Nadie lo dirá en voz alta, pero en buena parte del staff de Claudia Sheinbaum generó alivio hoy jueves con la apertura de una controversia en la Corte Suprema para determinar si puede intervenir en el futuro de la reforma judicial impuesta por Andrés Manuel López Obrador antes de dejar la presidencia.
Marcelo Ebrard es uno de los más aliviados en el entorno de Sheinbaum ya que, en sus últimas reuniones con empresarios y diplomáticos, ha mostrado su apoyo a la gobernante para moderar la reforma y ajustar aspectos que preocupan a los inversores. Para lograrlo, la Corte debería centrarse en el debate de las supuestas irregularidades legislativas que llevaron a la aprobación de la reforma; desde la votación irregular en San Lázaro hasta las coacciones a senadores de la oposición en la Cámara Alta. Todo esto fue ampliamente visible.
Esta visión no está presente en la controversia analizada hoy en el pleno, sino en las acciones de inconstitucionalidad presentadas por la oposición. Estos reclamos podrían seguir una ruta similar a la de la fallida reforma eléctrica, donde luego de las denuncias de irregularidades, la Corte ordenó al Congreso revisar nuevamente la cuestión.
Esta es la opción más viable para el ala pragmática del Gobierno, ya que le da a Sheinbaum la oportunidad de liderar un debate en el Congreso que le permita moderar el enfoque de una reforma costosa para las finanzas públicas y, en la práctica, muy difícil de implementar.
Esta alternativa es más atractiva que un rechazo frontal a la reforma, ya que se ha dado por hecho que habría una fuerte reacción del ala más radical de Morena contra los tribunales, que rápidamente se convertiría en una presión interna contra Sheinbaum.
Este es un riesgo latente, especialmente si se toma en cuenta la opinión de estos sectores sobre la imagen del martes pasado, en la que la presidenta saluda a Norma Piña mientras que López Obrador mira la escena como un incómodo testigo, un observador de un proceso que ya no controla por completo.
