La Cámara de Diputados ha aprobado este jueves la reforma que establece la supremacía legislativa, lo que significa que las adiciones o reformas constitucionales ya no podrán ser impugnadas. Este dictamen será ahora remitido a la Cámara de Senadores, donde se espera que sea declarado constitucional el mismo día y enviado a la presidenta Claudia Sheinbaum para su promulgación.
El coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, subió a tribuna previo a la declaratoria para enfatizar la complejidad de aprobar el dictamen en un tiempo récord. Monreal reconoció que la aprobación en las cámaras y en los congresos locales es gracias al apoyo y la confianza del pueblo de México. Además, destacó la necesidad de contar con mayorías calificadas en ambas cámaras y en la mayoría de las legislaturas locales para realizar cambios a la Constitución.
Tras la aprobación en la Cámara de Diputados ayer por la noche, el dictamen tomó rango constitucional luego de ser avalado por 23 congresos locales. Esto significa que se cumple con el requisito de ser aprobado en al menos 17 congresos locales.
Hasta el momento, la reforma ya cuenta con la aprobación de los congresos de Baja California, Baja California Sur, Campeche, Chiapas, Colima, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Morelos, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Yucatán, Zacatecas y Ciudad de México.
Antes de que comenzara la sesión en el pleno, los diputados del Partido Acción Nacional en el Congreso de la Unión anunciaron que no asistirán a la declaratoria de validez de la reforma de supremacía constitucional. Según la coordinadora de la bancada, Noemí Luna, esto se debe a la falta de respeto hacia el país al aprobar la reforma en menos de 24 horas en la Cámara de Diputados y exigir la aprobación en los congresos locales en un plazo tan corto.
La minuta aprobada modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución para establecer que las controversias constitucionales, acciones de inconstitucionalidad y juicios de amparo que busquen detener reformas constitucionales serán consideradas improcedentes.
