‘Separar el poder político del poder económico’. Tal vez es una de las promesas más socorridas y a la vez olvidadas de los mandatarios de nuestra nación en tiempos recientes. El último en decirlo de forma explícita fue López Obrador; pronto se vio —desayunos de tamales de chipilín aparte— que las ganancias de algunos empresarios, ‘los de cajón’, indicaban que la narrativa gubernamental era eso, pura labia.
Los otros datos (los verdaderos) muestran que los magnates incrementaron sus fortunas en el sexenio de López Obrador. Valgan tres ejemplos:
• Carlos Slim. Si bien no todo atribuible a sus negocios en México (ya salió a aclararlo), vio crecer su fortuna en un 82.48% en el último sexenio.
• Germán Larrea Mota Velasco, el segundo hombre más rico del país, aumentó su fortuna en más de un 58%.
• Ricardo Salinas Pliego, “tío Richi” para los cuates, el tercer empresario mexicano más rico, aumentó casi un 50% su fortuna en el sexenio que apenas concluyó.
Qué bueno por ellos y por los empleos que crearon.
Los tres han seguido los llamados a la calma de Claudia Sheinbaum. No es que confíen en ella, lo que ocurre es que ellos están por encima de turbulencias que les pudiesen afectar. Más todavía si se mantienen sin cuestionar al gobierno federal no importa lo que decida o haga este. Son parte de la oligarquía que acompaña al oficialismo; el de antes, el de ahora. Se les conoce de sobra. Prefieren plegarse al gobierno (aunque a veces en redes y en uno que otro evento público hacen como que le llevan la contraria; así ha sido con el dueño de Grupo Azteca estos últimos años). Total, que acompañan al oficialismo, guardan silencio y sacan jugosos dividendos.
Mientras los ultra ricos de otros países generan riqueza y mucha innovación, los de nuestro país más bien la extraen. Tenemos, eso sí, un grupo de ultra millonarios —repito, casi todos los mismos de siempre— que son los “soldados del presidente” (Emilio Azcárraga Milmo dixit).
La clase empresarial de en serio, los pequeños, medianos y no tan grandes empresarios (nacionales e internacionales por igual), que también sostienen importantemente a la economía, están alarmados y tratando de sobrevivir. Lo hacen a duras penas. El pago de impuestos, la inflación que no termina de ceder, el cobro de piso para muchos de ellos (un nuevo impuesto, mortal si no es devengado), el incremento en servicios (gasolina, electricidad, gas…), sin olvidar el aumento en el salario mínimo (lo mínimo para los empleados, pero lo máximo para empresarios que por todos lados se encuentran maniatados), pesan y pesan mucho.
Sus penurias no son las de los ultra ricos, cuyas supuestas nuevas inversiones prometidas según anunció Sheinbaum hace un par de días, van de la mano con otra crisis que afecta a todo el pueblo mexicano: la de la violencia. Esa también impacta a los empresarios común y corrientes. Los robos en las carreteras se han incrementado, generando un costo adicional: la pérdida de mercancías, de vehículos y, lo peor, de trabajadores. ¿La respuesta gubernamental? “Que se trasladen de día y de preferencia en caravanas”…
Y mientras la economía no crezca y no se les dé voz a estos otros empresarios, solo tenemos una de corte netamente extractivo. La misma que, se dice, ataca el claudismo, pero que en el fondo se premia. La que calla ante la destrucción de instituciones que le dan certeza jurídica y comercial a las inversiones de ellos y de todos los demás.
Empresarios mudos, convenencieros, traidores. Lo acabamos de atestiguar con la reforma al Poder Judicial y con el paso formal de la Guardia Nacional al Ejército. Sin olvidar las expropiaciones o creación de “áreas naturales” a contentillo del gobierno. ¿Qué dicen los grandes oligarcas? Nada.
O bien, ¿de qué sirven los organismos que los aglutinan si estos avalan, pero de manera muy tibia y disimulada, que la Suprema Corte pueda revisar la reforma judicial? Como la Coparmex: “es señal de que en México se respeta el Estado de derecho…”. ¡¿Respetar el Estado de derecho?! Por favor, ¿después de los desplantes de Ricardo Monreal? ¿Después de que la reforma ya fue aprobada?¿Después del mar de desacatos a resoluciones del Poder Judicial?
También lo estamos viendo luego del anuncio de los 100 compromisos de gobierno de la nueva administración federal. Detrás de la iniciativa de 40 horas laborales a la semana no hubo acuerdos (vaya, ni siquiera se escuchó a los empresarios). Increíble que hayan sido los líderes sindicales los que señalaran la necesidad de implementar dicha acción de manera muuuuuy escalonada
¿Alguno alza la voz ante la falta de mecanismos para financiar los viejos y nuevos programas sociales con los que la presidenta Sheinbaum ya se comprometió? El Ejecutivo federal les enseña el “dulce” de posibles asociaciones público-privadas y los cien, mil empresarios más poderosos de México sufren de inmediato un fenómeno de amnesia colectiva. ¿A alguno le importa que estos proyectos, iniciativas, infraestructura no vaya a ser económicamente viable para el gobierno, para los contribuyentes? ¿Que no vayan a generar prosperidad para el pueblo, independientemente de que esta sea ‘compartida’ o no compartida ?
¿Alguno ha levantado la voz de alarma cuando se presentaron las raquíticas expectativas de crecimiento para México en los próximos tres años?
Lo que en realidad sucede es que los oligarcas se han hincado nuevamente ante el Ejecutivo Federal; ante la promesa de negocios y/o del alargamiento de concesiones. No solo la democracia y el Estado de derecho les tienen sin cuidado, la viabilidad económica de México también.