Durante el sexenio del expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), el Ejército mexicano estuvo involucrado en la muerte de mil 182 civiles, clasificados como presuntos agresores, según cifras reveladas por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta información, revisada por el periódico El Financiero, muestra que, en promedio, cada 42.6 horas falleció un civil en circunstancias que involucraron a elementos del Ejército entre el 1 de enero de 2019 y el 3 de octubre de 2024.

En este periodo de 5 años y 276 días, el Ejército reportó un total de mil 543 agresiones contra sus elementos, lo que representa un ataque cada 32 horas. Como resultado de estos enfrentamientos, 359 militares perdieron la vida.

“Enfrentamientos” que no lo son

Las cifras oficiales sobre muertes de civiles en presuntos enfrentamientos han sido cuestionadas debido a la forma en que el Ejército clasifica estos incidentes. Uno de los casos más destacados ocurrió en septiembre de 2019, en el sector de Valles de Anáhuac, Nuevo Laredo, donde ocho personas fueron asesinadas por policías y soldados. El informe oficial catalogó el hecho como un enfrentamiento, alegando que los militares habían repelido una agresión.

Sin embargo, familiares de las víctimas y organizaciones de derechos humanos aseguraron que las personas habían sido secuestradas, vestidas con ropa táctica y presentadas falsamente como miembros del Cártel del Noreste. El defensor de derechos humanos Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, denunció que las víctimas fueron torturadas y asesinadas a sangre fría por las fuerzas de seguridad.

“Los vistieron con uniforme militar y uno a uno los fueron privando de la vida. Los mataron a sangre fría sin dar oportunidad de defenderse”, declaró Ramos en ese entonces. Tres años después, el gobierno de Tamaulipas ofreció una disculpa pública por la violación grave a los derechos humanos en este caso.

Nuevo Laredo, una zona marcada por la violencia contra las Fuerzas Armadas y la violencia militar contra civiles, ha sido escenario recurrente de denuncias de torturas y ejecuciones extrajudiciales. Tan solo en la última semana, se reportó la muerte de tres civiles a manos de soldados en la región. Este patrón de uso excesivo de la fuerza y de encubrimientos no es exclusivo de este sexenio, como lo demuestran los asesinatos de Jorge Mercado y Javier Arredondo frente al Tec de Monterrey en 2010 y las ejecuciones de Tlatlaya en 2014.

La revisión de estos casos ha llevado a activistas y organizaciones a advertir que las cifras oficiales deben tomarse con cautela, ya que muchas muertes catalogadas como enfrentamientos podrían en realidad ser ejecuciones extrajudiciales.