esta tragedia no es un hecho aislado, sino una consecuencia directa de la militarización de la política migratoria en el país, y una creciente presencia de fuerzas armadas en la frontera sur.
La reflexión sobre lo ocurrido fue realizada por la “Dimensión Episcopal de la Pastoral de Movilidad Humana” de la CEM, presidida por el obispo de Ciudad Juárez, José Guadalupe Torres Campos. Desde esta instancia, se ha demandado una investigación seria, imparcial y efectiva por parte del Estado mexicano, debido a la naturaleza y gravedad de los hechos, así como una política migratoria basada en la militarización y una violación sistemática de los derechos humanos. En caso de no llevarse a cabo una investigación adecuada, los obispos advierten que México podría ser señalado a nivel internacional por su responsabilidad en estos sucesos.
Además, la CEM ha pedido que se tomen medidas para prevenir futuras tragedias, como limitar el uso de la fuerza en situaciones excepcionales y asegurar el cumplimiento de medidas preventivas. Haciendo referencia a las palabras del papa Benedicto XVI, la organización ha instado a anteponer siempre la seguridad personal a la nacional, y ha recomendado una mejor formación del personal encargado del control fronterizo como medida para garantizar esta seguridad.
