El pasado 17 de octubre de 2019, un operativo llevado a cabo por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador incendió la ciudad de Culiacán, en Sinaloa. El objetivo del despliegue era capturar a Ovidio Guzmán López, uno de los líderes del cártel de Sinaloa junto a sus hermanos, conocidos como “Los Chapitos”. Sin embargo, la respuesta del crimen organizado obligó a las autoridades a replegarse, y la ciudad quedó paralizada por más de 24 horas.

Ese día, los ciudadanos fueron testigos de la violencia y el terror que se desató en su ciudad. Las calles se llenaron de balas y el comercio se detuvo por completo. El “jueves negro” marcó el inicio de una guerra que aún persiste en la actualidad, y que parece ser el nuevo “normal” en la ciudad.

Cinco años después, la imagen de un Culiacán en medio del fuego cruzado ya no sorprende. Esto se debe, en parte, a la captura de líderes del cártel como Ismael “el Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López, hijo del famoso Chapo Guzmán. Estas detenciones fueron posibles gracias a una supuesta traición de los mismos hijos de Guzmán López.

Pero no solo en México se están viendo consecuencias de aquel día. En Estados Unidos, el viernes siguiente a la conmemoración del “Culiacanazo”, el Mayo Zambada se presentará en una audiencia en Nueva York, donde se podría dar inicio a un juicio en su contra. Esto, luego de que en junio del mismo año, el Chapo Guzmán sufriera la sentencia de cadena perpetua por parte del juez Brian Cogan, quien también dictó 38 años de cárcel al exsecretario de seguridad Genaro García Luna por su conexión con el cártel de Sinaloa.

En resumen, cinco años después del fallido operativo que puso a Culiacán en el mapa de la violencia y la guerrilla, se sigue sintiendo la resaca de aquel día. Un día que marcó el inicio de una nueva etapa para la ciudad y sus habitantes, quienes todavía viven con la incertidumbre de no saber cuándo será el próximo “Culiacanazo”.

Cinco años más tarde la parálisis regresó, pero con síntomas constantes y que no ceden. Desde hace más de 30 días la capital estatal padece momentos repetidos de muertes, bloqueos, robos y levantones.

Desde entonces en la sociedad civil muchas voces se levantaron para exigir a las autoridades que tomaran medidas ante lo que podía volver a ocurrir.

El chef y empresario Miguel Taniyama, exlíder de la cámara de restauranteros, explica sobre la situación. El también activista formó parte de los esfuerzos para crear políticas públicas en pro de la recuperación de la paz en la ciudad, de quitarle esa “ingobernabilidad” a la ciudad y al estado.

Taniyama agrega:

Creo que es un Estado fallido, más que una ingobernabilidad. Finalmente la ingobernabilidad en el tema de seguridad lo vivimos en el día a día cuando vemos que el crimen organizado hace y deshace a la hora que guste y mande en nuestro entorno, donde hoy más que nunca, con la ayuda de los gobernantes o de los gobiernos en turno, pues se muestra más que evidente quién manda. Eso es ingobernabilidad, eso es corrupción, eso es Estado fallido sin duda.

El saldo en este constante “Culiacanazo” ha dejado más de 200 asesinatos desde el 9 de septiembre último y una crisis en desaparición forzada que se calcula en más de 270 personas levantadas por el choque entre las facciones de los hijos del Chapo Guzmán y de Ismael Zambada García, el Mayo.

Medios locales, como la revista Espejo, publican que “se viven ‘Culiacanazos’ a diario”. Esos momentos en que la actividad en general es detenida. Esta parálisis se traslada a la vida nocturna de la capital: no existe. Ahora los bares y antros realizan “tardeadas” buscando regresar algo de actividad a una ciudad que lleva ya más de cuatro semanas de violencia ininterrumpida.

Operativo fallido

Ovidio, hijo del Chapo Guzmán, estuvo capturado unos minutos ese 17 de octubre de 2019. El gobierno federal tuvo que liberarlo por órdenes del entonces presidente, Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que “lo prioritario era salvar vidas”.

Yo tomé la decisión. ¿Por qué? No quisimos arriesgar al pueblo, no queremos la violencia y esto no lo entienden los autoritarios fascistoides; quisieron resolver todo con el uso de la violencia y todavía hay quienes cuestionan.

