La oficina de Naciones Unidas en México y Amnistía Internacional llamaron ayer al Congreso a no aprobar la reforma en materia de Guardia Nacional, sumándose a otras preocupaciones de organismos civiles y expertos por el empoderamiento del Ejército en sus labores y en la seguridad pública.
La reforma modifica 12 artículos de la Constitución para establecer que el personal de la Guardia Nacional será de origen militar, aunque con formación policial, y le otorga la facultad de investigar delitos bajo la conducción del Ministerio Público.
La GN, dice la iniciativa, estará integrada «por personal de origen militar y marino con formación policial, dependiente de la Secretaría del ramo de Defensa Nacional, para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en el ámbito de su competencia».
La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) llamó al Congreso a no aprobar la reforma en materia de Guardia Nacional.
Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado, envió ayer una solicitud a la Mesa Directiva y la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, para no concretar la reforma por los riesgos que implica para los derechos civiles.
«En lugar de profundizar un enfoque de predominio de las Fuerzas Armadas en las labores de seguridad pública, (pedimos que se) reoriente la discusión legislativa para colocar en el centro la priorización del paradigma civil en este ámbito», indica el escrito.
«Es preciso garantizar que la Guardia Nacional sea una institución civil, bajo el mando y control de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana; que las y los integrantes de la Guardia Nacional sigan estando sujetos al fuero civil; que sean exclusivamente instituciones civiles las que investiguen los delitos, y que ninguna autoridad militar pueda ejercer funciones mayores a los que guardan estricta conexión con la disciplina militar», destaca.
Amnistía Internacional consideró, por su parte, que si bien la iniciativa busca ser una respuesta al debilitamiento de las policías civiles, su remplazo por las Fuerzas Armadas no es la solución.
«La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ha establecido que los Estados deben siempre limitar al máximo el uso de las fuerzas armadas en temas ajenos a conflictos armados. Amnistía considera que la iniciativa es contraria a las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos que ha adquirido «Llamamos a no aprobar la iniciativa y abandonar el enfoque militarizado de la seguridad pública en México», manifestó la agrupación.
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