Se midieron el talante en el acto de toma de protesta de Claudia Sheinbaum. En ese momento, tanto el Ejecutivo entrante como el Judicial en funciones aprobaron con mención honorífica en las formas (de la grosería del presidente saliente mejor no hablar, salvo para decir que reiteró lo de siempre). Sería minutos después cuando quedó de manifiesto la intransigencia por cuanto a los detalles de la implementación de la reforma lo que llevo a que se optara por votar en el seno de la SCJN el dar cabida a una revisión sobre un acto de posible inconstitucionalidad (y es que el diablo, se sabe, está en los detalles).

Verán ustedes, la ignorancia es atrevida (la maldad y la avaricia más). Proviene desde quienes mal aconsejan a la recién inaugurada primer mandataria, como también ciertamente desde las más altas esferas del Senado. Hasta en el máximo tribunal constitucional se ha enraizado.

Y es que solo así se entiende que las tres ministras comadres (Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz), que el senador Gerardo Fernández Noroña, que la consejera Ernestina Godoy y otros varios —demasiados— corifeos del oficialismo se atrevan a decir que ADMITIR una controversia constitucional es un golpe de Estado. Flaco favor le hacen al país, ya no se diga a Claudia Sheinbaum.

Se puede hablar de un muy grave entuerto constitucional, una crisis si se quiere, pero no de un golpe de Estado.

Así que leamos lo que está sucediendo como es: los del régimen obradorista, devenido en claudista, son ignorantes y lo presumen. Arman borlotes donde no debiera haberlos y después se quejan y se victimizan.

El día de ayer, la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprobó por mayoría revisar la constitucionalidad de la reforma al Poder Judicial para, en su caso, determinar si hay mecanismos para revertirla o anularla. Al anunciarse dicha votación, la más ignorante de las tres constitucionalistas (digo, para que no sepa ni siquiera cuántos artículos contiene la Carta Magna…) soltó que ello equivale a gestar un golpe de Estado en nuestro país. Enfáticamente invito a la jurista a leer que es un “golpe de Estado”:

Según la Real Academia Española, un golpe de Estado es una “actuación violenta y rápida, realizada generalmente por fuerzas militares o rebeldes, por la que un grupo determinado se apodera o intenta apoderarse de los resortes del gobierno de un Estado, desplazando a las autoridades existentes”. Si no le gusta la definición de la RAE (por aquello del enojo de los cuatroteros con los españoles), le comparto la de Wikipedia: “es la toma y destitución del gobierno y los poderes de un Estado… se trata de una toma ilegal del poder por parte de una facción política, un partido político, una secta, un grupo rebelde o militar…

Se distingue de los conceptos de revuelta, motín, rebelión, revolución o guerra civil. Usualmente estos términos se utilizan con poca propiedad o con intenciones propagandísticas…

El golpe de Estado también puede darse en el momento en que un poder del Estado intenta o derroca a los otros poderes o si se interfiere de manera jurídica en las elecciones populares para la elección de un presidente o jefe de Gobierno.”

Vale la pena que lea bien y entienda este último párrafo, pues se refiere solo a que se interfiera de manera jurídica en las elecciones populares para la elección de un presidente o jefe de gobierno. No es el caso que nos ocupa.

De hecho, leyendo las definiciones, la sobrerrepresentación de la autodenominada Cuarta Transformación en el Congreso se asemeja más a un golpe de Estado que cualquiera de las decisiones que haya tomado la actual SCJN, incluyendo dar entrada a una controversia constitucional sobre una reforma constitucional… Por cierto, lo mismo aplicaría para las reiteradas negativas del Legislativo de acatar las suspensiones determinadas por distintas instancias del Poder Judicial sobre la reforma en comento.

El proceso de revisión por parte del Tribunal Constitucional lleva tiempo porque requiere de sendos estudios y análisis, plurales e informados, cosa que no se hizo con la aprobación al vapor de la reforma…

A la inutilidad de Loretta Ortiz Ahlf: “sin importar los posicionamientos personales a favor o en contra de la Reforma Judicial, las personas juzgadoras no podemos arrogarnos una función que no nos fue conferida, es decir, revisar reformas constitucionales fruto de la voluntad popular”, los ministros Luis María Aguilar Morales y Javier Laynez Potisek le respondieron con muy buenas clases de derecho… ¡y de lógica! Se les agradece. Ya no hay excusa para que, quienes no son abogados, entiendan la incongruencia (¿o será simple demagogia?) de las ministras partidistas.

