La reciente aprobación de la reforma judicial en México, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado preocupaciones tanto a nivel nacional como internacional. La reforma, que propone la elección de jueces y magistrados por voto popular, ha sido criticada por afectar la independencia del Poder Judicial, un principio fundamental en cualquier democracia. El debate en torno a esta reforma ha llevado a comparaciones con el proceso de reforma judicial que se intentó en Colombia en 2015, pero que fue invalidado por la Corte Constitucional de ese país.
En Colombia, luego de años de intentos fallidos y encendidos debates, el Congreso aprobó una reforma constitucional que buscaba transparentar el proceso de selección de jueces y magistrados y mejorar la gestión del sistema judicial. Sin embargo, en 2016, la Corte Constitucional colombiana invalidó la reforma al considerar que violaba el principio de separación de poderes. Según la sentencia, el Congreso no tenía la facultad de suprimir o alterar los principios esenciales de la Constitución de 1991, entre ellos la autonomía judicial. El caso colombiano sentó jurisprudencia sobre los límites del poder de reforma constitucional, algo que no se ha visto en México.
El abogado constitucionalista colombiano Gonzalo Ramírez Cleves explicó a Proceso que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México no cuenta con una doctrina de sustitución de la Constitución similar a la colombiana, lo que podría complicar la posibilidad de que la SCJN invalide la reforma judicial mexicana. Sin embargo, Ramírez Cleves señaló que la SCJN podría adoptar una doctrina similar si decide que la reforma sustituye aspectos esenciales de la Constitución mexicana.
En México, el futuro de la reforma judicial parece encaminado a enfrentar diversos desafíos legales. La presidenta de la SCJN, Norma Piña, ha dado trámite a consultas para determinar si la Corte puede frenar el trámite legislativo de la reforma mediante medidas cautelares. Además, jueces y magistrados mexicanos han solicitado la intervención de organismos internacionales, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para detener la implementación de la reforma. Sin embargo, cualquier resolución internacional podría tomar varios años.
Mientras tanto, las demandas de inconstitucionalidad ya están siendo preparadas, y se espera que la reforma judicial aprobada en México continúe generando controversias y tensiones, tanto dentro del país como en el ámbito internacional.
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