Esta semana, el Ejército llevó a cabo dos operativos contra el narcotráfico en el estado de Guerrero y en Sinaloa. Según fuentes de La Política Online, la cúpula militar está a favor de estas acciones, pero ha solicitado a la gobernadora de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, un blindaje absoluto en términos políticos.
Recientemente, la Sedena obtuvo una reforma que le otorga control total sobre la Guardia Nacional, lo que también le brinda mayor respaldo legal ante cualquier acción contra los carteles de la droga. Además, el General Ricardo Trevilla ha pedido que no haya ningún obstáculo en la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), cuya dirección se discute actualmente en el Senado. Según comentarios en la Sedena, el perfil de la persona que ocupe este cargo es insignificante, aunque prefieren que sea alguien similar a la actual directora, Rosario Piedra Ibarra, quien ha sido duramente criticada por su actitud sumisa ante el partido gobernante.
La preocupación de los militares toma otro sentido si se considera que esta semana Sheinbaum aseguró que su gobierno no tolerará ejecuciones ilícitas y que ya se está investigando a ocho elementos de las Fuerzas Armadas por disparar contra un vehículo en Culiacán, donde estuvieron a punto de asesinar a su conductor.
El gobierno se enfrenta una vez más a un debate inevitable: cómo combatir al crimen organizado respetando la ley, pero también considerando el poder de fuego que han demostrado los delincuentes en las últimas horas.
Ayer jueves, en Tecpan de Galeana, Guerrero, la intervención del Ejército resultó en 16 muertes. En los municipios de Jerécuaro y Acámbaro, en Guanajuato, donde la coalición PAN-PRI-PRD se encuentra en el poder, el crimen detonó dos coches bomba, causando daños materiales y dejando a tres policías heridos.