El jurista Luis María Aguilar Morales recordó que las intromisiones a la autonomía del Poder Judicial de la Federación no solo afectan a esta rama del Estado, sino que tienen un impacto directo en los derechos de acceso a la justicia de todas las personas en México y citó como precedente el expediente 698/2000 de la SCJN. Sin olvidar que llamar a eso ‘golpe de Estado’ es tan absurdo como cuando miembros del equipo de trabajo de la hoy presidenta Sheinbaum acusaron a los niños con cáncer de lo mismo.

También rememoró que nadie llamó golpistas a la hoy consejera jurídica de la Presidencia, a Adán Augusto López Hernández o a Ricardo Monreal cuando, hace 10 años, pidieron revisar la constitucionalidad de una reforma.

Por su parte, el constitucionalista Javier Laynez Potisek preguntó si las ministras se quedarían calladas en caso de que el Congreso decretara, por ejemplo, que todas las mujeres tuvieran que ir a la cárcel solo por el hecho de serlo.

La ministra Margarita Ríos cerró con broche de oro las intervenciones: “a muchos les hace falta entender bien qué es un golpe de Estado”.

La consulta procede, por tanto. Corresponde al pleno de la SCJN definir, en su caso, cuál sería el mecanismo para respetar la independencia judicial (que, dicho sea de paso, incluye la carrera judicial y no SOLO los salarios de los trabajadores; Sheinbaum se equivoca al decirles: “se respetarán sus salarios y están siendo manipulados”).

¡Menudo problema! Uno que no radica exclusivamente en la cuestión jurídica y legislativa, sino de gestión de todo el aparato del Estado y por cuanto a los mecanismos, en todos los niveles y ámbitos de gobierno, para la procuración de justicia y protección y salvaguarda de los derechos humanos de nosotros los mexicanos y de actores extranjeros insertados en su quehacer en México.

Y todo lo anterior cortesía del obradorismo. Porque no hay que olvidar lo que no pocos analistas señalábamos desde febrero de este año: López Obrador le estaba creando esta crisis a su sucesora de manera intencional.

No se ha dimensionado la importancia de lo que sucedió ayer en la SCJN. Tenemos no solo una crisis constitucional, sino también una crisis absoluta en los espacios de diálogo. Una de las partes no escucha razones. ¿Adivinen de cuál bando se trata?

Giros de la Perinola

– Para quienes señalan que la reforma al Poder Judicial aprobada es similar a la reforma que llevó a cabo Ernesto Zedillo, no es así. Aquí dos diferencias fundamentales (aunque hay muchas más): (1) Profundidad. El expresidente reformó exclusivamente a la SCJN y lo hizo sin que ninguno de los 26 ministros de aquel entonces chistara. Esta otra cimbra los fundamentos básicos de todo el Poder Judicial y de la procuración de justicia. (2) Legitimidad. Estudio, integración y comprensión, mismas que carece la actual reforma. La de 1995 no se trató de una venganza, sino de una buena reforma. Una que dio pie a la conformación de un máximo tribunal que, entre otras cosas, defendió las garantías políticas del entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador.

– Lenia Batres, a quien no le importaba utilizar un vocabulario florido y lleno de peladeces y comentarios soeces (hay grabaciones que lo comprueban), se queja hoy en día de que la comunidad jurídica —y la opinión pública en general— señale y evidencié su ignorancia a través de las redes sociales. Gime que hay una campaña en su contra. ¿De verdad no se da cuenta que ella es quien la ha orquestado? No cumplir con los requisitos para el cargo que detenta lo ha ocasionado. No hay mucho más que decir al respecto. O sí… El respeto se gana y ella se ha ganado el desprecio por ser una propagandista del régimen y negarse a actuar como una verdadera constitucionalista.

– El presidente del Senado tampoco tiene mucha idea de la ley. Miren que decir que la SCJN actúa como ‘supremo poder’ es no entender ni siquiera la reforma que él mismo impulsó. A lo anterior se suma el que está en franca competencia por opacar a Claudia y desbancarla a la primera de cambio con una revocación de mandato. “Ya se vio” como presidente de la nación en el 2027. Más le vale a Sheinbaum tomar nota.

– Proponerle a Claudia un “Zedillazo” es sinónimo de no entender la historia y, lo que es peor, orillarla a una decisión que en estos momentos, salvo para un puñado de radicales, definitivamente no sería bien vista por nadie.