El viernes y el sábado algunos ministros de la Corte estuvieron muy activos en las calles en respaldo a los trabajadores del Poder Judicial, entre ellos, a la propia ministra presidenta, Norma Lucía Piña.

Ahora, nos adelantan que en unas horas, la ministra presidenta fijará su posición en torno a la reforma presidencial, respaldada por algunos de sus compañeros del pleno, así como integrantes del Consejo de la Judicatura Federal.

Nos dicen que en un mensaje la ministra expondrá cuáles considera que serían las consecuencias para la justicia en el país si se aprueba la reforma judicial del presidente López Obrador.

El mensaje se hará en el mismo momento en el que las comisiones unidas del Senado, de Puntos Constitucionales y de Estudios Legislativos sesionarán para intentar aprobar la minuta de la reforma al Poder Judicial, nos dicen.

También, nos adelantan que los trabajadores del Poder Judicial liberaron el acceso peatonal al Senado para la sesión de este domingo para que no haya pretexto de los senadores, además porque confían en los 43 legisladores de oposición que votarán en contra del proyecto y se terminará desechando.

¿Usan fiscalías para conseguir un voto y “purificar” la justicia?

En medio de lo que ya puede describirse como crispación, llega el debate programado hoy en el Senado después del mediodía para aprobar el dictamen de la reforma judicial. Ahora, la oposición denuncia que el régimen está usando a las fiscalías para amedrentar y hostigar a los 43 senadores que han anunciado su voto en contra, según afirmó el líder panista Marko Cortés. Del lado del gobierno nadie ha respondido a la acusación. Sólo le falta un voto al bloque oficialista. ¿Será que la procuración de justicia se está usando de manera facciosa para impulsar la “purificación de la justicia” que promete la reforma? Vaya ironía.

A propósito de esa lucha por un voto que definirá si pasa la reforma y México entra, según los analistas, en un nuevo régimen, nos hacen ver que en el Senado abonan a las tensiones con salidas de tono del lado guinda y ahora también desde la oposición. El presidente de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, afirma que “no hay poder humano” que detenga la reforma de justicia lopezobradorista y sus correligionarios aseguran que votar en contra es “traición a la patria”, mientras hacen como que no oyen ni a los legisladores opositores ni a los trabajadores, jueces, magistrados o estudiantes que rechazan la iniciativa. Ahora, la senadora panista por Aguascalientes, María de Jesús Díaz, dijo que si alguno de sus compañeros de la oposición vota a favor del proyecto oficialista, deberían “lincharlo”. Y concluyó: “Que agarren a chingadazos al güey que no vote en contra”. Así el tono en la república amorosa prometida en 2018.

Esta semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que era dueño de su silencio para evitar hablar de las nuevas declaraciones del embajador de Estados Unidos, Ken Salazar, contra la reforma Judicial. Lo mismo, nos dicen, aplicó ayer en Quintana Roo, cuando le preguntaron sobre la marcha a la que se unió la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, en defensa del Poder Judicial. Lo que nos informan es que el mandatario prepara un comentario sobre el tema en su conferencia de mañana. ¿Hablará también del mitin morenista al que asistieron sus ministras cercanas, Loretta Ortiz y Lenia Batres, a favor de la reforma?

En el ocaso del sexenio y a unos días del décimo aniversario de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, el gobierno federal, nos cuentan, ha decidido actuar contra dos de sus colaboradores en el caso. Primero, nos hacen ver, la FGR recapturó al que fue su testigo estrella, Gildardo López Astudillo, “El Gil”, jefe de sicarios de Guerreros Unidos señalado de ordenar la desaparición de los estudiantes. Y de manera sorpresiva, nos hacen ver, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana retornó al líder de “Los Cuinis”, Abigael González Valencia, también colaborador de la investigación y cuñado del jefe del Cártel Jalisco, Nemesio ‘El Mencho’ Oseguera, al penal de máxima seguridad del Altiplano. Para los familiares de los estudiantes, nos cuentan, se trata de actos de desesperación del gobierno ante los nulos resultados en el caso.