Las declaraciones las dijo en Culiacán, en las instalaciones militares en el Sauz, donde estuvo acompañado por los entonces gobernador de Sinaloa, Quirino Ordaz Coppel (actual embajador de México en España), y por Luis Cresencio Sandoval, entonces secretario de la Defensa Nacional.

La operación fallida quedó sin respuesta. Luis Crescencio Sandoval explicó un día más tarde de esos eventos que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) realizaría una investigación de la situación.

“Normalmente en las Fuerzas Armadas cuando sucede algo que no está conforme a lo que se planeó siempre se investiga, y si de esa investigación resulta que hay necesidad de turnar a las autoridades correspondientes para que se incremente el nivel de la investigación o se llegue a proceso, se tendrá que hacer, pero lo vamos a investigar”, mencionó.

La primera captura de Ovidio Guzmán se dio en cumplimiento de una orden de aprehensión con fines de extradición emitida por un juez. Después de que ésta falló totalmente, la investigación no trascendió. El operativo resultó frustrado en todo sentido, pues como resultado ocho personas fueron asesinadas, cinco de ellos del crimen organizado, y hubo 16 heridos. El hijo del Chapo finalmente fue aprehendido en enero de 2023 y extraditado a Estados Unidos en septiembre de ese mismo año.

Medios locales como el semanario Ríodoce dieron cuenta de dos civiles abatidos por militares durante estos eventos. Eran carpinteros. También una tercera muerte de un civil inocente ocurrida en un taller en las cercanías del sitio de la refriega. No hubo justicia reparatoria para ellos.

La información sobre el “Culiacanazo” fue reservada por cinco años, y con ello, los datos de las investigaciones internas del Ejército, cerrado por completo.

Llamada de auxilio

De 2019 a la fecha la desesperación de sectores sociales ha crecido. El coordinador general del Consejo Estatal de Seguridad Pública en Sinaloa, Miguel Calderón Quevedo, en conjunto con Laura Guzmán Torróntegui, vicepresidenta de la zona norte de Canirac nacional; así como Óscar Loza Ochoa, fundador e integrante de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos de Sinaloa, entregaron el 9 de octubre último en la Ciudad de México al gobierno federal un pliego de necesidades inmediatas para prevenir una mayor escalada de violencia.

“Tenemos en puerta una emergencia social por el daño causado a las trabajadoras y trabajadores, a las juventudes, a las y los pequeños y medianos empresarios, a comerciantes, a docentes y a familias, principalmente, las más vulnerables. En resumen: peligra el tejido social que debería sostener nuestras comunidades”, señaló Calderón Quevedo.

Esta comitiva propuso, entre otras medidas, una declaratoria de emergencia económica para Sinaloa que comprenda un programa exprés de créditos blandos para las Pymes, sin requisitos de buró de crédito; la suspensión de pago de impuestos, como ISR e ISN, pagaderos a seis meses, para empresas y negocios afectados.

También analizar la viabilidad de descuentos y prórrogas de pago de energía eléctrica y agua potable. Ante esta grave crisis de seguridad, pidió dar instrucciones inmediatas a fin de no realizar cortes de ambos servicios al sector productivo.

En el tema de seguridad pública exigieron la pronta y expedita depuración y puesta en marcha de la Policía Municipal de Culiacán, desarmada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desde el 25 de septiembre último, y que los operativos policiales y de fuerzas federales sean efectivos para recobrar la tranquilidad de la ciudadanía y la reactivación de las actividades sociales, comerciales, culturales, recreativas y deportivas.

Todo esto es necesario, advierten, para aliviar el miedo que tiene semiparalizada la ciudad de Culiacán“con información objetiva, útil y oportuna, complementada con una estrategia de salud pública dirigida al bienestar socioemocional de la población”.

Estas mismas medidas se pidieron desde lo ocurrido en octubre de 2019, sin que se lograran concretar por el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Así, a cinco años del operativo de AMLO que incendió Sinaloa, la capital del estado padece, además de la crisis de violencia, la ausencia de policías municipales, una emergencia económica, con actividades paralizadas y, por si fuera poco, el gobernador, Rubén Rocha Moya, enfrenta señalamientos de estar vinculado a una facción del Cártel de Sinaloa