LA SECRETARÍA DE Gobernación se quedó el martes durante varias horas sin su Data Center, que es la infraestructura donde se encuentran sus elementos de red, almacenamiento y sistemas de computación.

Se trata del espacio donde se alojan datos valiosos y sensibles de este despacho del poder ejecutivo federal y, por ende, del país, porque estamos hablando de las funciones de un Ministerio del Interior.

Lo peor es que no fue por un hackeo, sino simplemente una negligencia e incompetencia de las huestes de Luisa María Alcalde al omitir el pago al proveedor del servicio, Triara, de Carlos Slim Helú.

El tema es aún más criticable porque con cuatro días de anticipación, la compañía de Telmex que dirige su sobrino, Héctor Slim Seade, les había alertado que les iban a cortar el servicio por morosos.

Y es que tienen un adeudo de 64 millones de pesos que venían negando pagar, el cual va desde enero de este año hasta la fecha. Como hicieron oídos sordos, vino la suspensión de algunos servicios.

Gobernación amaneció el martes sin correos electrónicos, servicio de nómina, centro de datos y sistemas. El acceso a internet nunca fue deshabilitado por Triara-Telmex, como erróneamente se dijo por ahí.

Bajado el switch, sabemos que las huestes de la flamante presidenta de Morena se comprometieron, ahora sí, a pagar, por lo que después de unas horas les reinstalaron servicios mediante protocolos automatizados.

De acuerdo con fuentes del gobierno, la empresa de Slim amagó con suspender los servicios de otras dependencias que presentaban adeudos millonarios similares, al igual que Gobernación.

Otros que también registran adeudos son el ISSSTE, que dirige, paradójicamente la hermana de Luisa María, Bertha Alcalde, y el Registro Nacional de la Población, que lleva Jorge Leonel Wheatley.

En la 4T vieron este hecho como una extorsión, mientras que, por parte de la compañía, se sentían en todo su derecho de presionar para agilizar sus pagos porque temían que, con el cambio de gobierno, la deuda se hubiera extendido por más tiempo.

No es la primera vez que una dependencia federal en este gobierno de López Obrador se queda temporalmente sin su Data Center por falta de pago: Triara anteriormente suspendió otros servicios.

Fueron los casos del Instituto Nacional de Migración que encabeza Francisco Garduño, y la Comisión Nacional del Agua, que encabeza Germán Martínez Santoyo.

POR CIERTO QUE el impago a los proveedores de gobierno es generalizado. A unos cinco días de que concluya el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, los adeudos pendientes con los contratistas de servicios relacionados con limpieza de instalaciones no sólo se registran en dependencias como la multicitada Gobernación, de Luisa María Alcalde, en las áreas de Readaptación Social, en el Instituto de Nacional de Antropología e Historia, a cargo de Diego Prieto, o en Servicios para la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano, que dirige Javier Alonso Vega.  En la mismísima Secretaría de Hacienda, de Rogelio Ramírez de la O, deben desde diciembre de 2023 servicios de aseo de instalaciones ya devengadas. No hay que olvidar que las oficinas de esa dependencia incluyen una parte de Palacio Nacional a donde arribará la semana próxima la doctora Claudia Sheinbaum.

CONTRARIAMENTE, EL QUE se fajó y dejó antes de irse satisfechos a concesionarios, en este caso los del mantenimiento de las carreteras, fue el secretario de Infraestructura Comunicaciones y Transportes. El jueves pasado, Jorge Nuño se juntó con los representantes de diez constructoras a los que se les dejó de pagar desde marzo los trabajos de conservación y rehabilitación de unos mil 756 kilómetros. El pendiente eran 7 mil millones de pesos. Esta semana se reactivaron los pagos, pero lo más importante fue que para abrir una bolsa de mil 100 millones de pesos a su favor la secretaría les amplió un mes la vigencia de sus respectivos contratos, trasladándolos de agosto de 2029 a septiembre de ese año.

EL AUMENTO EN la prima de riesgo para las embarcaciones internacionales que dan servicio en nuestro país muestra otra vez la falta de certidumbre jurídica con la que se ha conducido el gobierno de México en estos últimos años y lo que está por venir. Miembros del equipo de transición del próximo secretario de Economía, Marcelo Ebrard, siguen con atención este asunto. Y es que la industria marítima internacional podría ver afectados los planes de expansión e inversión que tienen aquí. El caso del barco de dragado Zhen He, de bandera de Luxemburgo, incautado por el SAT, podría ser un punto de inflexión para el grupo de aseguradoras globales integradas en el “Group of P&I clubs” con base en Londres, y que tienen como clientes a los barcos que adquieren coberturas contra riesgos de guerra, naufragio, piratería, entre otros.

Es decir: será algo así como la degradación que hacen las agencias calificadoras del riesgo país y cuyo impacto pegará en los costos de operación de todas las empresas que envíen cualquier tipo de embarcación a México. A esto hay que sumarle dos efectos negativos más: el arbitraje internacional entre países, México y Luxemburgo, que se dirime en el Tribunal Internacional de la Ley del Mar, y el muy probable arbitraje que el propietario de la embarcación podría interponer ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), para reclamar gastos y costos asociados a las pérdidas económicas diarias en las que incurrió por la detención del barco. Hablamos de alrededor de 90 millones de dólares en casi un año.

EL CENTRO NACIONAL de Control del Gas Natural, mejor conocido como Cenagas, se ha convertido en el objeto del deseo para más de uno. Ya le habíamos contado que el todavía gobernador de Veracruz, Cuitláhuac García, alzó la mano desde el principio. No es el único. Resulta que también la quiere el actual titular de Asuntos Jurídicos de ese organismo, Pablo Antonio Melo Caraza. El funcionario no tiene empacho en decirle a quien quiera escucharlo que cuenta con todo el respaldo de Lázaro Cárdenas Batel, el jefe de la Oficina de la Presidencia de Claudia Scheinbaum, y que éste, a su vez, ya la amarró con la próxima secretaria de Energía, Luz Elena González. Y a todo esto, ¿cómo queda Abraham Alipi, el actual director del Cenagas? Y es que el tabasqueño fue quien trajo y ha procurado a Melo Caraza y ahora éste se lo anda grillando. Ni hablar, así son algunos colaboradores.